RIGI para los líquidos de Vaca Muerta: Economía aprobó dos proyectos por US$ 3.244 millones

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos Vehículos de Proyecto Único (VPU) del sector Petróleo y Gas. Las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026 fueron firmadas el 12 de noviembre y se publicaron este viernes en el Boletín Oficial: entre las dos suman US$ 3.244 millones en activos computables y arman una cadena que arranca en la captación del gas rico de la Cuenca Neuquina y termina en la exportación de propano, butano y gasolina natural desde Bahía Blanca.

Los dos proyectos se complementan. Procesadora de Gas del Sur SA (PGS) se ocupa de captar y procesar el gas rico, mientras que Midstream de Gas del Sur SA (MGS) compra los líquidos resultantes para transportarlos, fraccionarlos, almacenarlos y exportarlos. El esquema quedó dividido en dos expedientes: el “Proyecto de Procesamiento”, en el subsector Procesamiento, y el “Proyecto de Transporte, Fraccionamiento, Almacenamiento y Comercialización”, en Transporte y Almacenamiento.

La resolución 1977/2026 aprobó a PGS con una inversión total en activos computables de US$ 1.394,7 millones. El proyecto incluye un sistema de gasoductos de captación con dos ramales de 24 pulgadas: el ramal Norte arranca en Sierra Chata y el Sur en la progresiva kilométrica 7 del Gasoducto Vaca Muerta Sur, en Fortín de Piedra. Ambos convergen en la progresiva 32 y siguen por un ducto unificado de 30 pulgadas hasta la Planta de Procesamiento de Tratayén, en Neuquén.

En Tratayén el plan contempla reconvertir los módulos criogénicos Propak P1 y P2, que hoy están operativos en la planta de Transportadora de Gas del Sur (TGS) bajo la modalidad de acondicionamiento, e incorporar dos módulos nuevos, el P3 y el P4. Con esa ampliación la capacidad total llegará a 1.200 millones de pies cúbicos estándar por día de gas rico. El gas rico es el que sale de los pozos con componentes más pesados mezclados con el metano: separarlos es lo que permite disponer del líquido por un lado y del gas por otro.

La resolución 1976/2026 corresponde a MGS, con una inversión de US$ 1.849,6 millones. El proyecto consiste en comprar líquidos de gas natural e hidrocarburos condensados para transportarlos, fraccionarlos, almacenarlos, despacharlos y exportarlos. La obra central es un poliducto de 577 kilómetros y 20 pulgadas entre la planta de Tratayén, en Neuquén, y General Daniel Cerri, en Bahía Blanca.

A esa traza se suman una planta de fraccionamiento con capacidad para 90.000 barriles diarios de mezcla de líquidos; tres ductos de transferencia dedicados de 16 kilómetros cada uno hacia la planta de almacenamiento y despacho; instalaciones de almacenamiento y despacho, y líneas de vinculación en el Puerto de Bahía Blanca. Según la resolución, la producción de propano, butano y gasolina natural estará destinada predominantemente a la exportación, aunque también se contempla la prestación eventual de servicios de transporte a terceros con la infraestructura del proyecto.

Ambas firmas fijaron el 14 de octubre de 2026 como fecha de adhesión al RIGI y de adquisición de derechos, cuando completaron la documentación requerida. Los considerandos indican que la construcción comenzó en mayo de 2026 y que las instalaciones entrarían en operación el 1 de febrero de 2030, con una vida útil estimada de 30 años.

En materia de compromisos, durante el primer y el segundo año desde la notificación cada VPU deberá acreditar inversiones en activos computables iguales o superiores al 40% de la inversión mínima del subsector. Además, las dos empresas se comprometieron a contratar proveedores locales por al menos el 20% del monto de inversión, tanto en la construcción como en la operación.

Antes de la aprobación, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó aprobar ambas solicitudes (Actas 32 y 33, del 19 de octubre). La Secretaría de Energía emitió informes técnicos favorables, y el Banco Central y la Procuración del Tesoro no formularon objeciones. Los expedientes incluyeron además un requisito nuevo: el decreto 868, del 3 de septiembre de 2026, dispuso la intervención previa y obligatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la ley 26.659, y Cancillería concluyó que no advierte que los VPU ni sus participantes directos o indirectos hayan incurrido en las conductas prohibidas por el artículo 2° de esa ley.

Las dos resoluciones no fijaron el mismo tratamiento cambiario. MGS aplicará los incentivos del capítulo V del título VII de la ley 27.742, incluido el artículo 198, que establece la libre disponibilidad de las divisas de exportaciones. PGS, en cambio, no solicitó ese beneficio, por lo que el Banco Central le aplicará los incentivos cambiarios con esa excepción; la firma declaró además que las divisas para importar bienes del proyecto se cubrirán con financiamiento externo.

Nota en base a EnerNews, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.

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