Brasil, el último dique: Lula y Bolsonaro llegan igualados a unas elecciones clave para Latinoamérica

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, las siete elecciones presidenciales celebradas en América Latina se han saldado con la victoria de una derecha cada vez más radicalizada.

Cuando arrancó la campaña electoral en Brasil, a mediados de agosto, el presidente Lula da Silva aventajaba en siete puntos al senador Flávio Bolsonaro —hijo mayor del expresidente condenado a 27 años por el intento de golpe de 2022—. Esa distancia se ha evaporado. Una campaña centrífuga, de cuerpo a cuerpo, ha vaciado el centro y ha llevado al candidato del Partido Liberal (PL) al empate técnico en vísperas de la primera vuelta de este domingo.

Lula ha hecho de su gestión su principal baza. Abrió la campaña en São Bernardo do Campo, donde dirigió las huelgas metalúrgicas contra la dictadura, y desde entonces ha esquivado los debates ásperos en los que la ultraderecha se mueve con comodidad —armas, aborto, educación— para atrincherarse en el único donde la campaña ultra carece de respuesta: el bolsillo. La apuesta asume que el miedo a la quiebra democrática, que le dio la victoria en 2022, ya no moviliza tras cuatro años de gobierno.

Los datos acompañan la tesis de Lula. El paro cerró 2025 en el 5,4%, el nivel más bajo en catorce años, con más de 103 millones de ocupados; la pobreza extrema bajó al 4,4%, la FAO retiró al país del Mapa del Hambre, al que había regresado con Bolsonaro, y la economía creció un 2,3%. El Gobierno ha conseguido traducir gran parte de esos datos macro en medidas que se notan en la nómina y en la despensa: la exención del impuesto sobre la renta para salarios de hasta 5.000 reales —unos 800 euros—; el programa Gás do Povo, que entrega gratis la bombona para que los hogares pobres no vuelvan a cocinar con leña, y una subida de la Bolsa Família —el programa de transferencias a familias pobres— que la oposición tacha de electoralista.

El reto es que esos votantes acudan. En Brasil el voto es obligatorio, pero la multa por no hacerlo —3,51 reales, poco más de medio euro— apenas disuade, y en la primera vuelta de 2022 se abstuvo casi el 21% del censo. Lula arrasa en el nordeste —55% frente al 25%, según Datafolha—, entre las rentas bajas, las mujeres y los católicos; Flávio domina el sur y las rentas medias, y el sudeste, con cuatro de cada diez votantes, está empatado.

Ahí asoma el mayor enemigo de Lula: los que más faltan a las urnas son los electores con menor renta y escolaridad, y cada punto de participación perdido en el nordeste y las periferias erosiona el colchón del presidente, que en 2022 ganó por poco más de dos millones de votos. Flávio lo sabe y el martes invitó entre risas a quedarse en casa a quien no fuera a votarle.

Lula se ha envuelto, además, en la bandera. El arancel del 50% que Donald Trump impuso en 2025 a los productos brasileños en represalia por el juicio contra Bolsonaro le regaló un eje de campaña. El Supremo estadounidense anuló el gravamen trumpista en febrero, pero desde julio rige otro del 25% por una vía legal distinta. Un marco que Lula ha explotado durante el último año acusando a la oposición de apoyar a quien “daña a la patria y la economía” mientras él la defiende.

El 22 de septiembre, Lula llevó el debate a la Asamblea General de la ONU, donde denunció el uso de aranceles como instrumento de coerción y proclamó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”. Enfrente, Flávio pidió en mayo a Trump, en el Despacho Oval, que declarara terroristas al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho, las dos mayores facciones criminales del país, una designación que Brasilia lleva meses tratando de evitar.

Flávio Bolsonaro agita la inseguridad y la mano dura en un país que sigue desangrándose con 40.775 muertes violentas intencionales en 2025. Una cifra que lleva años bajando en las calles, pero no en la percepción de los brasileños, que sitúan la seguridad entre los principales problemas del país.

El programa electoral del senador ultra abre con el capítulo “Brasil Sem Medo”, prometiendo declarar “narcoterroristas” a facciones y milicias, castración química para los agresores sexuales y rebaja de la edad penal a los 14 años para los delitos más graves. “El bandido armado con un fusil en la mano será abatido”, promete el documento. Lula también ha entrado en ese terreno y vincula la creación de un Ministerio de Seguridad a una reforma constitucional que coordine a los tres niveles de gobierno contra el crimen organizado. “Es fácil matar al bandido en una favela; el problema es que el que manda vive en un ático”, dijo, admitiendo que la inseguridad es real sin asumir el marco ultra.

El resto del ideario bolsonarista combina Estado mínimo —un tesouraço o tijeretazo sobre el gasto, la supresión de diez ministerios y nuevas privatizaciones, en sintonía con la motosierra de Javier Milei— con un alineamiento con Washington y Tel Aviv escenificado con banderas estadounidenses e israelíes desde su primer mitin. Es el programa en el que convergen, cada vez con menos matices, las nuevas derechas radicales de la región: la seguridad como guerra que popularizó Nayib Bukele, el ajuste fiscal como dogma y la relación con Estados Unidos como adhesión antes que como negociación.

Flávio cuenta con el respaldo del bloque de las tres B —Bíblia, Boi e Bala; Biblia, bueyes y balas—: las iglesias evangélicas, entre cuyos fieles Datafolha le da un 47% frente al 27% de Lula; el agronegocio, y el lobby armamentista y policial.

La remontada no se explica por la ausencia de escándalos. Flávio está investigado por presunta corrupción y blanqueo por un hecho que él mismo ha admitido: Daniel Vorcaro, dueño del liquidado Banco Master, pagó millones de dólares para financiar Dark Horse, el biopic de su padre. Pero el caso también ha salpicado al Supremo: un informe policial reveló conversaciones de Vorcaro con un número atribuido al juez Alexandre de Moraes —el que llevó el proceso contra Jair Bolsonaro— en las que le pedía ayuda para frenar la investigación. El tribunal se reunió en septiembre, en una sesión sin precedentes, para decidir si investiga a uno de los suyos.

El bolsonarismo ha sabido mover el foco: su jefe de campaña, el senador Rogério Marinho, repite que Moraes y Lula son “dos caras de la misma moneda”. El argumento recicla la vieja cruzada de Jair Bolsonaro contra el Supremo y cala. A ello se suma el desgaste de cuatro años de gobierno —Quaest registra un 49% de desaprobación frente a un 46% de aprobación—, alimentado por el coste de la vida, los altos tipos de interés y el fraude a jubilados de la Seguridad Social (INSS). Con ambos candidatos rechazados por más de la mitad del electorado, el discurso antisistema azota a dos candidatos que saben lo que es gobernar.

El mundo mira al gigante sudamericano, un país de 213 millones de habitantes cuya superficie dobla la de la Unión Europea. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, las siete presidenciales celebradas en América Latina se han saldado con la victoria de una derecha cada vez más radicalizada —las últimas, Perú y Colombia, en junio—. Brasil es la última papeleta del ciclo.