La siderurgia demanda a Bruselas que ponga un tope al coste energético

La Comisión Europea ha reaccionado a la crisis que sufre el sector siderúrgico con el lanzamiento del Plan del Acero y los Metales, el Pacto ... Industrial Limpio, el Plan de Acción sobre Energía Asequible, la Estrategia 'Accelerate-EU' o la flexibilización del régimen de derechos de emisión, presentada el viernes. Sin embargo, esta industria considera que estas medidas son señales políticas que no ofrecen el alivio inmediato que exigen las factorías con alto consumo energético. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), diseñado como una especie de arancel ambiental, presenta problemas de elusión y no compensa el sobrecoste de los derechos de emisión para las exportaciones, lo que supone un grave problema al salir al mercado exterior –las medidas presentadas el viernes no lo corrigen– y aún está por ver la repercusión de las medidas de defensa comercial que entraron en vigor el pasado 1 de julio.

Ante esta situación de urgencia, la patronal europea Eurofer ha puesto sobre la mesa una batería de reclamaciones fiscales y regulatorias de cara a poder competir con los países extracomunitarios, que cuentan con menores costes energéticos y, en la mayoría de casos, regulaciones laborales y medioambientales más laxas. Todo ello, tras asegurar que el sector se encuentra sumido «en la peor crisis energética de su historia reciente» y que la brecha de competitividad global es insostenible.

Entre esas medidas, pide a Bruselas que imponga una especie de techo energético. Su iniciativa pasa por que se establezca para toda la Unión Europea un objetivo para que el coste total de la energía no supere los 50 euros/MWh en 2030, un 41% menos que ahora. En la actualidad, la media comunitaria se sitúa en 85 euros/MWh frente al histórico de 45 euros MWh.

Gracias a la entrada en el mix de cada vez más renovables, España no es, ni mucho menos, de los países peor posicionados, con un precio de 68,68 euros/MWh el pasado mes de junio. No obstante, es un 76% más que en Francia, y un 5% más que en Alemania. Lo llamativo es que aquí el coste de mercado es inferior al de ambos, 66,75 euros/MWh, mientras que en el país vecino son 67,74 y en el germano 103,03. ¿Qué sucede entonces? Que en ambos la factura es menguante para la gran industria, que recibe distintos tipos de ayudas, mientras que en España se le añaden impuestos y peajes y las exenciones son inferiores.

Esto es clave. Hay que recordar que Arcelor considera que el factor crítico para aprobar nuevos hornos eléctricos híbridos, como el que se demanda desde Asturias para Avilés, es contar con suministro eléctrico asequible y estable. Así lo expresó tras anunciar que su siguiente inversión de este tipo se irá para Dunkerque (Francia).

Igualmente, más allá del precio de la energía, hay preocupación por la disponibilidad. Eurofer también considera urgente contar con reservas de energía limpia, para lo que pide obligar a las eléctricas que reciben ayudas públicas (contratos por diferencia) a reservar capacidad para contratos a largo plazo (PPA) con la industria electrointensiva. Con el planteamiento del nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (ETS), que no ha flexibilizado la reducción de asignaciones hasta 2031 y liga la compensación de emisiones con una mayor electrificación o el uso de hidrógeno verde, el acceso a la red eléctrica será clave. En el Principado, es prioritario que se pueda completar el anillo eléctrico que garantice el acceso y conexión de las instalaciones.

Asimismo, el sector solicita descuentos y ayudas, como pueden ser aplicar bonificaciones en las tarifas de red y mejorar las compensaciones por los costes indirectos del CO2 que, por ejemplo, en España distan mucho de llegar al tope que permite la Unión Europea.

Por otro lado, la siderurgia ve imprescindible una reforma del mercado eléctrico, una revisión a fondo del modelo de fijación de precios mayoristas e inyectar los ingresos de las subastas de CO2 para subsidiar el uso de hidrógeno en la industria pesada. La UE exige que un mínimo de esos ingresos de cada Estado se destine al sector, pero no todo. Con la reforma presentada el viernes será el 50% y calcula Bruselas que en la actualidad solo es del 5%. Esta es una de las críticas de las electrointensivas españolas, entre ellas, las asturianas, que denuncian que solo revierte en su propia descarbonización una parte insuficiente de los ingresos de las subastas de derechos de emisión. Argumentan que ellas son las que pagan el grueso del coste del CO2, pero no recuperan lo suficiente para financiar las inversiones multimillonarias que necesitan. Desde su puesta en marcha, las plantas afectadas por este sistema han tenido que pagar alrededor de 270.000 millones de euros. En Asturias hay una veintena, desde las centrales térmicas a Arcelor, pasando por Ence, Ilas, CAPSA, Fertiberia, el complejo del valle de Tamón, Química del Nalón o Industrias Doy, entre otras.

El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (ETS) seguirá encareciendo la actividad de las industrias con alto consumo energético en Asturias, a pesar de la reforma anunciada el viernes. Sin embargo, paradójicamente, el transporte por carretera o el ámbito residencial, que son la principal fuente de emisiones difusas, no afrontan un coste equivalente por cada tonelada de CO2 emitida.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la industria y la generación eléctrica asumen el grueso de las compras de derechos. En el caso asturiano, sectores como la siderurgia, la química o la energía térmica deben adquirir permisos para contaminar, un sobrecoste que se ha intensificado con la subida del precio del carbono y la reducción progresiva de asignaciones gratuitas.

Sin embargo, las emisiones de los sectores difusos, aquellas actividades que no están reguladas, como el transporte por carretera, la agricultura, los residuos o el ámbito residencial, representan el 70% del total de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero en España. En el Principado, la situación es casi la contraria, por el alto peso de su industria y un uso inferior de los vehículos privados que en grandes capitales como Madrid. De hecho, las emisiones procedentes de sectores afectados por el comercio de derechos en la región representan el 77% del total. Esta circunstancia hace aumentar el impacto de las medidas que tienen que ver con este régimen.

No existe un precio directo por tonelada para la mayoría del transporte o el ámbito residencial, lo que genera una asimetría que las patronales industriales vienen denunciando porque el impacto en el cambio climático no discierne entre los gases que llegan de un sector u otro. Este debate cobra fuerza en un momento en el que compañías como Arcelor alertan del riesgo de deslocalización si no se equilibra la transición.

Según la patronal siderúrgica Eurofer, los próximos pasos regulatorios de Bruselas en materia de tarifas y la revisión de la Estrategia de Hidrógeno serán determinantes. «De ellos dependerá que la transición limpia de Europa se fabrique en suelo europeo o se externalice definitivamente de forma irreversible», explican en la organización en la que se integra Arcelor.

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