Irlanda toma el mando simbólico de Europa entre las normas de Bruselas y el dinero de Silicon Valley

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02 jul. 2026 - 04:20

Act. 02 jul. 2026 - 14:44

Micheál Martin, jefe de Gobierno de la República de Irlandatwitter.com

Desde el Tratado de Lisboa, las cumbres del Consejo Europeo las dirige un presidente permanente, hoy António Costa, y la política exterior común, la alta representante, por ahora Kaja Kallas. A la Presidencia rotatoria, que este 1 de julio asume Irlanda, le quedan los consejos sectoriales que administra y los expedientes que negocia en nombre de otros.

La maquinaria reguladora de Bruselas y el capital tecnológico de Silicon Valley se reparten lo que de verdad importa, y a Dublín le reservan el papel de anfitriona. El programa que el taoiseach (primer ministro), Micheál Martin, presentó el pasado 10 de junio se ordena en torno a tres ejes (competitividad, valores y seguridad), alineados con la agenda que los mandatarios comunitarios pactaron a finales de 2024. El resto es decisión de otros, en otros lugares.

El expediente más árido será el marco financiero plurianual, el presupuesto de la Unión para el próximo ciclo, dotado con cerca de dos billones de euros: un 1,26 % de la renta nacional bruta media. La Comisión propone canalizar los fondos de cohesión y agrícolas a través de un único plan nacional por país, una fórmula a la que de momento se han opuesto catorce Estados miembros, y triplicar hasta los 81.000 millones la partida de interior, buena parte reservada en teoría al control fronterizo y migratorio.

El segundo frente es el más delicado en la isla, porque enfrenta a Irlanda consigo misma. Dublín y Cork alojan la sede europea de buena parte de las grandes tecnológicas, como Google, Meta, Apple o X, atraídas por una fiscalidad menos confiscatoria, de la que depende una porción desmesurada y frágil de la recaudación nacional.

Esas mismas empresas son el blanco de buena parte de Bruselas desde hace años, y por ellas ha pasado de redactar la ley digital a aplicarla a través del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y el de Mercados Digitales (DMA). En Irlanda, buena parte de esa tarea ha recaído sobre la Coimisiún na Meán, el regulador de medios, que mantiene una docena de pleitos con las tecnológicas —cinco de ellos contra X— y que en mayo abrió investigaciones a Facebook e Instagram por los sistemas que deciden lo que ve el usuario.

En medio de la controversia, el comité judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en manos republicanas, ha acusado al regulador comunitario de encabezar una campaña de censura contra las plataformas norteamericanas, cargo que Bruselas rechaza a través de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Washington, entretanto, ha hecho munición comercial de la errática política digital europea. El pacto comercial que fija en el 15% el techo de los aranceles estadounidenses a las exportaciones europeas, a cambio de que la Unión suprima los suyos a la industria americana, ha entrado en vigor el 1 de julio, celebrado por António Costa desde Dublín como «un gran día». El frente digital, en cambio, sigue abierto: el 26 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Dondald Trump, amenazó con un gravamen del 100% a cualquier país que ponga impuestos a las tecnológicas americanas, un pulso ajeno al acuerdo comercial, en el que la Comisión insiste en que su reglamento digital no se negocia.

Queda como referencia la cacareada «tasa Google», que le valió a España una investigación comercial estadounidense y la amenaza de unos aranceles que finalmente se suspendieron, porque las empresas que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía gravar estaban domiciliadas en Irlanda.

Más allá de la batalla comercial, el ministro de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, ha definido el semestre como el de un «intermediario honesto», y Dublín ha presupuestado entre 165 y 185 millones de euros sólo para los actos, una cuenta que, con la seguridad, se dispara hasta los 300 millones.

La presidencia de Irlanda triplicará el coste de las anteriores, encabezadas por Chipre y Dinamarca, y quedará muy lejos de los 64 millones de la «presidencia del agua del grifo» de 2013. Todo para acoger veintidós consejos ministeriales y dos cumbres en noviembre. Una de ellas, con casi medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, el mayor cónclave jamás celebrado en la isla.

El respaldo irlandés a la pertenencia a la UE ha caído del 93 % que se registró en 2019, en el apogeo del Brexit, al 82 % de la actualidad —todavía de los más altos—, según la encuesta anual de European Movement Ireland. La satisfacción con el rumbo del bloque ha bajado del 58 % de 2023 al 45 %. El motivo más citado entre quienes creen que la Unión va por mal camino es la inmigración, señalada por casi un tercio (31 %) de la población de la república, por delante de la pérdida de soberanía nacional.

La misma agenda que Dublín administra desde el 1 de julio, con un presupuesto que multiplica por tres el gasto en fronteras e inmigración, avanza a contracorriente de lo que sus habitantes dicen en las urnas. Micheál Martin empuñará durante seis meses el mazo del Consejo. El timón, como de costumbre, queda en otras manos menos reconocibles.