Colombia después de Petro

Cuando el próximo presidente de Colombia asuma el poder el 7 de agosto, recibirá un país muy diferente al que encontró Gustavo Petro en 2022. La primera experiencia de la izquierda en la Casa de Nariño habrá dejado una huella profunda en la cultura política nacional, en el debate sobre la desigualdad y en la proyección internacional del país. Pero también dejará interrogantes inquietantes sobre la sostenibilidad fiscal, la seguridad territorial, el futuro de la transición energética y la capacidad del Estado para recuperar el control de amplias regiones dominadas por grupos armados.

La Colombia que heredará el sucesor de Gustavo Petro será un país atravesado por profundas contradicciones. Pocas veces en la historia reciente una administración ha conseguido alterar tan significativamente los términos del debate político nacional y, al mismo tiempo, dejar abiertos tantos frentes de incertidumbre sobre el futuro inmediato.

La presidencia de Gustavo Petro representó una ruptura histórica. Por primera vez la izquierda llegó al poder en un país que durante décadas fue considerado uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina y un bastión de las políticas de libre mercado y cooperación estratégica con Washington. Aquella victoria fue interpretada por amplios sectores sociales como el inicio de una transformación estructural destinada a corregir desigualdades históricas, ampliar derechos sociales y reformular la relación entre el Estado y los sectores tradicionalmente excluidos.

Sin embargo, cuatro años después, el balance aparece inevitablemente matizado por los límites de la realidad institucional, las restricciones económicas y la persistencia de problemas estructurales que ningún gobierno ha logrado resolver plenamente.

La primera característica de la Colombia que recibirá el próximo mandatario será una sociedad profundamente polarizada. Petro logró movilizar a millones de ciudadanos que durante décadas se sintieron marginados de los centros de decisión política. Al mismo tiempo, despertó una oposición intensa entre amplios sectores empresariales, conservadores y parte de las clases medias urbanas que percibieron sus reformas como una amenaza a la estabilidad institucional y económica.

Esa polarización no desaparecerá con el cambio presidencial. Por el contrario, probablemente continuará definiendo la vida política colombiana durante los próximos años. El país parece haber abandonado definitivamente la lógica bipartidista tradicional para ingresar en una dinámica de confrontación ideológica más marcada, similar a la que caracteriza actualmente a varias democracias latinoamericanas.

Desde el punto de vista económico, el nuevo presidente encontrará un panorama complejo y lleno de desafíos. El principal problema será el deterioro de las cuentas públicas. Diversos economistas han advertido que el déficit fiscal alcanzó niveles históricamente elevados durante el tramo final del mandato de Petro, situándose por encima del 6 % del producto interno bruto, mientras la deuda pública experimentó un aumento significativo.

La economía evitó la recesión y mantuvo tasas positivas de crecimiento, pero lo hizo a un ritmo considerablemente inferior al esperado por los sectores productivos. El crecimiento económico se desaceleró respecto de los años posteriores a la pandemia y la inversión privada mostró signos de cautela, especialmente en sectores estratégicos vinculados a la minería y los hidrocarburos.

Sin embargo, sería injusto presentar el balance económico exclusivamente en términos negativos. Petro deja también indicadores sociales que muestran mejoras apreciables. La inflación descendió respecto de los niveles extraordinariamente elevados heredados de la crisis pospandémica, el desempleo se mantuvo por debajo de los dos dígitos y los índices de pobreza registraron una evolución favorable.

Este contraste constituye probablemente la principal paradoja del legado económico del presidente saliente. Mientras los indicadores macroeconómicos reflejan fragilidades crecientes, numerosos indicadores sociales muestran avances que explican la persistencia de niveles de aprobación relativamente elevados para un mandatario que termina su gestión.

El gran debate económico del próximo cuatrienio girará alrededor de una pregunta fundamental: cómo preservar los avances sociales sin comprometer aún más la sostenibilidad fiscal del Estado.

Si el próximo presidente pertenece a la izquierda y proviene del espacio político construido por Petro, es probable que intente profundizar los programas de redistribución, fortalecer el papel estatal en sectores estratégicos y continuar la transición energética. Sin embargo, deberá hacerlo en un contexto presupuestario mucho más restrictivo que el existente en 2022.

Si, por el contrario, triunfa una candidatura de centroderecha o derecha, el énfasis probablemente se desplazará hacia la disciplina fiscal, la recuperación de la confianza empresarial, la atracción de inversión extranjera y la reactivación del sector energético tradicional, incluyendo nuevas exploraciones petroleras y eventualmente técnicas como el fracking.

La cuestión energética será uno de los principales campos de disputa política. Petro convirtió la transición ecológica en uno de los pilares ideológicos de su gobierno. Su negativa a impulsar nuevos contratos de exploración petrolera buscó posicionar a Colombia como referente global en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esta política generó fuertes cuestionamientos debido a la importancia que continúan teniendo los hidrocarburos para las exportaciones, las divisas y los ingresos fiscales del país.

Más allá de la economía, el desafío más urgente para el próximo presidente será la seguridad.