El Gobierno prepara una reforma inmobiliaria que elimina la matrícula obligatoria

Sturzenegger enviará un proyecto de ley al Congreso en junio. Colegios profesionales alertan por riesgos de fraudes y el sector empresarial apoya la medida.

La desregulación del mercado inmobiliario volvió al centro de la escena. El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara un proyecto de ley para modificar de manera profunda el funcionamiento del corretaje en la Argentina, el cual entraría al Congreso este mes de junio. Y en breve, tal como anunció públicamente el ministro, se presentaría el borrador que ya está avanzado. Los colegios sostienen que el plan no ayudará a bajar ningún costo.

La iniciativa apunta a eliminar la obligatoriedad de la matrícula y del título universitario para ejercer como corredor, permitir la actividad interjurisdiccional y liberalizar honorarios, bajo la premisa de abrir el mercado y reducir costos para consumidores. Sturzenegger planea enviar al Congreso en junio el proyecto de desregulación inmobiliaria. Entre los principales puntos del borrador aparecen medidas que modificarían de manera profunda el funcionamiento actual del corretaje y la actividad de los martilleros. Son los siguientes:

• Se prohíbe la fijación de aranceles, comisiones u honorarios con pisos mínimos o topes máximos: los honorarios quedarían sujetos al libre acuerdo entre las partes.

• Se eliminan las incompatibilidades absolutas: el corretaje podría ejercerse de manera simultánea con otra profesión o actividad lícita.

• Se declara que el corretaje no estará sujeto a restricciones que generen barreras de entrada o distorsionen el mercado.

• Se habilita expresamente el ejercicio del corretaje a través de plataformas digitales, portales web, aplicaciones móviles y cualquier entorno virtual.

• Para ejercer el corretaje solo se requerirá ser mayor de edad y no estar inhabilitado. Se eliminaría el requisito del título universitario.

• Las personas humanas y jurídicas podrán actuar como corredores.

La discusión ya genera tensión entre cámaras empresariales, colegios profesionales y referentes del sector. Mientras desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) respaldan una apertura total del sistema y sostienen que la matrícula funciona como una "barrera artificial de entrada", desde los colegios inmobiliarios consideran que la propuesta tiene un fuerte componente ideológico y podría afectar la seguridad jurídica de las operaciones.

Según datos del sector, más del 95% de las operaciones de compraventa en el país se realizan hoy con intervención de corredores matriculados. Apenas entre el 3% y el 5% corresponde a operaciones entre dueños directos, permutas o acuerdos sin intermediación profesional.

Para Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI, el debate "debe separar la protección del consumidor de la protección del privilegio corporativo". "El sistema actual limita la competencia porque impide que personas formadas comercialmente puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional", sostuvo García Malbrán.

Desde la entidad remarcaron que la discusión no pasa por eliminar controles, sino por cambiar el modelo. Según Malbrán, en mercados como Estados Unidos o Reino Unido la competencia, la reputación digital y las herramientas tecnológicas generan mecanismos de autorregulación más eficientes que los sistemas colegiados.

"Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la trazabilidad digital y la competencia", afirmó García Malbrán. La visión coincide con la lógica que impulsa el Gobierno nacional en otros sectores económicos: reducir regulaciones, eliminar restricciones al ingreso y permitir que el mercado determine precios y funcionamiento.

Sturzenegger ya había anticipado durante el encuentro sectorial organizado por Reporte Inmobiliario que el objetivo es avanzar sobre aquellas regulaciones que, según su visión, "encarecen artificialmente" servicios profesionales y limitan la competencia. En paralelo, el funcionario considera que la digitalización de procesos, la interoperabilidad de datos y la simplificación administrativa permitirán operaciones inmobiliarias más ágiles y menos costosas.