La rendición silenciosa de la ideología

En política, las grandes decisiones rara vez se anuncian con estridencia. Las más importantes suelen llegar disfrazadas de tecnicismos, comités de expertos o nuevos instrumentos financieros. Mientras la conversación pública en México gira entre la inseguridad, la elección judicial, el Mundial y la confrontación política cotidiana, hay un debate mucho más profundo que apenas comienza a asomarse: el de los límites económicos de la soberanía.No es un asunto menor. Es, probablemente, la discusión que marcará el resto del sexenio de Claudia Sheinbaum.

Durante casi una década, el discurso de la Cuarta Transformación sostuvo que la recuperación del Estado era la respuesta a los excesos del mercado. La energía fue el emblema de esa narrativa. Se fortaleció a Petróleos Mexicanos, se reivindicó a la Comisión Federal de Electricidad y se cuestionó la apertura energética de 2013 bajo el argumento de que había debilitado la soberanía nacional.

Hoy la realidad económica plantea una pregunta distinta: ¿puede el Estado financiar por sí solo esa soberanía?

De acuerdo con la Secretaría de Energía y el Sistema de Información Energética, México importa alrededor del 70% del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos. Ese combustible no sólo abastece a la industria; también alimenta buena parte de las centrales que generan electricidad para millones de hogares. La dependencia energética dejó hace tiempo de ser una discusión ideológica para convertirse en un asunto de seguridad nacional.

En ese contexto no resulta casual que en los últimos meses haya cobrado fuerza la discusión sobre el desarrollo de los yacimientos de gas no convencional. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la instalación de un comité de especialistas para evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento de estos recursos, incluido el debate sobre el fracking. Paralelamente, diversos reportes periodísticos han revelado que el gobierno analiza mecanismos financieros que permitan incorporar inversión privada bajo esquemas regulados para impulsar estos proyectos.

La sola existencia de esa discusión representa un cambio significativo.

No porque el gobierno haya modificado oficialmente su postura, sino porque la realidad está obligando a revisar una premisa que parecía inamovible: que el Estado puede hacerlo todo solo.

No es un fenómeno exclusivamente mexicano. En prácticamente todas las economías desarrolladas, incluso aquellas con una fuerte participación estatal, la infraestructura energética, la exploración de hidrocarburos, las redes eléctricas y los grandes proyectos industriales combinan recursos públicos y privados. La diferencia radica en las reglas, la transparencia y la supervisión.

México enfrenta, además, un entorno internacional particularmente complejo.

Estados Unidos sigue siendo el destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas, una dependencia comercial que explica por qué cualquier modificación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera incertidumbre inmediata entre inversionistas nacionales y extranjeros. A ello se suma la revisión periódica del acuerdo comercial y un escenario internacional marcado por políticas industriales cada vez más proteccionistas.En otras palabras, el país necesita atraer inversión justo cuando el mundo se ha vuelto más cauteloso para invertir.

Durante años, buena parte del debate político mexicano enfrentó dos conceptos como si fueran incompatibles: soberanía o inversión privada.

La verdadera diferencia está entre un Estado que establece reglas claras para atraer capital hacia objetivos nacionales y un Estado que pretende sustituir completamente al capital privado sin contar con la capacidad financiera suficiente para hacerlo.

Los mercados no invierten por afinidad ideológica. Invierten cuando encuentran estabilidad jurídica, reglas previsibles y confianza institucional. Del mismo modo, los gobiernos no fortalecen su soberanía únicamente incrementando su participación en la economía, sino creando condiciones para que el desarrollo ocurra bajo reglas que beneficien al interés público.

Quizá por eso el debate sobre el gas no convencional resulta mucho más importante de lo que parece. No se trata únicamente del fracking. Tampoco se trata solamente de Pemex.Lo que está en juego es la manera en que el gobierno conciliará su identidad política con las necesidades económicas del país. La rendición silenciosa de la ideología.

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