Bolivia enfrenta crisis económica y política tras eliminación de subsidios al combustible y presiones de Evo Morales contra el gobierno de Paz

Bolivia atraviesa en 2025 una de sus crisis más severas en años recientes. Las principales ciudades del país, incluida La Paz, están sitiadas por protestas y bloqueos de rutas, mientras el presidente Rodrigo Paz enfrenta presiones desde múltiples frentes. Evo Morales, desplazado del poder pero lejos de retirarse, exige abiertamente el derrocamiento del gobierno.

Las principales ciudades de Bolivia están sitiadas por piquetes de protesta en 2025. La Paz, centro político y administrativo del país, no es la excepción. Rodrigo Paz, economista y político centrista que ganó las elecciones con el 54% de los votos, enfrenta presiones simultáneas desde las calles y desde el Congreso, sin que las fuerzas de seguridad hayan podido despejar las rutas bloqueadas ni detener a quienes lideran la agitación.

Evo Morales exige públicamente el derrocamiento de Paz. Si el presidente cayera, el poder recaería en el vicepresidente Edmand Lara, ex policía y abogado que desde el primer día de su mandato se dedicó a debilitar públicamente al jefe de Estado, llegando a calificarlo de “cínico, mentiroso y corrupto”. La paradoja es evidente: el mismo vicepresidente que debería sostener al gobierno opera activamente para desestabilizarlo.

La raíz del problema no es nueva. El gobierno de Luis Arce acumuló un gasto en subsidios al combustible que en 2024 alcanzó los US$ 2.381 millones, equivalente al 4% del PIB del país. La lógica era políticamente comprensible pero económicamente insostenible: mantener los precios bajos para asegurar apoyo popular ante una eventual reelección.

El problema de fondo es estructural. Bolivia dejó de producir suficiente gas y petróleo por años de desinversión, lo que obligó al Estado a importar combustible a precio de mercado internacional para luego revenderlo a precio subsidiado, generando una sangría fiscal permanente. En 2025, el costo de las importaciones rozó los US$ 3.000 millones —una cifra de peso considerable para una economía de apenas US$ 55.000 millones anuales.

Las consecuencias cotidianas fueron inmediatas. Los consumidores hacían filas de días en las estaciones de servicio, y el mercado cambiario sufrió una escasez crónica de dólares. El país había llegado a un punto de quiebre antes de que Paz asumiera el poder.

Al asumir, Paz tomó la decisión de eliminar los subsidios. El efecto sobre los bolsillos fue inmediato y contundente: las naftas subieron un 86,1% y el gasoil, clave para el transporte de carga y pasajeros, un 163,4%. Los sectores de menores ingresos, que ya venían golpeados por años de deterioro económico, quedaron nuevamente expuestos.

Algunos indicadores macroeconómicos mejoraron. La inflación bajó del 25% al 14% y el tipo de cambio se redujo de 20 a 11 bolivianos por dólar. Esos números, sin embargo, son abstracciones para quienes están en la base de la pirámide económica y enfrentan precios más altos en el transporte y los alimentos básicos.

La situación política no ayuda. Las tres fuerzas anti-Morales controlan el 90% del Parlamento pero no logran acordar políticas comunes. El vicepresidente Lara, cuyo perfil es considerado oportunista por varios analistas, complica aún más el panorama al operar contra el propio presidente desde adentro del gobierno.

Morales gobernó Bolivia durante casi 15 años, entre 2006 y 2019. Combinó la nacionalización de hidrocarburos —que permitió al Estado retener el 82% de los ingresos por explotación de gas— con un ambicioso programa de gasto social. Las reservas internacionales alcanzaron niveles récord y la pobreza retrocedió de manera significativa.

Pero ese modelo tenía una falla central: no se reinvirtió lo suficiente para sostener la producción. Las condiciones fiscales impuestas a las empresas extranjeras y la centralización en la estatal YPFB, que carecía de capacidad técnica adecuada, alejaron la inversión privada en exploración. Los pozos descubiertos en los años noventa y 2000 se fueron agotando sin reemplazo.

La producción de gas comenzó a caer a partir de 2014 y 2015, y Bolivia perdió sus contratos de exportación con Brasil y Argentina al no poder cumplir los compromisos pactados. El país que había aspirado a ser el corazón energético de Sudamérica se convirtió en un actor secundario. Morales también amplió la frontera agropecuaria en detrimento de comunidades indígenas y autorizó el uso de glifosato para favorecer al sector sojero y ganadero.

En 2016, la ciudadanía votó en un referéndum en contra de permitirle a Morales presentarse a un cuarto mandato. El resultado fue claro: legalmente, no podía hacerlo. Aun así, se presentó en las elecciones de octubre de 2019. Cuando los votos no le alcanzaban para evitar una segunda vuelta, el sistema de conteo fue interrumpido y, al reanudarse, los números lo favorecían.

La Organización de Estados Americanos denunció irregularidades en el proceso. Hubo un levantamiento popular y la Central Obrera Boliviana —que hoy encabeza parte de las protestas contra Paz— le pidió a Morales que renunciara. Se refugió en México y construyó desde allí el relato de un golpe de Estado en su contra, relato que no ha sido corroborado por organismos internacionales ni por analistas independientes.

Bolivia enfrenta hoy una combinación de factores que se refuerzan mutuamente. El desmantelamiento de los subsidios al combustible, aunque necesario para estabilizar las finanzas públicas, generó un alza de precios que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables. La herencia del gobierno de Arce —deuda, desinversión energética y escasez de divisas— pesa sobre cada decisión que toma el gobierno de Paz.