Las Cortes no tramitarán la ley de agentes medioambientales

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La proposición de ley del cuerpo de agentes medioambientales, registrada el pasado 31 de julio por UPL y Soria YA, no se someterá a la toma en consideración por el pleno de las Cortes después de que la Junta se haya opuesto a su tramitación parlamentaria. La Mesa de las Cortes acordó en su última reunión descartar esta iniciativa legislativa, que ya había llegado a la Cámara autonómica en la pasada de legislatura.

De acuerdo a la documentación parlamentaria, el informe de la Junta, aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 17 de septiembre, sostiene que la aprobación de la proposición de ley supondría un incremento de las partidas presupuestarias de unos once millones de euros anuales, sin contar con los costes "diferidos", que a su juicio se derivan de las obligaciones y mandatos legales que se remiten a un posterior desarrollo reglamentario.

Respecto a los criterios "técnicos", la Junta sostiene que la proposición refuerza la vertiente de "policía, custodia y vigilancia" de los agentes medioambientales, desvinculándolos de la gestión facultativa y acercándolos a lo que pudieran ser unos cuerpos policiales como el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Según la Junta, esto daría lugar a una "duplicidad", lo que considera "inadecuado, ineficaz y generador de un gasto de dinero público claramente injustificado". También entiende que el cambio propuesto por UPL y Soria YA obligaría a crear un cuerpo nuevo de personal facultativo (capataces forestales).

En cuanto a la creación de tres escalas dentro del cuerpo de agentes medioambientales (superior, técnica y operativa) las dos primeras, advierte, se solaparían con las funciones que tienen ahora asignadas el Cuerpo Superior de la Administración, el Cuerpo de Gestión de la Administración, el Cuerpo de Ingenieros de Montes y el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales.

Por otro lado, indica que su dependencia de la Consejería de la Presidencia podría implicar "graves disfunciones" en los trabajosde control del personal del operativo de incendios o en la gestión de aprovechamientos forestales. Sobre su integración en la sala del 1-1-2, cree que generaría un problema en la "logística" de funcionamiento del servicio de emergencias.

En la legislatura pasada, esta proposición de ley, que UPL y Soria YA registraron en mayo de 2025 cuando formaban grupo propio, fue descartada por la Mesa de las Cortes en septiembre de ese año por el informe contrario de la Junta ya que estimaba que iba a suponer un gasto adicional de al menos 10,64 millones de euros.

No obstante, se recuperó en octubre y un mes después, en noviembre, tras el apoyo del pleno, comenzó su tramitación con la abstención del PP y la oposición de la Junta, si bien la convocatoria de elecciones autonómicas en enero dejó en vía muerta esta regulación.

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