EEUU está a punto de alcanzar los 14 millones de barriles diarios, una producción superior a la suma de Arabia Saudí e Irak, pero esa capacidad no ha impedido que la gasolina llegue a 4,36 dólares por galón y el diésel a 6,28 dólares. La guerra con Irán y los problemas en Ormuz han vuelto a demostrar que extraer más crudo no garantiza disponer de combustibles baratos. ¿Por qué el mayor productor mundial no puede proteger a sus consumidores?
La respuesta está en la diferencia entre producir petróleo y controlar el mercado energético. La extracción estadounidense depende de cientos de compañías privadas, mientras que los países de la OPEP pueden ajustar su oferta mediante decisiones políticas y conservar capacidad ociosa para activarla cuando el mercado lo necesita.
EEUU bombea casi 14 millones de barriles diarios, frente a unos ocho millones de Arabia Saudí y algo menos de cuatro millones de Irak. El dato coloca al país norteamericano por encima de dos grandes productores juntos, pero no convierte automáticamente ese volumen en una reserva disponible para contener una crisis internacional.
La situación afecta directamente a los conductores y a las empresas que consumen gasóleo. La gasolina cuesta un 41% más que hace un año y el diésel se ha encarecido un 71%, según las cifras recogidas en el análisis del mercado. El incremento llega pese a la fortaleza productiva del país, porque el cuello de botella se ha trasladado desde el crudo hacia los combustibles refinados.
Durante la década de 2010, el auge del petróleo de esquisto y la expansión del fracking alimentaron la expectativa de que EEUU podía alcanzar una independencia energética casi completa. Esa percepción llevó a algunos analistas a cuestionar la utilidad de las reservas estratégicas y a considerar que Washington ya no tendría que prestar tanta atención a Oriente Próximo.
La guerra con Irán ha puesto límite a esa idea. El petróleo se comercializa en un mercado global y las interrupciones en Oriente Próximo repercuten en los precios internacionales, aunque un país extraiga grandes cantidades dentro de sus fronteras. Además, EEUU participa tanto en el mercado del crudo como en el de los productos refinados, de modo que la tensión exterior puede trasladarse a sus consumidores.
El mecanismo estadounidense tampoco permite abrir el grifo de manera inmediata. En Arabia Saudí y en algunos miembros de la OPEP existe una capacidad de extracción que puede permanecer inactiva y volver al mercado por decisión de sus gobiernos. En EEUU, cada compañía decide sus inversiones atendiendo a sus costes, sus expectativas y la rentabilidad que espera ofrecer a sus accionistas.
Eso explica una paradoja que pesa sobre la economía estadounidense: los productores pueden beneficiarse de un petróleo caro, mientras que los hogares y las empresas soportan el encarecimiento de la gasolina y el diésel. La condición de exportador neto puede favorecer al país en conjunto, pero sus efectos se reparten de forma desigual entre las zonas productoras, las petroleras y los consumidores.
La reacción de la industria tampoco es inmediata. Desde que una compañía decide elevar su inversión hasta que un nuevo pozo empieza a producir deben completarse varias fases: movilizar equipos de perforación, contratar servicios especializados, aplicar la fracturación hidráulica y conectar la explotación con las infraestructuras existentes.
Wood Mackenzie calcula que la producción estadounidense suele tardar entre nueve y doce meses en responder a los cambios de precio. Por eso, la subida provocada por la guerra de finales de febrero apenas empieza a reflejarse en nuevos barriles. El petróleo de esquisto responde con más rapidez que otros proyectos convencionales, pero no puede añadir millones de barriles de un día para otro.
La volatilidad introduce otro freno. Las empresas pueden comprometer miles de millones de dólares en nuevas perforaciones y encontrarse, cuando los pozos estén operativos, con que el conflicto ha terminado y el precio del crudo se ha desplomado. Nathan Nemeth, director de investigación sobre la producción petrolera de EEUU en Wood Mackenzie, advierte de que un solo mensaje puede provocar una caída de 20 dólares por barril.
La estructura temporal del mercado tampoco facilita la financiación. La backwardation —cuando el petróleo para entrega inmediata cotiza por encima de los contratos a seis o doce meses— dificulta asegurar precios futuros que justifiquen el gasto. Las grandes petroleras, preocupadas por mantener dividendos estables y disciplina financiera, prefieren actuar con cautela antes que ampliar de forma agresiva su capacidad.
La Reserva Federal de Dallas ha recogido en una de sus encuestas que las oscilaciones de cinco, diez o veinte dólares por barril se han vuelto habituales. Con esa incertidumbre, resulta más difícil elaborar presupuestos y decidir si la cotización actual representa una oportunidad duradera o una respuesta temporal a la tensión geopolítica.
La actividad de perforación empieza a reflejar los precios elevados, sobre todo entre las pequeñas compañías privadas, que están más dispuestas a asumir riesgos. Baker Hughes contabilizó 462 plataformas petroleras operativas la semana pasada, frente a las 418 de un año antes. Ese aumento llevó a Wood Mackenzie a revisar al alza sus previsiones de producción.
Washington ha tenido que recurrir, mientras tanto, a sus reservas estratégicas. Desde marzo se han liberado unos 132 millones de barriles, con un ritmo medio de 630.000 barriles diarios, y el programa anunciado alcanzará los 172 millones. La medida aporta suministro, pero no resuelve por sí sola la falta de capacidad de refino ni las dificultades para mover el crudo hasta las instalaciones adecuadas.