El infierno tiene herederos

En este artículo el autor intenta examinar los límites de un progresismo cuyas concesiones desdibujan propuestas y cuyas mejoras materiales no bastan para construir adhesiones: la precariedad, el endeudamiento y la búsqueda de protección alimentan vínculos que la reacción sabe organizar. Frente a los diagnósticos complacientes y la resignación, defender electoralmente a Lula es urgente, pero insuficiente: hace falta reconstruir solidaridades y capacidad colectiva de transformación. Resistir exige disputar las urnas y la vida cotidiana, sin confundir la necesidad de luchar con la certeza de vencer.

El infierno se ha extendido. En Brasil los demonios tienen apellido, pero su avance pertenece a una geografía mucho mayor que la de una familia. La ventaja de Flávio Bolsonaro y el fortalecimiento de la extrema derecha en el Congreso y los gobiernos estaduales amenazan nuestro porvenir. Brasil pesa demasiado en nuestras posibilidades de autonomía, en nuestras disputas democráticas y en las condiciones materiales de nuestra existencia para contemplar lo ocurrido como extranjeros. Esas posiciones ofrecen una plataforma para conquistar la presidencia y someter sus contrapesos. Si esa ofensiva se completa -y solo un milagro parece capaz de impedirlo-, arrastrará mucho más que un gobierno. El desenlace presidencial sigue abierto, pero nuestro porvenir común ya está siendo diezmado.

La escena familiar condensa una torsión inquietante: el padre condenado por intentar doblegar el orden democrático; la esposa y un hijo elegidos para el Senado; otro hijo diputado; Eduardo, prófugo de la justicia instalado en Estados Unidos y dedicado a promover presiones contra su propio país; y Flávio, a las puertas de una presidencia desde la cual podría favorecer la libertad del patriarca. La sucesión promete convertir la sanción del golpismo en un inconveniente transitorio del patrimonio doméstico. Detrás del apellido hay poderes empresariales, organizaciones religiosas, redes territoriales y plataformas digitales, junto con resentimientos cultivados, racismo y expectativas que las izquierdas no supieron convertir en un horizonte propio. La monstruosidad se construye, se financia y aprende a presentarse como solución. Puede ofrecer a quienes padecen la desigualdad el consuelo de ejercerla sobre alguien situado aún más abajo.

«Detrás del apellido hay poderes empresariales, organizaciones religiosas, redes territoriales y plataformas digitales, junto con resentimientos cultivados, racismo y expectativas que las izquierdas no supieron convertir en un horizonte propio. La monstruosidad se construye, se financia y aprende a presentarse como solución»

Hay aquí una dimensión trágica que excede el dolor de una derrota electoral y recupera aquella escena griega en la que los protagonistas contribuyen, con sus actos, a preparar su desgracia. El pueblo desciende de las gradas y entra en el escenario: sus decisiones forman parte de la trama que puede despojarlo de derechos y estrechar sus posibilidades de existencia. Las promesas de protección pueden armar a sus verdugos; las de libertad, legitimar nuevas servidumbres. El reconocimiento del sentido de sus actos acaso llegue cuando el daño resulte irreparable. Pero el oráculo contemporáneo tiene financiadores, operadores y medios: trabaja para que una relación de fuerzas construida históricamente adquiera la autoridad de un destino. Queda una segunda vuelta, aunque el horizonte se haya oscurecido hasta volver casi inverosímil otro desenlace. También esa incredulidad interviene en la tragedia: la certeza de la derrota puede convertirse en uno de los actos que ayudan a consumarla.

La amenaza alcanza el suelo y el cielo de esa historia. La Amazonia, los territorios indígenas y las condiciones climáticas que sostienen la vida desbordan cualquier contabilidad nacional de vencedores y vencidos. La convergencia entre autoritarismo, subordinación continental y devastación ambiental vuelve el peligro brasileño una preocupación planetaria. México y, en menor medida, Uruguay -con su aturdido y tibio gobierno progresista- ofrecen apoyos para imaginar otros rumbos, pero ninguna resistencia cabe por entero en un mapa de presidencias. También vive en organizaciones, comunidades y luchas que persisten bajo gobiernos adversos. La tragedia avanza, pero su desenlace todavía deberemos disputarlo.

El Senado aprueba las designaciones de integrantes del Supremo Tribunal Federal y puede juzgarlos por delitos de responsabilidad. Su composición compromete al poder que sancionó la tentativa golpista. Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Flávio, llevó al presidente de la Corte una promesa de ausencia de revancha, acompañada de la advertencia de que el Senado no se inhibiría de juzgar a los magistrados. La mano tendida deja a la vista el instrumento de castigo. Después de anunciar que tendría votos para cambiar la Constitución y “redemocratizar” Brasil, Flávio aclaró que promovería enmiendas parlamentarias. La precisión mantiene el propósito de recortar competencias del Supremo, limitar decisiones individuales y modificar las designaciones, junto con reclamos de juicio político. Respetar la Constitución puede convivir con el propósito de debilitar a quienes deben hacerla cumplir. Reformarla exige tres quintos de cada cámara en dos votaciones: 308 diputados y 49 senadores. El Partido Liberal, Unión-Progresistas y Novo reúnen 218 diputados y, según la composición proyectada, 43 senadores. Destituir a un magistrado exige una mayoría distinta: 54 senadores. La amenaza dispone de una fuerza acrecentada, pero todavía necesita negociar: las bancadas no votan por simple parentesco ideológico. El programa incluye bajar la edad de imputabilidad y construir medio millón de plazas carcelarias: una formidable inversión en encierro presentada como seguridad. El golpe fallido podría enseñar a sus herederos a conquistar electoralmente las instituciones que antes intentaron avasallar. Esa ofensiva aprovecha también el descrédito institucional. Las denuncias del caso Banco Master alcanzan a figuras de derecha y a integrantes del Supremo, pero la identificación de la Corte con la resistencia al golpismo permite trasladar parte del daño a la izquierda. Defender las condenas no exige extender certificados de probidad a los magistrados. Confundir ambas cosas facilita convertir sospechas sobre jueces en argumentos contra sus fallos. Ninguna denuncia trae incorporado el mecanismo que la convierte en pérdida de votos.

Tampoco una eventual reelección de Lula devolvería las cosas a su lugar. Según el recuento de Bpost, el conjunto de las derechas reúne 292 de los 513 diputados: una mayoría que aún necesita aliados para reformar la Constitución, pero que estrecha el margen de un gobierno progresista. A ese Congreso se añaden gobiernos estaduales con recursos, redes territoriales y aparatos de seguridad. La cercanía de los votos presidenciales convive con un poder más desigual y mayores obstáculos para redistribuir, proteger el ambiente y defender la autonomía. A ello se suma el costo de una gobernabilidad sostenida mediante concesiones que desdibujan las propuestas del gobierno. Cuando los acuerdos vuelven irreconocible una iniciativa, dificultan reconocer qué defiende la izquierda y quién impide realizarlo. Las asignaciones presupuestarias que los legisladores orientan hacia sus territorios fortalecen redes propias y reducen su dependencia del Ejecutivo. La conciliación adquiere una dinámica trágica cuando las concesiones destinadas a sostener la capacidad de gobernar debilitan los apoyos necesarios para ejercerla. No había una salida sin riesgos: la movilización y la confrontación tampoco garantizaban victorias parlamentarias y podían alimentar una amenaza de destitución. Pero esa incertidumbre no convierte cada renuncia en necesidad indiscutible. Flávio podría emplear la presidencia para acelerar una ofensiva instalada; Lula debería contenerla en condiciones más adversas, revisando una estrategia que no logró desarticularla. El balotaje se disputa sobre un terreno ya transformado.

«Tampoco una eventual reelección de Lula devolvería las cosas a su lugar. Según el recuento de Bpost, el conjunto de las derechas reúne 292 de los 513 diputados: una mayoría que aún necesita aliados para reformar la Constitución, pero que estrecha el margen de un gobierno progresista»

Washington actúa con instrumentos que desbordan la simpatía por un candidato. Aranceles, sanciones y presiones diplomáticas trasladan una preferencia política al costo cotidiano de las decisiones soberanas. Esa presión tiene promotores dentro del país: el bolsonarismo reclama la intervención extranjera para fortalecer su posición y exhibe la tutela estadounidense como liberación nacional. La soberanía se vuelve un obstáculo que sus aspirantes a custodios invitan a remover. Senadores demócratas denunciaron ante Marco Rubio una campaña de interferencia con antecedentes en otros países de la región. Su pregunta resulta reveladora: ¿se comprometerá Washington a reconocer el resultado certificado de las elecciones brasileñas? La voluntad popular queda así expuesta a una concesión exterior. El entusiasmo de Milei expresa la dimensión regional de esa trama. Después de atacar a Lula y a Alexandre de Moraes, celebra el avance de Flávio como propio. El interés nacional se subordina a la afinidad de facción. Mientras las izquierdas tropiezan al construir horizontes comunes, las extremas derechas intercambian respaldos, enemigos y legitimaciones. Cada victoria ofrece recursos y confianza a esa ofensiva, sin determinar otros resultados nacionales. La internacional reaccionaria coordina sus apuestas; los pueblos conservan el trabajo de disputar cada partida.

«El bolsonarismo reclama la intervención extranjera para fortalecer su posición y exhibe la tutela estadounidense como liberación nacional»

La defensa estadounidense de la libertad de expresión también tiene propietarios y balances. El conflicto con la justicia brasileña involucra a plataformas que pretenden administrar la circulación de mensajes sin controles que afecten su negocio. El escrutinio comercial sobre Pix, el loable sistema brasileño de pagos instantáneos, añade otra dimensión: una infraestructura pública que reduce la intermediación financiera puede convertirse en blanco de presión cuando desplaza intereses extranjeros. La dependencia se instala también cuando universidades y organismos estatales delegan sistemas y datos en grandes empresas. Cada contratación parece una solución práctica; su acumulación estrecha la capacidad de decidir cómo funcionarán instituciones enteras. La soberanía exige capacidades propias para decidir qué tecnologías desarrollar, con qué fines y controles. Tratar la comunicación como una pieza del reparto ministerial deja a merced de acuerdos coyunturales un ámbito estratégico para la organización colectiva. La soberanía se disputa en lugares menos ceremoniales que una cancillería: en quién regula una plataforma, procesa un pago, dispone de los datos y decide las condiciones de acceso a la palabra pública.

La subordinación tampoco necesita producir una ruina económica inmediata para resultar devastadora. Puede convivir con negocios florecientes, exportaciones rentables y fortunas que crecen mientras se deterioran el trabajo, los servicios públicos y el ambiente. La riqueza natural podría sostener ganancias mientras la dependencia estrecha las posibilidades industriales y tecnológicas. Argentina ofrece un espejo de negocios prósperos y vidas empobrecidas. Para América Latina, la pérdida sería doble: se debilitaría un interlocutor con escala para negociar frente a las potencias y se reforzaría el alineamiento regional que Washington procura consolidar. El infierno puede presentar cuentas satisfactorias. Habrá que preguntar para quiénes, durante cuánto tiempo y a costa de qué vidas.

¿Cómo puede fortalecerse la extrema derecha incluso cuando mejoran las condiciones materiales de parte de la población? Las identidades políticas pueden atribuir otro origen a las mejoras, minimizar su alcance o considerarlas insuficientes. Quien asciende puede reconocer únicamente su esfuerzo individual y repudiar las condiciones colectivas que lo hicieron posible. Pero tampoco todo descontento nace de una percepción equivocada o una gratitud ausente. Los ingresos pueden aumentar mientras las deudas absorben una proporción mayor; el empleo, crecer sin aliviar jornadas extenuantes; el consumo, ampliarse mientras el transporte y la salud siguen imponiendo privaciones. Una mejora estadística puede ser real e insuficiente para modificar la experiencia de agotamiento e inseguridad. Las protestas de 2013 expresaron demandas de profundización de transformaciones que el PT no supo recoger y cuyo descontento terminó disputando la derecha. Ascender cambia las demandas y los criterios para juzgar a quienes gobiernan. Restaurar lo perdido ofrece pocas respuestas a quienes esperan una vida distinta. El progresismo puede defender un pasado convertido en agravio por sus adversarios o presentar como culminación lo que sus bases vivieron apenas como comienzo. Quizás la anomalía haya sido aquella recuperación democrática que celebramos mientras la reacción consolidaba su pretensión de normalidad. Defender lo conquistado exige comprender las fuerzas que procuran destruirlo y las necesidades que quedaron sin respuesta.

«Las protestas de 2013 expresaron demandas de profundización de transformaciones que el PT no supo recoger y cuyo descontento terminó disputando la derecha»