México cambia las reglas para ser presidente o gobernador: esto pasará desde 2028

México está a un paso de modificar los requisitos para llegar a los principales cargos ejecutivos del país.

La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de reforma constitucional en materia de nacionalidad única, después de recibir el respaldo de 22 legislaturas estatales. Con ello se cumplió la mayoría requerida por el artículo 135 de la Constitución y el decreto fue enviado al Poder Ejecutivo para continuar con su publicación y entrada en vigor.

La actualización llegó apenas unas horas después: este 7 de octubre, el gobierno federal informó que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto y que se prevé su publicación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). Al cierre de esta nota, la edición matutina todavía no lo incluía.

La modificación alcanza los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece nuevas condiciones para quien quiera convertirse en presidente o presidenta de México, gobernador o gobernadora de una entidad o jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Además de ser mexicano por nacimiento y cumplir los demás requisitos constitucionales, el aspirante deberá no tener ni adquirir otra nacionalidad.

Si cuenta con una segunda nacionalidad, tendrá que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato o candidata.

La reforma también establece restricciones durante el ejercicio del cargo: quien ocupe alguna de esas posiciones no podrá solicitar o adquirir otra nacionalidad, invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta a la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos vinculados a esa ciudadanía o acogerse a protección diplomática extranjera.

El régimen transitorio dispone que las nuevas reglas serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. Tampoco afectarán a quienes ya se encuentren ejerciendo alguno de esos cargos cuando la reforma entre en vigor.

Esto significa que la nueva disposición estará vigente para las gubernaturas que entren en procesos electorales desde ese año y, posteriormente, para la siguiente elección presidencial federal.

Después de la entrada en vigor, el Congreso tendrá 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral. Las entidades federativas contarán con el mismo plazo para armonizar sus constituciones y normas electorales.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Ejecutivo argumentó que quienes ocupen estos cargos deben tener un vínculo jurídico exclusivo con México y evitar potenciales conflictos relacionados con obligaciones o protección de otro Estado.

La propuesta avanzó con diferencias partidistas. En la Cámara de Diputados fue aprobada inicialmente con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. Posteriormente, el Senado la avaló con 86 votos a favor y 42 en contra antes de enviarla a las legislaturas estatales.

Legisladores de oposición cuestionaron que la medida pueda limitar las posibilidades políticas de mexicanos migrantes o ciudadanos binacionales, mientras que quienes respaldaron la reforma sostuvieron que los titulares de los poderes ejecutivos deben mantener exclusivamente la nacionalidad mexicana durante su candidatura y ejercicio del cargo.