La empresa textil Fisipa, con planta en La Plata y dedicada a la fabricación de hilados sintéticos, inició un concurso preventivo de acreedores luego de declararse en cesación de pagos. La firma argumentó que atraviesa una profunda crisis financiera por la caída del consumo, el incremento de los costos operativos y la mayor competencia de productos importados.
El trámite fue admitido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, a cargo del juez Alberto Alemán, bajo la modalidad de "pequeño concurso". La compañía había declarado oficialmente su cesación de pagos el pasado 26 de mayo.
La apertura del proceso judicial se da en medio del conflicto laboral que atraviesa la empresa desde hace varios meses, marcado por despidos y reclamos de los trabajadores por el cobro de indemnizaciones.
Fisipa, presidida por Luciano Galfione, también titular de la Fundación ProTejer, informó un pasivo de $565,4 millones. De ese total, $209,7 millones corresponden a deudas laborales, $161,2 millones a obligaciones fiscales y de la seguridad social, y otros $194,3 millones a compromisos con proveedores y entidades financieras.
En tanto, el activo declarado asciende a $525,6 millones, integrado principalmente por maquinaria industrial y existencias de materias primas, entre ellas hilados de poliéster y nylon.
En la presentación realizada ante la Justicia, Fisipa sostuvo que su situación económica es el resultado de una combinación de factores que fueron deteriorando su actividad en los últimos años.
La firma, que opera desde 2014 en el predio donde funcionó la histórica fábrica Sniafa, recordó que mantuvo un crecimiento sostenido hasta 2017, aunque luego comenzó a enfrentar dificultades. Según explicó, en 2023 las restricciones para importar afectaron el abastecimiento de materias primas, ya que más del 90% de los insumos que utiliza provienen del exterior.
A partir de 2024, la empresa aseguró que el escenario se agravó por la caída del consumo interno, el fuerte aumento de los costos y la apertura de las importaciones. En ese sentido, indicó que la producción del sector textil cayó un 23% interanual, que la utilización de la capacidad instalada descendió por debajo del 20% y que las tarifas de los servicios públicos aumentaron más de un 600%.
Además, cuestionó la reducción de los aranceles para productos importados, que pasaron del 18% al 6%, al considerar que esa medida profundizó la competencia con mercadería del exterior y afectó aún más la producción nacional.
Frente a este escenario, la empresa redujo su plantilla de personal, aplicó suspensiones durante 2025 y actualmente cuenta con ocho trabajadores registrados.
En su presentación judicial sostuvo que llegó a una situación límite, sin capital de trabajo suficiente, con ventas insuficientes para afrontar sus obligaciones y sin posibilidades de acceder a financiamiento debido a su nivel de riesgo.
Con la apertura del concurso preventivo, los acreedores tendrán plazo hasta el 15 de septiembre de 2026 para presentar los pedidos de verificación de créditos.
Luego se abrirá el período de exclusividad, que se extenderá hasta el 1 de julio de 2027. Durante ese tiempo, Fisipa deberá negociar con sus acreedores y alcanzar un acuerdo que reúna las mayorías exigidas por la ley para poder continuar con el proceso de reestructuración.
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