La Guardia Civil ha desarticulado en el marco de la operación Uroboros una red que introducía cocaína en España a través del puerto de Algeciras, con 18 detenidos y la intervención de 139,28 kilogramos de droga. Entre los arrestados figuran ocho trabajadores de la estiba, cuya autorización para acceder a la terminal facilitaba la extracción de los cargamentos. La investigación pone al descubierto una estructura estable y jerarquizada dedicada a retirar la mercancía antes de que los contenedores continuaran hasta su destino.
La organización investigada estaba formada por personas con tareas separadas dentro de la cadena de introducción y retirada de la droga. Un grupo accedía a los contenedores situados en las instalaciones portuarias para extraer la cocaína, mientras otro asumía la logística necesaria para moverla fuera del recinto.
La estructura también incluía labores de vigilancia y seguimiento. Los integrantes encargados de esas funciones trataban de evitar que la actividad fuera detectada por las fuerzas de seguridad y mantenían controlados los movimientos relacionados con la carga y con los desplazamientos posteriores.
La operación se saldó con la detención de 18 personas y la intervención de 139,28 kilogramos de cocaína. Ocho de los arrestados eran trabajadores de la estiba, una circunstancia que les permitía entrar legalmente en la terminal y conocer los movimientos de las mercancías.
El acceso autorizado y el conocimiento de la operativa portuaria reducían, presuntamente, las posibilidades de detección durante las extracciones. La droga era retirada dentro del puerto antes de que los contenedores siguieran su recorrido comercial.
La red utilizaba el método conocido como gancho perdido o gancho ciego. La cocaína se ocultaba entre mercancías legales en contenedores procedentes de Sudamérica, que llegaban al puerto de Algeciras dentro de circuitos comerciales ordinarios.
La retirada se producía antes de que los contenedores alcanzaran su destino final. El procedimiento permitía utilizar cargas legales como cobertura y se apoyaba en la intervención de personas con acceso a la terminal portuaria.
Los exportadores y los importadores cuya mercancía viajaba en esos contenedores no tenían conocimiento de que los recipientes estaban siendo utilizados para transportar estupefacientes. La investigación sitúa esa ocultación dentro del funcionamiento de la organización desarticulada.
Durante la operación se practicaron nueve registros. En uno de los domicilios vinculados al presunto líder se localizaron 12 kilogramos de cocaína, 457.020 euros en efectivo, dos armas cortas, munición y un chaleco antibalas.
El material intervenido incluía también un detector de frecuencias. El dispositivo servía, según la investigación, para localizar aparatos de seguimiento instalados por las fuerzas de seguridad y dificultar el control de los movimientos de los investigados.
En otro de los registros se incautaron dos vehículos relacionados con los arrestados. El hallazgo del dinero, las armas, la munición, el chaleco y el detector se sumó a la droga intervenida durante el conjunto de las actuaciones.
Los 18 detenidos pasaron a disposición judicial tras la finalización de las actuaciones policiales. El juzgado acordó el ingreso en prisión provisional sin fianza para seis de ellos.
La medida afecta a una parte de los arrestados mientras continúan las diligencias relacionadas con la organización, el papel atribuido a cada investigado y la procedencia de la cocaína localizada en el puerto y en uno de los domicilios.
La operación mantiene abiertas las pesquisas sobre la red estable y jerarquizada que actuaba en torno a la terminal. La investigación debe concretar la relación entre quienes extraían la droga, quienes realizaban la vigilancia y quienes se ocupaban de la logística.
También queda bajo análisis el uso del detector de frecuencias y de los vehículos intervenidos. Ambos elementos están vinculados a los investigados y forman parte de las diligencias derivadas de los nueve registros practicados.
