“Trabajo forzoso, simple y llanamente”: EE.UU. sobre la exportación de profesionales cubanos

MIAMI, Estados Unidos ― Washington reiteró que el programa estatal de exportación de profesionales cubanos, incluidas las misiones médicas, constituye trabajo forzoso y trata de personas, un día después de sancionar a las dos entidades y los dos funcionarios que considera responsables de administrar y lucrar con el envío de médicos, enfermeros y técnicos de la salud al extranjero.

“El programa de exportación de mano de obra del régimen cubano ilegítimo, incluidas las misiones médicas, es trabajo forzoso, simple y llanamente”, escribió en X Riley Barnes, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.

El funcionario acusó además a La Habana de tratar a los trabajadores como mercancías, utilizar medidas coercitivas para retenerlos en esos programas y practicar una forma de trata de personas patrocinada por el Estado.

Apenas un día antes, el Departamento de Estado anunció la incorporación a su lista de sancionados de nueve entidades y dos funcionarios cubanos en virtud de la Orden ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo. La medida busca limitar el acceso de La Habana a ingresos que Washington atribuye a la explotación de trabajadores, el sostenimiento del sector energético y maniobras para evadir sanciones.

El secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, justificó las nuevas sanciones con la explotación del régimen comunista contra el pueblo cubano.

Las medidas relacionadas directamente con las brigadas médicas alcanzaron a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón. Los cuatro fueron incluidos en la “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Estado identificó a la CSMC como la empresa estatal que exporta servicios sanitarios y gestiona las misiones médicas, a las que describió como la principal fuente de divisas del régimen y el sector que genera más ingresos para el Gobierno cubano. La UCCM, subordinada al Ministerio de Salud Pública, tiene la responsabilidad de reclutar a los profesionales destinados a trabajar fuera de la Isla. Portal Miranda supervisa las entidades que administran el programa, mientras Sánchez Padrón dirige la unidad encargada del reclutamiento y las asignaciones internacionales.

Washington sostuvo que las autoridades cubanas aprovechan leyes coercitivas y las precarias condiciones económicas del país para inducir o forzar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en los programas de exportación laboral. Según la hoja informativa oficial, el Estado cubano retiene entre el 50% y el 95% de los salarios pagados por los países receptores, y decenas de miles de profesionales sanitarios en más de 50 naciones estarían sometidos a ese sistema.

La ronda de sanciones también incluyó a tres entidades del sector energético: el Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A. CEINPET fue descrito como el brazo de investigación y desarrollo de la ya sancionada Unión Cuba-Petróleo (CUPET), dedicado a exploraciones petroleras y estudios energéticos; ENERSA importa gas, gas licuado y lubricantes, mientras que EINARBO realiza importaciones de esos productos desde México e India.

Las otras cuatro entidades fueron señaladas por presuntas operaciones dirigidas a proteger activos e ingresos del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA): Terminal de Contenedores de Mariel S.A., Coral Marítima S.A., CEIBA Investments Limited y Orbit S.A. El Departamento de Estado afirmó que GAESA recurre a reestructuraciones corporativas e intermediarios para esquivar las restricciones estadounidenses.

Washington sostuvo que la Terminal de Contenedores de Mariel transfirió en junio sus operaciones a Coral Marítima, subordinada al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, con el propósito de evadir sanciones. La transferencia había sido comunicada previamente a clientes de la terminal después de que sus activos fueran vendidos a Coral Marítima, que creó una filial para continuar el negocio.

CEIBA Investments Limited, registrada en Guernsey y dedicada a inversiones inmobiliarias en Cuba, fue sancionada después de que su filial panameña asumiera la propiedad completa de una antigua empresa mixta relacionada con GAESA. Orbit, procesadora de remesas, fue descrita por el Departamento de Estado como una compañía “casi con certeza” controlada por el conglomerado militar.

Las designaciones bloquean todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses. También quedan bloqueadas las compañías que pertenezcan en un 50% o más, individual o conjuntamente, a personas sancionadas, y se prohíben las transacciones, pagos y prestación de servicios en su beneficio, salvo autorización expresa de OFAC.

Las instituciones financieras y otras personas extranjeras que negocien con los designados también pueden quedar expuestas a sanciones.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las medidas y acusó a Washington de buscar un “castigo colectivo contra todo el pueblo cubano”. En relación con las brigadas, afirmó que “el ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud (…)” y defendió el programa como un servicio humano y solidario reconocido internacionalmente.