Argentina elimina el Registro de Operadores Lácteos tras casi dos décadas de vigencia

El gobierno argentino eliminó esta semana una herramienta de control comercial que regulaba la cadena láctea desde hace casi dos décadas. A través de la Resolución 81/2026, publicada el 12 de junio en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca derogó el Registro de Operadores Lácteos, un esquema creado en 2006 bajo la ex ONCCA que alcanzaba a productores, plantas industriales y operadores vinculados a la elaboración y comercialización de leche y sus derivados.

La Resolución 81/2026 fue publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio de 2025 y lleva la firma de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con esa norma, el Estado argentino cerró formalmente un esquema de registración comercial que había nacido en 2006, durante la gestión de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

El registro comprendía a todos los participantes de la cadena: productores tamberos, plantas industriales, operadores comerciales y establecimientos dedicados a la elaboración y comercialización de leche, quesos, yogures y otros derivados. Su derogación modifica el marco administrativo que el Estado utilizaba para identificar y hacer seguimiento de esos actores.

Vale precisar desde el inicio qué no cambia. La resolución no elimina controles sanitarios ni habilitaciones vinculadas a la producción de alimentos. El cambio es estrictamente administrativo y se concentra en el esquema de registración comercial.

El Registro de Operadores Lácteos nació con un propósito definido: ordenar la actividad y fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado. En sus fundamentos, la norma original buscaba “establecer reglas claras e igualitarias, mediante la fiscalización del comercio e industrialización de la leche, sus productos, subproductos y/o derivados”.

Con el tiempo, la Secretaría de Agricultura sostiene que ese mecanismo perdió efectividad. La Resolución 81/2026 afirma que “la práctica ha demostrado la carencia de operatividad del registro”, porque quedó “desprovisto de mecanismos efectivos de fiscalización, control y sanción de infracciones”.

El texto oficial describe un sistema que terminó operando de manera “meramente declarativa”. En la práctica, el registro no contaba con herramientas suficientes para verificar la información declarada, controlar incumplimientos ni aplicar sanciones concretas. Sostener esa estructura equivalía a mantener una carga administrativa sin beneficio real para el funcionamiento del mercado. El gobierno optó por suprimirla en lugar de reformarla.

La medida no apunta a ninguna compañía en particular. Su alcance es transversal: involucra a todas las empresas que formaban parte de esa cadena de registración comercial.

Entre las más relevantes figura Mastellone Hermanos, la compañía detrás de La Serenísima, con presencia en leche fluida, quesos, yogures y mantecas. También está Danone, el grupo francés que participa en Argentina en el negocio de alimentos y lácteos y tuvo un rol significativo en la transformación del mapa empresario del sector. En el segmento industrial y de quesos aparece Saputo, uno de los mayores grupos lácteos del mundo, que opera en el país a través de Molfino Hermanos.

Adecoagro, con un modelo integrado que combina tambos de escala e industrialización, y SanCor, la histórica cooperativa láctea en proceso de reestructuración, completan el grupo de grandes nombres alcanzados por la norma. La medida también comprende a compañías regionales con fuerte presencia territorial: Williner (Ilolay), Milkaut, Manfrey, Verónica y Tregar, entre otras firmas que abastecen tanto el consumo interno como segmentos industriales.

La derogación llega en un momento de presión sostenida sobre los márgenes de la cadena. Los productores tamberos enfrentan una ecuación condicionada por los costos de alimentación del ganado, energía, logística y financiamiento. Las industrias, por su parte, buscan sostener rentabilidad en un mercado donde la escala productiva es cada vez más determinante.

Frente a ese escenario, las empresas avanzan en estrategias de eficiencia, incorporación de tecnología y expansión de exportaciones, con foco en productos de mayor valor agregado.

La eliminación del registro se inscribe en una política más amplia de revisión de regulaciones acumuladas. La resolución plantea como objetivo “aumentar la competitividad del sistema, liberando restricciones estatales que impidieran su normal desarrollo”.

Para las compañías, el efecto inmediato es administrativo: desaparece una obligación de inscripción en un esquema que el propio Estado reconoció como inoperante. Para el gobierno, implica abandonar una herramienta que considera ineficiente. El debate que queda abierto es si la menor carga regulatoria se traducirá en mayor competitividad, o si será necesario diseñar nuevos mecanismos de monitoreo para una industria donde conviven miles de productores con algunos de los mayores grupos alimenticios del país.