El eterno cuento de bajar impuestos para recaudar más: lo que la historia reciente desmiente una y otra vez

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Antes que nada, te pido disculpas: la semana pasada no pude acudir a nuestra cita semanal por contratiempos de salud familiares. Hoy supongo que tocaría hablar de vivienda: de Maricarmen y de los decretos, pero he decidido no ahondar en el tema porque en elDiario.es, mis compañeros y varios expertos ya hemos ido informando sobradamente; mañana Germán Aranda –uno de los que más sabe– nos contará su visión a través del boletín de vivienda, Una casa para vivir. Y, sobre todo, conviene esperar a la votación del Congreso de este viernes para ver en qué quedan finalmente los decretos y las medidas.

Sí me interesa apuntar dos ideas antes de pasar página. La primera: las movilizaciones ciudadanas de las últimas semanas han demostrado, una vez más, que son útiles. Sirven para poner las pilas, espabilar y recordar a los políticos que hay problemas que no desaparecen porque se dejen de mirar de frente. La segunda: hay responsabilidades repartidas entre todas las administraciones y todos los colores políticos. Que nadie se olvide de eso cuando lleguen las elecciones de 2027. La vivienda no se ha convertido en un problema de un día para otro.

Mientras la calle exige respuestas concretas a la crisis habitacional, la derecha económica aprovecha siempre que puede para sacar del cajón el recetario de siempre. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el laboratorio de ideas de la CEOE, en colaboración con el ultraliberal Instituto Juan de Mariana, ha presentado hace unos días un libro con un título que lo dice todo: La curva de Laffer y la economía de la oferta. Rebajas fiscales para el crecimiento. Su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, aprovechó el acto para reclamar una “revisión completa” del sistema fiscal español, apuntando directamente al IRPF, al impuesto de patrimonio y, cómo no, a la fiscalidad de la vivienda, que según sus cálculos recauda 52.000 millones de euros al año sobre “un bien de primera necesidad y escaso”. El mensaje de fondo, disfrazado de tecnicismo académico, es el de siempre: bajad impuestos y todo se arreglará, porque el Estado recaudará más.

La idea es conocida: llega un momento en que subir tanto los impuestos desincentivan la actividad hasta el punto de que la recaudación puede caer; por tanto, una rebaja fiscal podría, en determinadas circunstancias, acabar generando más ingresos. Hasta aquí, ninguna extravagancia. La formuló Arthur Laffer en 1980 para convencer al entonces candidato Reagan de que bajar impuestos liberaría la iniciativa individual. La célebre anécdota de la servilleta de restaurante. El problema llega cuando una observación económica razonable se convierte en una especie de comodín político: bajar impuestos no significa automáticamente recaudar más.

La evidencia empírica es bastante menos complaciente. Las rebajas fiscales de la era Reagan en 1981 hundieron la recaudación un 2,8% en su primer año completo de aplicación, obligando al propio Reagan a subir impuestos hasta en tres ocasiones para tapar el agujero. Casi cuatro décadas después, la reforma fiscal de Trump de 2017 repitió el guion. El ejemplo más reciente es el experimento de Liz Truss en Reino Unido en 2022. Aplicó la lógica de Laffer al pie de la letra con fuertes rebajas fiscales, especialmente para las rentas altas, y acabó provocando una crisis de confianza en los mercados de deuda, una caída de la libra y su salida del gobierno en 44 días.

En España la investigación académica muestra que los contribuyentes cambian su comportamiento cuando cambian los impuestos, sobre todo quienes tienen más margen para decidir cómo y cuándo declarar sus ingresos. Pero una cosa es recaudar menos de lo previsto al subir un impuesto y otra muy distinta es recaudar más al bajarlo. Hay una curva de Laffer, sí. Lo que no hay es una cifra mágica que nos diga que España está ahora mismo al otro lado de la curva.

Conviene recordar que detrás de la servilleta del entonces joven profesor de economía de la Universidad de Chicago no hay más que una intuición sin verificar convertida en dogma político. El propio director general del IEE, Gregorio Izquierdo, reconocía que la curva de Laffer “se interpreta mal” y que no es una regla mecánica según la cual cualquier recorte tributario vaya a autofinanciarse. Los impuestos sirven para recaudar y financiar aquello que decidimos que debe hacer el Estado: desde la sanidad y la educación hasta las políticas de vivienda y —¿por qué no— las pensiones. Se pueden discutir sus tipos, su diseño, su eficiencia y quién debe pagarlos. Lo que resulta más difícil de sostener con los datos es la promesa recurrente de que bajar impuestos siempre genera tanto crecimiento que, al final, todos salimos ganando. En vivienda hemos aprendido que dejar un problema esencial en manos del mercado no basta. En fiscalidad quizá también convenga recordar que los cantos de sirena de la bajada de impuestos tampoco son una política económica por sí mismos.

El temor a una crisis energética (e inflacionaria) empieza a recorrer Europa. Lo hemos visto esta semana en España, con el IPC de agosto disparado (+4,9%) por los carburantes, hasta el punto que el Gobierno aprobó este martes prorrogar las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre. El cierre del estrecho de Ormuz, la guerra de Rusia contra Ucrania, el anuncio del presidente Donald Trump de prohibir las exportaciones de diésel o un almacenamiento de gas menor de lo previsto en el continente europeo están provocando una espiral de precios de los combustibles difícil de frenar a corto plazo.

Las guerras lo están trastocando todo. Un par de gráficos explican la secuencia. El diagrama de barras de arriba de Semafor, ilustra cómo se ha disparado el negocio de los petroleros: los armadores han encargado este año más del doble de buques cisterna que en todo 2025, ante el fuerte aumento de la demanda. La factura de esta fiebre compradora supera ya los 20.000 millones de dólares, el mayor desembolso en al menos 25 años. Los conflictos están redibujando las rutas comerciales y, con el cierre del estratégico oleoducto East-West de Arabia Saudí, los compradores han recurrido cada vez más al crudo de América, que necesita recorrer medio mundo por mar. El resultado: alquilar un petrolero cuesta hoy más de un millón de dólares al día, unas diez veces más que hace un año. El petróleo puede mantener su precio en origen y, sin embargo, encarecerse considerablemente al llegar a destino porque transportarlo cada vez cuesta mucho más.

Y este encarecimiento se traduce en la economía real, como puedes ver en el siguiente gráfico.  No solo en los carburantes: también empieza a crecer el temor a un nuevo shock mundial de los precios de los alimentos, especialmente preocupante para los países más pobres. Las restricciones al transporte por algunas de las principales rutas comerciales del mundo y la subida de los combustibles encarecen ya los costes de los agricultores occidentales justo cuando comienza la temporada de cosecha. Los ataques de Rusia y Ucrania contra sus respectivas infraestructuras marítimas añaden presión: ambos países concentran una cuarta parte del trigo mundial. El cambio climático completa el cóctel: el índice de alimentos de la ONU sube un 2,5% interanual. “La prima de riesgo está regresando a los mercados alimentarios”, advierte el economista jefe de la FAO.

Es el aumento de las importaciones de Cuba procedentes de Estados Unidos (o viceversa: las exportaciones de EEUU a la isla) entre enero y julio de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025. Han alcanzado cifras récord, 674 millones de dólares (unos 580 millones de euros), un incremento sostenido que refuerza la dependencia de la isla de EEUU. Especialmente para la compra de combustibles y bienes de consumo (pollo congelado, vehículos), al tiempo que favorece al sector privado cubano y dificulta la llegada de inversión extranjera, según expertos consultados por EFE. Por si alguien dudaba de quién se beneficia de la política de “máxima presión” por parte del país norteamericano para que Cuba introduzca cambios económicos y políticos. Pese a todo, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU, la disposición al diálogo de La Habana con Washington y señaló que el gobierno de la isla está abierto a las “relaciones comerciales y de negocios con las compañías estadounidenses”.

Sube Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Será proclamado hoy, jueves, por tercera vez, por aclamación y sin rival. Antes de brindar conviene repasar el mandato que acaba, que no es para tirar cohetes. El empresario de Getxo que en 2021 cerró con Gobierno y sindicatos una reforma laboral que muchos daban por imposible ha acabado instalado en el “no a todo”: el nuevo gran pacto de negociación colectiva (AENC) ni se ha abierto, los autónomos y las bajas laborales llevan meses atascados y el plan de choque contra el paro juvenil sigue en el cajón. Primera tarjeta amarilla para este seguidor confeso del Athletic Club. La segunda, por comparar las decisiones del Ejecutivo con las “reales órdenes” de la época de Franco, un exceso que además huele a coartada cuando en 2012 nadie en la CEOE habló de ordenanzas ni de autoritarismo, aunque Rajoy reformó por decreto la negociación colectiva.