La caja de pimientos dañados que Almería envía a Planas para denunciar una plaga millonaria

Caja de pimientos con marcas de trips destinada al ministro de Agricultura, Luis PlanasCOEXPHAL

Los agricultores de Almería han decidido mostrarle al ministro de Agricultura, Luis Planas, las consecuencias de una plaga que lleva años castigando sus invernaderos. Y lo han hecho de una manera poco habitual: enviándole una caja de pimientos afectados por el Thrips parvispinus, un diminuto insecto que está causando estragos en uno de los cultivos más importantes de la provincia. Junto a las hortalizas han incluido una carta con una pregunta directa: «Sr. Ministro, ¿No le gustan los pimientos?».

La iniciativa parte de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), que pretende llamar la atención del Gobierno sobre una situación que, según sus cálculos, ha supuesto pérdidas de producción valoradas en 540 millones de euros en destino durante las últimas cuatro campañas. La organización reclama medidas extraordinarias para frenar una plaga que, según advierte, amenaza la rentabilidad de numerosas explotaciones y la competitividad de un producto esencial para las exportaciones españolas.

La campaña, bautizada como «Pimientos con marca», busca trasladar al Ministerio una imagen de los daños que sufren los frutos cuando son atacados por este insecto. Las picaduras del trips provocan cicatrices, deformaciones y otras alteraciones superficiales que reducen su valor comercial.

El problema no es nuevo. Desde la campaña 2022-2023, el sector almeriense viene denunciando una expansión de la plaga que ha obligado a algunos agricultores a arrancar sus plantaciones antes de tiempo. Según Coexphal, su presencia alcanza prácticamente a todo el cultivo de pimiento bajo invernadero de la provincia, aunque los daños no tienen la misma intensidad en todas las explotaciones.

La asociación asegura que, durante las últimas cuatro campañas, la producción y comercialización han experimentado una caída media del 10 % por campaña. El balance que presenta al ministro asciende a 360.000 toneladas que se habrían dejado de producir, con un valor estimado de 360 millones de euros en origen y 540 millones en destino.

Son cifras aportadas por la propia organización agraria, que advierte de las consecuencias que esta situación puede tener sobre el empleo, la actividad económica y la continuidad de las explotaciones agrícolas.

La protesta llega después de que el Ministerio de Agricultura rechazara una petición de la Junta de Andalucía para permitir, de manera excepcional, el uso del spirotetramat, una sustancia empleada anteriormente contra determinadas plagas.

Su autorización europea expiró el 30 de abril de 2024, después de que no se presentara una solicitud de renovación. Los productores consideran que, ante una emergencia fitosanitaria, deberían estudiarse alternativas excepcionales que permitan complementar los métodos actuales de control.

En la carta remitida a Planas, Coexphal insiste en que el sector «no solicita excepciones permanentes ni cuestiona el modelo europeo de reducción de materias activas», pero defiende que una situación extraordinaria requiere medidas acordes con su gravedad.

La organización reclama una mayor implicación del Gobierno central y recuerda que el control de la plaga constituye una preocupación compartida por agricultores, cooperativas, investigadores y administraciones.

Los productores aseguran que llevan años reforzando las medidas preventivas para contener al Thrips parvispinus. Entre ellas figuran la introducción de organismos beneficiosos para combatirlo, el asesoramiento técnico y la correcta eliminación de los restos vegetales que pueden favorecer su propagación.

También se ha planteado un paro biológico extraordinario en determinadas zonas productoras. La medida supondría interrumpir temporalmente la actividad agrícola para reducir la población del insecto entre campañas, aunque tendría un importante coste económico para las explotaciones afectadas.

La Junta de Andalucía, por su parte, declaró oficialmente la existencia de la plaga en abril y estableció medidas fitosanitarias obligatorias para explotaciones de Almería y Granada. Además, ha impulsado una Mesa de Sanidad Vegetal en la que participan representantes del sector para coordinar las actuaciones.

Pese a estos esfuerzos, los agricultores consideran que las herramientas disponibles siguen siendo insuficientes para controlar una amenaza que afecta a uno de los grandes motores económicos de la provincia.