Las primeras reacciones al arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos contra exportaciones chilenas apuntaron hacia Washington. El Gobierno rechazó la medida, los gremios empresariales alertaron sobre sus efectos y los exportadores comenzaron a calcular los costos.
Pero apenas transcurrieron unas horas para que el debate cambiara de dirección.
Los cuestionamientos dejaron de concentrarse en la decisión de Donald Trump y comenzaron a dirigirse hacia dos organizaciones chilenas: Fundación Libera y Ecoceanos, que participaron en la investigación desarrollada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) aportando antecedentes sobre condiciones laborales en sectores exportadores, particularmente la salmonicultura y la agricultura.
En redes sociales aparecieron rápidamente acusaciones de «antipatriotas», «antichilenos» y «enemigos del país». Parte del debate dejó de girar en torno a las condiciones denunciadas y comenzó a centrarse en quienes las habían denunciado.
Ya no se preguntaba si existían o no vulneraciones laborales.
Comenzaba a preguntarse si denunciarlas constituía una forma de actuar contra el interés nacional.
Cada vez que un conflicto internacional pone bajo presión a una industria poderosa, aparece la tentación de desplazar el foco desde los hechos hacia quienes los hicieron visibles.
Fundación Libera, dedicada al combate de la trata de personas y el trabajo forzoso, presentó antecedentes ante la USTR sosteniendo que en determinadas actividades exportadoras chilenas existían indicios compatibles con varios de los indicadores de trabajo forzoso definidos por la Organización Internacional del Trabajo.
Ecoceanos, por su parte, aportó información sobre las condiciones laborales en la industria salmonera, especialmente respecto de la seguridad de los trabajadores, los accidentes en centros de cultivo y las condiciones del trabajo de los buzos.
Ambas organizaciones participaron en un procedimiento abierto por el propio gobierno estadounidense, en el que también expusieron representantes del Estado chileno, gremios empresariales y exportadores.
Sin embargo, una parte importante de la discusión pública terminó concentrándose en ellas.
Quienes aportaron antecedentes a un proceso administrativo aparecen hoy sometidos a un juicio político mucho más intenso que las condiciones laborales cuya existencia motivó esas denuncias.
¿Debe una organización de la sociedad civil abstenerse de denunciar posibles vulneraciones de derechos porque esas denuncias podrían tener consecuencias económicas para el país?
Si la respuesta fuera afirmativa, las implicancias serían profundas.
Porque significaría que la protección de la imagen internacional pasaría por silenciar los problemas antes que por resolverlos.
