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Nevaco Global
21 de septiembre de 2026

10 propuestas para transitar una nueva era geopolítica en América Latina y el Caribe presentó CEPAL

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Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica es el nombre del documento elaborado por CEPAL. Se trata de un análisis sobre los cambios que se han dado en el orden mundial y cómo la región puede impulsar su desarrollo a través de estrategias claras y gobernanza efectiva.

Este documento se elaboró con base a ocho rupturas identificadas en el mundo:

China reunirá a más de 300 robots en su próxima media maratón humanoide en Pekín

Ante esto, en el documento elaborado por la Comisión Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe de CEPAL.

1. Aprovechar los activos estratégicos de América Latina y el Caribe para impulsar el desarrollo.  La Comisión plantea que la región debe convertir sus ventajas actuales en herramientas concretas de desarrollo. Se identifica cinco grandes grupos de activos: recursos naturales —energía, alimentos, minerales críticos, biodiversidad y agua—; capacidades productivas, humanas y financieras; el tamaño del mercado regional; activos políticos, como su condición de zona de paz y su apuesta por el multilateralismo; y su poder blando cultural y creativo. El reto no es únicamente poseer estos recursos y capacidades, sino definir estrategias de largo plazo que permitan utilizarlos para aumentar la competitividad, la resiliencia y el peso de la región en el mundo.

2. Utilizar los recursos naturales como una herramienta estratégica de negociación.  América Latina y el Caribe posee recursos que adquieren especial importancia en el nuevo escenario mundial. Según el informe, concentra el 46% de las reservas mundiales de litio, el 35% de cobre, el 28% de grafito y el 23% de tierras raras; además, es la principal región exportadora neta de alimentos, alberga casi la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta y un tercio de sus recursos de agua dulce. La propuesta es aprovechar esa posición no solo mediante la extracción o exportación de materias primas, sino generar valor agregado, fortalecer el procesamiento y la industrialización local, desarrollar proveedores y utilizar áreas como la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la economía azul como activos estratégicos.

3. Ampliar las políticas de desarrollo productivo.  La Comisión sostiene que los sectores y clústeres competitivos de la región no han surgido únicamente de manera espontánea, sino que en muchos casos son resultado de la colaboración entre empresas, instituciones públicas y organizaciones vinculadas al conocimiento. Por ello propone ampliar las políticas productivas en sectores con alto potencial, combinando ciencia, tecnología, innovación, transformación digital, capacitación, financiamiento, infraestructura y estrategias de internacionalización. También plantea aprovechar las redes de la diáspora, las revoluciones tecnológicas y la transición verde para acelerar la transformación productiva, generar crecimiento y crear empleo.

4. Fortalecer la integración y la cooperación regionales.  El documento destaca que América Latina y el Caribe conforman un mercado de más de 660 millones de personas, pero el comercio entre los propios países de la región representa apenas el 14% de sus exportaciones totales de bienes. La Comisión considera que una mayor integración permitiría diversificar la producción, facilitar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, estimular las inversiones dentro de la región y reducir la vulnerabilidad frente a las perturbaciones del comercio mundial. Para conseguirlo propone avanzar en infraestructura conjunta, facilitación comercial, convergencia regulatoria, digitalización de trámites, comercio de servicios y una mejor gestión de la migración intrarregional.

5. Aprovechar al máximo el talento humano de la región.  La CEPAL identifica como una ventaja el crecimiento de una fuerza laboral más calificada y de las capacidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, advierte que persisten deficiencias educativas y grandes desigualdades en el acceso a conocimientos y competencias. Entre las medidas planteadas están mejorar la educación desde la primera infancia, avanzar hacia una secundaria universal, desarrollar habilidades cognitivas y digitales, modernizar la formación técnica y profesional, fortalecer la educación superior y la investigación, conectar mejor la formación de los jóvenes con las necesidades laborales y ampliar los programas de reconversión profesional. También vincula los sistemas de cuidado con una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

6. Fortalecer la gobernanza, las instituciones y la democracia.  La Comisión considera que las demás propuestas difícilmente pueden ejecutarse sin instituciones sólidas y una gobernanza eficaz. Establece cuatro líneas principales: fortalecer la capacidad del Estado para implementar políticas; recuperar la confianza y legitimidad de las instituciones; construir consensos mínimos en sociedades políticamente polarizadas; y enfrentar la expansión de la delincuencia organizada. El documento relaciona además la fortaleza de las instituciones democráticas con la posibilidad de mantener estrategias de desarrollo a largo plazo, promover un crecimiento inclusivo y disminuir la pobreza y las desigualdades.

7. Reforzar la capacidad fiscal del Estado.  Para sostener políticas de desarrollo en el tiempo, los gobiernos necesitan capacidad para obtener y administrar recursos públicos. La propuesta contempla avanzar hacia estructuras tributarias progresivas y sostenibles, reducir la evasión y la elusión fiscal y mejorar la calidad y el impacto del gasto público. La Comisión subraya que esto no depende únicamente de reformas técnicas: también requiere capacidad política para alcanzar acuerdos fiscales suficientemente amplios y duraderos que permitan financiar estrategias de desarrollo más allá de coyunturas o períodos gubernamentales.

8. Tratar la delincuencia organizada como un problema de gobernanza regional y no únicamente de seguridad.  El informe advierte que las organizaciones criminales llegan a ejercer una especie de gobernanza de facto en determinados territorios: controlan mercados, resuelven disputas, extorsionan a habitantes y desplazan la autoridad estatal. Por eso plantea una respuesta integral que vaya más allá de las operaciones de seguridad. Propone recuperar la presencia coordinada del Estado en los territorios, ampliar las oportunidades económicas y sociales para reducir el reclutamiento criminal, atacar los circuitos financieros que sostienen a estas organizaciones y crear coaliciones regionales e internacionales capaces de responder al carácter transnacional de las redes ilícitas.

9. Evitar alineamientos rígidos, mejorar el análisis geopolítico y diversificar las alianzas.  Ante la competencia entre China y Estados Unidos, la Comisión plantea que los países latinoamericanos y caribeños eviten, en la medida de lo posible, verse obligados a “tomar partido”. En su lugar, propone diversificar relaciones y construir alianzas sobre asuntos específicos, particularmente con potencias medianas y economías emergentes. El informe reconoce que esta estrategia dependerá de las circunstancias de cada país y de cada tema: plantea recurrir a la diversificación cuando sea posible y al alineamiento cuando sea necesario, procurando conservar margen de maniobra. Para ello también recomienda fortalecer las capacidades de análisis geopolítico de gobiernos, empresas y academia.

10. Priorizar la cooperación práctica frente a la creación de nuevas instituciones.  La última propuesta parte de un problema identificado por la Comisión: los mecanismos regionales que exigen consenso absoluto pueden terminar bloqueando decisiones y paralizando organismos. Frente a la fragmentación política existente, plantea concentrarse en temas específicos en los que varios países tengan intereses comunes y estén dispuestos a actuar conjuntamente, con objetivos, plazos, responsabilidades y financiamiento definidos. La Comisión señala que buena parte de la estructura institucional necesaria ya existe; por ello, más que crear nuevas organizaciones, propone mejorar la coordinación política y técnica y fortalecer las instituciones existentes alrededor de un número limitado de prioridades estratégicas.

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