Un polémico decreto de Santa Cruz busca avalar el traspaso de tierras protegidas de la Patagonia a un magnate de Dubái

El resguardo de uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Argentina atraviesa horas decisivas tras conocerse un hecho que pone en jaque un área de extrema fragilidad. El conflicto estalló cuando el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó el decreto provincial 915/26 para autorizar la venta de tierras dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, un santuario ecológico ubicado en el sudoeste de la provincia, a unos 50 kilómetros de El Calafate. La polémica operación comercial beneficia a la firma ASB Hospitality Calafate SAU. Esta sociedad se conformó recientemente como subsidiaria de un holding con sede en Dubái y pertenece al magnate Ali Saeed Juma Albwardy.

Las tierras en disputa pertenecen actualmente a la empresa argentina Lacustre del Sud S.A. y se trata de propiedades que ya estaban en manos privadas desde las décadas del 60 y 70, mucho antes de la creación del área natural protegida. El propio gobernador Vidal justificó el aval oficial argumentando que "se trata de un negocio entre privados" y remarcó que la iniciativa inyectará 90 millones de dólares. Sin embargo, ese exorbitante monto no corresponde a la compra de los lotes, sino al total de la inversión proyectada para levantar el complejo. El valor real de las tierras resulta una incógnita, aunque trascendidos apuntan a una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

La escalada de cifras encendió las alarmas en la comunidad al tratarse de un área lindera al Parque Nacional Los Glaciares y sometida a las máximas restricciones ambientales del país. Los expedientes oficiales muestran que los vendedores presentaron ante el Consejo Agrario Provincial un proyecto denominado Ecocentro Península de Magallanes. El plan maestro describe un supuesto desarrollo de bajo impacto con 24 cabañas iniciales, aunque los habitantes de la región desconfían por completo de estas promesas tras analizar la documentación a fondo.

Fernanda Nogueira, escritora y referente del grupo de vecinos autoconvocados de El Calafate, explicó que la primera etapa del proyecto "intenta mostrarse amigable, pero el propio expediente blanquea una futura intervención muy agresiva". La vecina detalló que la Dirección de Recursos Hídricos ya realizó observaciones porque los empresarios "quieren hacer una pequeña represa para extraer agua de un arroyo". A esto se suma el riesgo de incendios porque la calefacción proyectada es a gas en un entorno sumamente frágil. "Es un proyecto obsceno", sentenció Nogueira al evaluar el impacto real de las obras.

La vecina advirtió además que "los propios documentos revelan una escalada inaceptable y explícita para extender la temporada a los meses de invierno". Si bien hablan de ecodomos en la fase inicial, a medida que avanza la lectura aparecen proyecciones de una hostería monobloque, amplios estacionamientos y hasta un centro de esquí. Frente a este escenario, Nogueira fue categórica y remarcó que "la Constitución Nacional es clara" al fijar que la propiedad privada no es absoluta ni puede prevalecer por sobre el bien común y las normas que protegen los ecosistemas. "Así sean 24 cabañas o varias hosterías, la Ley de Áreas Protegidas, el Plan de Manejo y la Ley de Bosques no lo permiten", aseguró.

El descontento social se fundamenta en un sólido andamiaje legal que blinda la zona. La Península de Magallanes cuenta con normativas muy estrictas que se remontan a 1993 y aproximadamente el 70 por ciento de su territorio ostenta el estatus de Parque Provincial. Toda la zonificación marca que es un terreno con el máximo nivel de fragilidad y cuidado extremo.

Juan Zaldívar, un experimentado guía de montaña y amplio conocedor de la zona, detalló la absoluta incompatibilidad legal de esta iniciativa. El especialista precisó que todas las reservas del mundo se rigen por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que el Parque Provincial ostenta una categoría de manejo sumamente restrictiva, clasificada como número dos. Bajo este marco normativo se prohíbe el asentamiento humano de forma tajante y se anula por completo la posibilidad de desarrollar emprendimientos turísticos que impliquen el pernocte de personas.

El guía recordó que, durante la elaboración del plan de manejo en 2022, los técnicos fueron transparentes con los propietarios de las parcelas. Zaldívar subrayó que en las mesas de trabajo se les advirtió a los dueños que no se puede hacer hotelería de ningún tipo y que, en el mejor de los escenarios, la ley solo autoriza "poner la casa de un guardaparque que cuide el lugar". El contraste resulta abismal cuando los capitales de Emiratos Árabes pretenden abrir un camino vehicular y meter maquinaria pesada para levantar un polo de lujo en medio del bosque virgen.

El consenso histórico de la comunidad de El Calafate es que el corredor Mitre Moreno no se toca. Zaldívar remarcó que ese ecosistema es lo que le da de comer a la ciudad y la sociedad necesita que los visitantes consuman los servicios y transportes en el ejido urbano, no dentro de enclaves millonarios privatizados en la montaña.

Sumado a las trabas de edificación, el traspaso de las tierras a foráneos choca contra el Decreto Provincial 994/17 y la Ley Nacional de Tierras Rurales. Las parcelas están ubicadas a escasos metros del Lago Argentino, en una zona de frontera y seguridad nacional donde las ventas a capitales extranjeros se encuentran prohibidas por el Estado. Un decreto del Ejecutivo no puede pasar por encima de estas normativas y por ese motivo los vecinos exigen su anulación inmediata.

Zaldívar fue muy crítico con las expectativas de los inversores y aseguró que, de concretarse la venta, estaríamos ante "la estafa más grande del mundo o el peor negocio del mundo". El guía argumentó que resulta ilógico que un empresario pague tamaña fortuna por un terreno donde legalmente solo se puede trazar un pequeño sendero de trekking.

Frente al avance del decreto firmado por el Ejecutivo provincial, los asambleístas decidieron llevar el reclamo a la Justicia y a la Legislatura. Los vecinos solicitaron una investigación urgente sobre la firma de Vidal y sobre todo el expediente del Consejo Agrario. Nogueira denunció graves irregularidades en este proceso, ya que al pedir la documentación completa a la Secretaría de Estado de Ambiente notaron la ausencia del informe de evaluación de impacto ambiental. "Habiendo hecho la evaluación, no convocaron a una audiencia pública como manda la ley, por lo que tenemos el derecho a sospechar que esto no se está haciendo prolijamente", remarcó la vecina.

Lejos de transparentar la situación, los funcionarios del Consejo Agrario Provincial mantuvieron reuniones a puertas cerradas con la Cámara de Comercio y el sector turístico local para explicar el proyecto, excluyendo deliberadamente a los vecinos autoconvocados. Ante este escenario, un grupo de diputados santacruceños y una asociación de estudios sociojurídicos impulsaron el amparo para detener de inmediato cualquier movimiento administrativo sobre los lotes de la empresa Lacustre del Sud S.A.

Los tribunales respondieron con una medida cautelar dictada por el juez Vázquez, quien ordenó frenar la inscripción de la transferencia en el registro de la propiedad hasta que la justicia federal se expida sobre la cuestión de fondo.

Ali Saeed Juma Albwardy fundó su propio holding de inversiones a mediados de la década del 70 en Dubái. Con el paso de los años construyó un imperio económico diversificado que abarca sectores como la logística, la industria alimenticia y una amplia cadena global conformada por decenas de hoteles ubicados en destinos exóticos.