La Comisión Europea habilitará 300 millones de euros a la reserva financiera de crisis de la PAC (Política Agraria Común) para que los agricultores afronten el incremento del precio de los fertilizantes, desbocado tras el inicio de la guerra en Irán.
Este mecanismo de la UE se añadirá al presupuesto ya existente, lo que dejará la reserva en un total de 540 millones de euros. Según ha precisado el Ejecutivo comunitario, los gobiernos nacionales podrán complementar este apoyo con financiación propia de hasta el 200 %, una posibilidad que elevaría el volumen total de recursos hasta 1.500 millones de euros.
Entre las medidas, figura la creación de un nuevo mecanismo de liquidez dentro de los programas de desarrollo rural destinado a explotaciones agrarias con dificultades de financiación, que –explica la Comisión– podrá financiarse hasta en un 65 % con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y complementarse con recursos nacionales.
La propuesta incluye también la posibilidad de adelantar a los agricultores una mayor parte de las ayudas directas antes del 16 de octubre para mejorar su liquidez, así como una mayor flexibilidad para que los Estados miembro ajusten sus presupuestos de pagos directos correspondientes a 2027.
Bruselas justifica estas medidas por el fuerte incremento de los costes de los fertilizantes registrado en los últimos meses a raíz de las tensiones geopolíticas y los problemas de suministro, una situación que, según advierte, podría obligar a muchos agricultores a reducir su uso y afectar tanto a los rendimientos de las cosechas como a la calidad de la producción.
La UE alerta además de que una reducción significativa del uso de estos insumos podría tener consecuencias sobre los ingresos de las explotaciones agrarias, el suministro alimentario europeo y, en última instancia, sobre los precios de los alimentos.
Las modificaciones legislativas propuestas deberán ser ahora examinadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, mientras que la utilización de la reserva agrícola será sometida a votación de los Estados miembro en las próximas semanas. Si recibe el visto bueno de los gobiernos, la adopción definitiva está prevista para finales de julio.
Las medidas forman parte del Plan de Acción sobre Fertilizantes presentado por Bruselas el pasado mes de mayo para reducir la dependencia europea de las importaciones, reforzar la producción comunitaria y acelerar la transición hacia fertilizantes de origen biológico, bajos en carbono y más sostenibles.