El gobierno argentino cede mercadería decomisada por la Aduana de Orán a la provincia de Salta sin costo

El gobierno nacional publicó el 22 de junio en el Boletín Oficial la Disposición 45/2026, que autoriza la cesión sin cargo de mercadería decomisada por la Aduana de Orán a la provincia de Salta. La norma, emitida por la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, convierte bienes retenidos en depósitos fiscales en recursos concretos para el Estado provincial.

Detrás de la medida hay una política de reutilización de activos inmovilizados que gana relevancia en el actual contexto de ajuste del gasto público.

La Disposición 45/2026 fue publicada el 22 de junio en el Boletín Oficial. La emitió la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, y autoriza la cesión sin cargo de mercadería decomisada por la Aduana de Orán a la provincia de Salta.

La provincia solicitó los bienes para, según el texto oficial, “fortalecer la capacidad operativa del Estado provincial”. El criterio es claro: reutilizar mercadería ya disponible en lugar de destinar recursos a nuevas adquisiciones. Aunque se trata de una decisión administrativa, su impacto económico es concreto y mensurable.

Cada año, la Aduana argentina retiene miles de toneladas de productos por razones diversas: decomisos en procedimientos de contrabando, infracciones aduaneras, abandono por parte de importadores, o inmovilización derivada de procesos administrativos y judiciales.

La Aduana de Orán no es un caso menor. Ubicada en una de las zonas fronterizas más sensibles del país, concentra una parte importante de los procedimientos vinculados al ingreso irregular de mercadería desde Bolivia. La región es considerada uno de los principales corredores de contrabando del norte argentino.

Los productos acumulados en sus depósitos abarcan textiles, calzado, alimentos, electrónica y artículos de consumo masivo. Mantenerlos implica gastos de almacenamiento, custodia y control. Muchos bienes además pierden valor con el tiempo, lo que convierte cada día de inmovilización en un costo adicional para el Estado.

La lógica detrás de la transferencia es directa. Si una provincia necesita equipamiento, indumentaria o productos de uso social, y esos bienes ya están bajo custodia estatal, la cesión evita nuevas compras con fondos públicos. La Nación, por su parte, reduce los costos de mantener esos activos paralizados. El resultado es un doble beneficio: menor gasto potencial para la provincia y menor carga logística para la administración nacional.

Este esquema tiene respaldo legal. La Ley 25.603 habilita la entrega de bienes decomisados a provincias, municipios, organismos públicos y entidades sociales cuando puedan utilizarse con fines comunitarios o institucionales. La disposición publicada esta semana se inscribe en ese marco normativo.

La transferencia no es automática ni irrestricta. La provincia debe informar la fecha prevista para retirar la mercadería y coordinar la logística necesaria para concretar la operación. Salta tiene además un plazo de noventa días hábiles para remitir la documentación que acredite la recepción definitiva y la conformidad del inventario. Si detecta productos deteriorados o no aptos para su uso, debe elaborar un acta de rechazo.

El punto más relevante de la norma es la restricción sobre el destino final. La disposición establece expresamente que la mercadería cedida no podrá ser vendida durante cinco años desde su recepción, una prohibición que apunta a impedir que productos entregados gratuitamente por el Estado vuelvan al circuito comercial o generen beneficios privados.

La transferencia a Salta se enmarca en la política de reducción del gasto público que caracteriza la gestión del gobierno de Javier Milei. En ese escenario, la reutilización de bienes decomisados aparece como una vía para extraer valor económico de activos que ya integran el patrimonio estatal, sin necesidad de incrementar el presupuesto.

La estrategia no es nueva, pero se ha profundizado en los últimos años. Cada disposición de este tipo responde a una misma lógica: reducir costos y aprovechar mercadería que de otro modo permanecería inmovilizada durante años en depósitos fiscales.

En síntesis, la Disposición 45/2026 autoriza la cesión gratuita de mercadería decomisada por la Aduana de Orán a la provincia de Salta, con base en la Ley 25.603. La operación reduce gastos de almacenamiento para el Estado nacional, evita compras adicionales para la provincia y sujeta los bienes a una restricción de venta por cinco años. La distribución de activos retenidos por el sistema aduanero se consolida así como una herramienta concreta de administración de recursos estatales.