Sin RIGI ni RIMI, los olivícolas y pistacheros aseguran que pierden inversiones

Son dos sectores con potencial de crecimiento, pero no califican como pequeñas empresas y no alcanzan los USD 200 millones del primer régimen de incentivo.

Tanto la olivicultura como los pistachos y otros frutos secos coinciden en que apostaron por tecnificar su producción, lo que requiere más inversión, además de demorar en dar rentabilidades.

Entre los sectores productivos con posibilidad de crecer San Juan tiene dos alternativas clave: los productores olivícolas y los de pistacho. Son a largo plazo, generan exportaciones y se han desarrollado con especial cuidado del recurso hídrico en los últimos años. Además, los dos cuentan con expectativas de crecimiento en la demanda global.

Pero estas condiciones externas e internas positivas se ven frenadas porque no cuentan con un esquema de incentivos, aseguran los productores. Tanto desde la Cámara Olivícola de San Juan como referentes de pistacheros aseguraron a DIARIO DE CUYO que han quedado afuera de las herramientas que propone el gobierno nacional, haciendo que pierdan posibles inversiones.

La crítica de los productores se concentra en que otras áreas de la economía, como la minería, han recibido ayudas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). Estos plantean ayudas bajando la carga impositiva, atendiendo las condiciones especiales de desarrollo de las inversiones y su potencial exportador.

En cambio, para estos sectores de la agroindustria, no existe un marco regulatorio que los impulse a seguir apostando por la actividad. Si bien hay empresarios que están destinando dinero a hacer crecer la producción de pistacho y olivo, creen que podría haber más volumen de dinero destinados a estas actividades. En paralelo, quienes pueden elegir dónde destinar fondos, se encuentran con otros sectores que sí tienen beneficios y terminan eligiéndolos.

Uno de los filtros que han afectado más a estos dos sectores productivos son los montos que limitan el ingreso a los dos programas que lanzó el gobierno nacional. Es que para poder acceder a los beneficios, se necesita cumplir con valores máximos o mínimos de desembolsos.

En el caso del RIGI, que es el programa que lleva más tiempo funcionando y que en San Juan tuvo muy buenos resultados, con cuatro proyectos aprobados en minería y dos más que están en carrera, el monto mínimo de inversión es de 200 millones de dólares. Estos no son valores que se den en general en el sector agroproductivo de una sola vez y con las condiciones que pide el régimen.

Para el RIMI, el monto mínimo para una Pyme tramo 2 es de 9 millones de dólares, pero muchas de las empresas que están detrás de olivos o pistachos están categorías muchas de ellas como grandes, por lo que no pueden incorporarse. Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, aseguró que estas condiciones “dejan fuera a un amplio universo de compañías que invierten en la economía real montos relevantes, por ejemplo entre 10 y 50 millones de dólares, pero no alcanzan los requisitos exigidos para acceder a los beneficios”.

Esto ha puesto un freno al sector, que no puede ingresar al régimen de mayores montos y tampoco está en condiciones de aprovechar el RIMI. Con esto, lo que pierden no es solo la oportunidad de estar en igualdad de condiciones que otros sectores de la economía, como energías, minería y oil&gas, sino también de acceder a beneficios que para el sector agrícola cambiarían por completo la factibilidad.

Por su naturaleza, la producción de olivos y frutos secos necesitan de condiciones que se adapten a sus procesos y tiempos de desarrollo. Estos cultivos tienen en común que requieren tecnología para ser competitivos, lo que se traduce en grandes inversiones, además de mucho tiempo de espera para poder tener rentabilidad.

Fernández explicó que no tener incentivos “resulta especialmente nocivo en proyectos de largo plazo, que al demorar ocho, diez o más años en generar retornos”. Las actuales condiciones obligan a un productor de pistacho a hacer todo el gasto en un principio de riego, tierras, plantaciones, infraestructura y equipamiento industrial. De ahí queda cerca de una década en la que no hay rendimientos positivos, pero las fincas deben mantenerse de forma constante hasta las primeras cosechas de buen volúmen.

Uno de los puntos que detalló el empresario es que deben pagar IVA durante este periodo, que sin tener actualización por inflación “termina transformándose en un sobrecosto del 21% que desalienta la inversión productiva”.

En el caso de la minería, por ejemplo, el RIGI soluciona parte de estas condiciones, que son similares. Durante los años en los que se pone en marcha el proyecto y alcanza su estado de producción rentable, cuentan con beneficios fiscales. En cambio el sector agrícola debe enfrentarse a estas circunstancias sin ningún atenuante.

Fernández sumó a esto que tanto en el RIGI como el Súper RIGI, otra herramienta que plantea lanzar Nación, se ha previsto “una reducción sustancial de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, pasando del 5% al 25% en el primero y el 15% en el segundo”. El empresario criticó que este beneficio “hoy no se encuentra disponible para la mayoría de las actividades productivas del país”.