Discapacidad: el oficialismo dará marcha atrás con el capítulo del Presupuesto 2027 y prepara un nuevo proyecto

Después del cortocircuito con el Poder Ejecutivo, la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados definió junto a la Casa Rosada y a los bloques aliados el nuevo proyecto de Discapacidad que llevará al plenario de comisiones. El texto reemplazará al paquete de recortes que el oficialismo había incluido en el Presupuesto 2027, girado al Congreso esta semana, aunque incorporaría nuevos filtros para el acceso a una pensión.

Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda están obligadas por el emplazamiento votado en la última sesión de la Cámara baja a emitir dictamen esta semana. La oposición, que encabezó esa movida, busca extender por un año más la Emergencia en Discapacidad que rige actualmente y que vence el 31 de diciembre de 2026.

Forzado por la mayoría que se impuso en el recinto, el oficialismo centró su estrategia parlamentaria en subirse al debate en lugar de rechazarlo y planteó desde un inicio que propondría un "proyecto superador" que venía circulando con las bancadas del PRO, la UCR y los bloques federales, para que sea ese el texto que gane la votación. Incluso hubo reuniones de legisladores oficialistas con tres áreas de Gobierno —Hacienda, Legal y Técnica y Discapacidad— para puntear la letra del nuevo articulado.

Por eso, cuando el Ejecutivo envió el Presupuesto e incluyó un capítulo que deroga artículos clave de la ley vigente y suma ajuste en un área ya sensible, se detonó la estrategia oficialista: se generaron internas y conflictos con los aliados, que ya no están dispuestos a dar número para sostener otro veto de Javier Milei sobre este tema. Tras reuniones de emergencia para contener daños, La Libertad Avanza ratificó que elaborará ese proyecto superador bajo el compromiso de que lo que se defina en ese texto reemplazará o se verá reflejado en el proyecto del Presupuesto. Es decir, se dará marcha atrás con gran parte de lo que mandó el Gobierno en el capítulo VI de la ley de leyes.

El proyecto de Presupuesto 2027 —que en la Cámara alta y entre los aliados se conoce como el capítulo más conflictivo de la iniciativa— propone eliminar el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que permitiría que las obras sociales y las prepagas determinen libremente los valores de las terapias. "Es muy importante el rol del prestador porque eso asegura la calidad de vida de nuestros hijos. Esto que quieren hacer es federalizar la desigualdad", había advertido sobre este punto Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad. "Imaginate en una provincia chica el lobby que se puede dar cuando son dos prestadores como máximo", resumió un diputado de una provincia del norte.

Además, la iniciativa oficial deroga el artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según la inflación; reemplaza el criterio de discapacidad basado en el modelo social de derechos humanos por el de "invalidez laboral"; saca al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a las pensiones no contributivas y establece la incompatibilidad absoluta entre cobrar una pensión por discapacidad y tener un empleo registrado, sin contemplar el criterio de los dos salarios mínimos vigente como filtro.

Los cambios también generaron sorpresa entre los aliados del Gobierno. Legisladores del PRO, la UCR e Innovación Federal advirtieron que la modificación "cambia completamente la discusión". Desde el PRO consideraron innegociables tanto la actualización automática del nomenclador como el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones. Desde Provincias Unidas alertaron sobre los riesgos legales de que la emergencia caduque sin una prórroga aprobada.

La letra del nuevo proyecto está en tratamiento y no será presentada públicamente hasta haber sido validada por la Casa Rosada. Según pudo saber este medio, el texto garantizaría la continuidad de la actualización automática de las prestaciones, aunque con una periodicidad bimestral y no mensual como rige hasta ahora.

Sin embargo, en el acceso a las pensiones no contributivas incluiría más filtros. "Que la cobre el que la necesita", resumió una fuente del oficialismo. La discusión pasa por cómo se fijará el criterio, con especial énfasis en la gravedad y el nivel de inhabilitación: no es lo mismo una discapacidad severa que una leve, como puede ser una disminución auditiva de un solo oído que permite trabajar igual.

El esquema de emergencia vigente fue sancionado por el Congreso en 2025, vetado por el Ejecutivo y luego promulgado por insistencia del Parlamento. La Ley 27.793 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y su prórroga es el eje del proyecto opositor, que sostiene que la norma tuvo una implementación efectiva tardía y limitada como consecuencia del veto, las trabas administrativas y los fallos judiciales dictados en ese período.

En paralelo, dentro de La Libertad Avanza también hay diferencias: las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían trabajando en un proyecto propio para "superar" el sistema de emergencias, que quedó en contradicción con lo planteado en el Presupuesto del Ejecutivo. Rodríguez Machado había convocado en el plenario a un "consenso plural" y a una "ley superadora de la emergencia".

El debate por discapacidad avanza mientras el Senado convirtió en ley la semana pasada el proyecto de Inocencia Fiscal II, dio media sanción al nuevo régimen de Biocombustibles y aprobó el traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, en una agenda legislativa que el Gobierno busca ordenar de cara al tratamiento del Presupuesto 2027, que comenzará en comisión en la primera semana de octubre.

Nota en base a Clarín, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.

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