El Gobierno nacional eliminó el requisito de capital nacional para que una empresa sea considerada proveedora local de los proyectos que ingresan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida se instrumentó con el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que suprimió la obligación de que al menos el 51% del capital social de la firma proveedora —o los votos necesarios para formar la voluntad de la sociedad— estuviera en manos de titulares con domicilio fiscal en la Argentina.
A partir de la nueva reglamentación alcanza con que la sociedad esté constituida y domiciliada en el país, sin importar la nacionalidad ni la residencia de sus accionistas y sin considerar la composición de su capital. Así, una filial controlada íntegramente por una multinacional podrá computarse como proveedora local de los vehículos de proyecto adheridos al régimen, aunque la totalidad de su capital pertenezca a accionistas del exterior. No alcanza, en cambio, con una oficina comercial o una representación: la empresa debe operar mediante una persona jurídica constituida en el país.
Hasta esta modificación, la reglamentación del RIGI —el Anexo I del Decreto 749/2024— fijaba dos condiciones para ser proveedor local: la constitución y el domicilio en la Argentina, por un lado, y la titularidad del capital con domicilio fiscal en el país, por el otro. El nuevo texto del artículo 3, inciso f, define como proveedores locales a las personas humanas con domicilio fiscal en el país y a las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina que presten servicios o provean bienes a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI. Para los bienes se mantiene la exigencia de cumplir con las reglas de origen nacional del Mercosur.
El RIGI es el régimen de incentivos que el Gobierno creó para atraer inversiones de gran porte: cada proyecto se canaliza a través de un Vehículo de Proyecto Único, la sociedad que lleva adelante la inversión y que, entre otros compromisos, debe contratar un porcentaje de proveedores locales. De ahí el peso de la definición que cambió el decreto, porque es la que determina qué compras cuentan como locales. Según la norma, las inversiones de minería, energía, hidrocarburos, infraestructura y tecnología necesitan una red de firmas proveedoras de maquinaria, equipos, insumos industriales, servicios técnicos, ingeniería, logística y mantenimiento.
El decreto también alcanza a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo: establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables, distinta de los compromisos que se exigen a cada etapa del proyecto.
En cuanto a la estructura de los VPU, la adquisición de acciones o cuotas por parte de terceros ya no hará perder los derechos obtenidos bajo el RIGI, aunque esas operaciones no podrán contabilizarse como nuevas inversiones para llegar a los montos mínimos exigidos. La norma habilita además el ingreso de nuevos socios y la transferencia de participaciones: la operación debe notificarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción, y el organismo tendrá 30 días para formular observaciones.
También se admite la reorganización empresarial mediante la transferencia integral de activos, pasivos y obligaciones a una Sociedad Anónima o Sociedad Anónima Unipersonal, conservando la fecha de adhesión original y los derechos que otorga el régimen.
El último de los cambios apunta al mercado de cambios. El Banco Central podrá computar como divisas liquidadas los fondos provenientes de aportes de inversores no residentes o de endeudamiento externo, incluso cuando sean ingresados por accionistas o socios del proyecto, siempre que se destinen efectivamente a la inversión y cuenten con registros contables que permitan garantizar su trazabilidad.
La modificación reordena las reglas de competencia dentro de las cadenas de suministro de los proyectos. La normativa anterior distinguía a las empresas de capital nacional de las filiales de compañías extranjeras, porque exigía mayoría accionaria en manos de titulares con domicilio fiscal en el país. Con el nuevo texto, una pyme argentina podrá seguir participando como proveedora, pero lo hará bajo la misma categoría normativa que una sociedad local controlada por un grupo internacional, que también podrá computar sus ventas como compras a proveedores locales.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo justificó el cambio en la necesidad de adecuar la reglamentación y ampliar la participación de empresas radicadas en el territorio. Sostuvo que corresponde determinar la condición de proveedor local según la constitución y el domicilio de las sociedades, sin considerar “la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social”, y afirmó que la modificación busca favorecer “la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los Proyectos RIGI”, además de promover una mayor concurrencia de proveedores y el desarrollo de encadenamientos productivos locales.
En la práctica, la definición de proveedor local incide de lleno en la actividad de los proyectos de hidrocarburos, minería y energía que se adhieren al régimen, varios de ellos en la Patagonia: son los que deben acreditar compras a firmas locales, y con el nuevo criterio podrán hacerlo también con filiales de multinacionales constituidas en el país.
Nota en base a El Destape y Radio 3 Cadena Patagonia, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.
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