Los retos económicos del Gobierno que salga de las urnas el 29-N

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conversa con el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de abril. / Eduardo Parra - Europa Press

El Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre heredará una economía que mantiene un ritmo de crecimiento por encima de los grandes países europeos, con la tasa de paro en mínimos de 2008, calificaciones crediticias de alta solvencia por parte de las tres principales agencias y una ratio de deuda por debajo del 100% por primera vez desde la pandemia. Sin embargo, el nuevo ejecutivo hará frente a una acuciante crisis de vivienda, una galopante inflación en el 4,9% y un avance de la productividad que sigue marcando la situación del mercado de trabajo.

El punto de partida no es, sin embargo, el de una economía estancada. BBVA Research acaba de elevar esta semana su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,6%, aunque anticipa una desaceleración del 2,1% en 2027. El consumo privado y el empleo continúan sosteniendo la actividad, pero el aumento del coste de la energía y el endurecimiento de las condiciones financieras amenazan con restar impulso durante los próximos trimestres.

El desafío para el próximo Ejecutivo será, por tanto, doble: gestionar las tensiones más inmediatas sin comprometer la capacidad de crecimiento futuro. La economía española tendrá que encontrar nuevas fuentes de productividad a medida que pierdan intensidad algunos de los vientos de cola de los últimos años, al tiempo que aborda problemas estructurales que empiezan a interferir directamente en la actividad económica. “Cabe esperar ruido político, pero un cambio de rumbo para la economía española parece poco probable, al menos por el momento”, señala Martin Wolburg, economista senior en Generali Investments.

La vivienda es el principal problema de los españoles según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y una de las grandes banderas a las que se acoge el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para seguir en La Moncloa. Los alquileres medios prácticamente se han duplicado durante la última década y los precios de oferta de compra han aumentado alrededor de un 90%. La dificultad de acceso no afecta únicamente a los hogares: puede limitar la movilidad laboral, dificultar la captación de trabajadores en las grandes ciudades e incluso reducir el atractivo de determinadas zonas para nuevos proyectos empresariales.

El diagnóstico sobre la escasez es ampliamente compartido, aunque existe mucha menos coincidencia sobre cómo corregirla. El Banco de España alertó en septiembre que España necesita un millón de viviendas para 2028 y la inmobiliaria Savills prevé que el déficit de hogares supere las 850.000 unidades a finales de 2027.

Desde posiciones empresariales se pone el acento en aumentar la oferta mediante más suelo finalista, agilización de licencias y reducción de trámites administrativos. Christian Chase, economista jefe del Círculo de Empresarios, considera que intervenir de forma general sobre los precios sin resolver primero la falta de vivienda disponible puede agravar los desequilibrios entre oferta y demanda.

Álvaro Gaertner, economista del gabinete de Estudios Económicos de CCOO, en cambio, se plantea combinar una intervención más intensa sobre el mercado del alquiler con un fuerte aumento de la vivienda asequible. Entre sus propuestas figuran la regulación de precios en zonas tensionadas, un mayor control de los alquileres temporales y turísticos y la creación de parque residencial mediante construcción, adquisición y movilización de viviendas vacías.

En medio de estas diferencias, existe un punto de encuentro: ampliar la oferta resulta imprescindible. El Consejo General de Economistas considera que la vivienda debería convertirse en una política de Estado, combinando protección social, seguridad jurídica e incentivos económicos, y recuerda que una escasez estructural difícilmente puede solucionarse actuando únicamente sobre el reparto del stock existente.

La siguiente legislatura comenzará además con una anomalía presupuestaria. España sigue funcionando con unas cuentas aprobadas en 2023, una situación que limita la posibilidad de adaptar el gasto a las nuevas prioridades económicas y dificulta la puesta en marcha de políticas que requieran nuevas partidas. Desde el PP sostienen que “el Ejecutivo de Sánchez ha podido gobernar sin presupuestos gracias a la flexibilidad que le han otorgado los fondos europeos”.

La aprobación de unos Presupuestos permitiría ordenar de nuevo la política económica en un único marco y no a través de sucesivas medidas parciales. También facilitaría la planificación de inversiones, daría mayor visibilidad a empresas y administraciones y reforzaría el control sobre el cumplimiento de las reglas fiscales.

La CEOE subraya precisamente que las cuentas públicas son el principal instrumento para trasladar las prioridades políticas a la acción de gobierno. Su actualización permitiría ajustar el gasto a una realidad económica muy distinta de la de 2023 y mejorar tanto la transparencia como la rendición de cuentas.

A ello se suma una reforma pendiente desde hace años: la financiación autonómica. El reparto de recursos entre la Administración central y las comunidades determina una parte sustancial del gasto en sanidad, educación y dependencia y, por tanto, condiciona también la sostenibilidad financiera del conjunto del sector público. El Gobierno consiguió desbloquear la reforma en septiembre, con 20.975 millones adicionales más para las comunidades autónomas. El modelo contemplaba los mayores incrementos para Andalucía y Cataluña, con 4.846 y 4.686 millones adicionales, respectivamente. Salió adelante con el respaldo de Cataluña y Canarias, pese al rechazo del resto de comunidades.

La convocatoria electoral del 29 de noviembre ha dejado, sin embargo, la reforma en un limbo. La financiación autonómica se convierte así en uno de los grandes asuntos que heredará el próximo Ejecutivo y en una prueba temprana de su capacidad para construir consensos territoriales y presupuestarios.

España ha conseguido crecer con fuerza después de la pandemia, pero buena parte de esa expansión se ha apoyado más en el aumento del empleo y de la población que en ganancias significativas de productividad. Los datos aportados por el Círculo de Empresarios ilustran esta brecha. Desde el cuarto trimestre de 2019, el PIB real ha avanzado un 11,9%, mientras que el PIB por hora trabajada apenas ha aumentado un 1,7% y el PIB por ocupado ha retrocedido un 0,3%.