Sturzenegger va por otra revolución desreguladora: los detalles del megaproyecto del Gobierno

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tiene listo el anteproyecto que dará paso a una nueva ola de desregulaciones y reformas del Estado, que genera especial entusiasmo en el Gobierno nacional.

Se trata de un texto de casi 350 artículos que ingresará por el Senado en los próximos días de acuerdo a la información que obtuvo El Cronista, aunque no será un trámite parlamentario sencillo porque involucra una variedad de materias que requieren acuerdos transversales.

Sobre todo, si se tiene en cuenta la reciente experiencia con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que ya va por el borrador número 15 y las partes no terminan de ponerse de acuerdo para darle aprobación en la Cámara alta.

La lógica es la misma que el ministro viene defendiendo desde el inicio de la gestión: eliminar regulaciones, abrir mercados, reducir requisitos administrativos y favorecer la competencia en actividades económicas que, según el Gobierno, mantienen restricciones heredadas de décadas anteriores.

La iniciativa atraviesa prácticamente toda la economía. Desde el corretaje inmobiliario hasta el cabotaje marítimo, pasando por farmacias, mercado de capitales, fideicomisos, warrants, fondos comunes de inversión, vinos, carne, gas licuado y comercio electrónico, el proyecto intenta construir un nuevo marco regulatorio con una fuerte impronta liberal.

El proyecto también tiene una fuerte apuesta política porque solicita al Congreso declarar una emergencia administrativa y de competencia por seis meses y volver a delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para modificar o derogar normas que establezcan barreras regulatorias, restricciones a la competencia o requisitos considerados excesivos para el desarrollo de actividades económicas.

La intención es darle continuidad a la agenda desreguladora una vez vencidas las facultades delegadas que acompañaron la Ley Bases y que, en su momento, el Gobierno decidió no prorrogar.

La discusión parlamentaria, sin embargo, promete abrir un nuevo frente de conflicto con colegios profesionales, sindicatos, cámaras empresarias y sectores productivos que ya se pusieron en pie de guerra al conocerse los primeros trazos de este mega proyecto.

Uno de los capítulos con mayor impacto modifica el régimen de corretaje previsto en el Código Civil y Comercial.

El proyecto elimina la necesidad de matrícula profesional como requisito nacional para ejercer como corredor y establece que bastará con ser mayor de edad y contar con título secundario. También habilita expresamente que personas jurídicas puedan desarrollar la actividad, permite operar mediante plataformas digitales y prohíbe que las provincias o colegios profesionales establezcan barreras como aranceles mínimos, restricciones de residencia o incompatibilidades laborales.

La reforma apunta directamente al esquema de regulación de los colegios inmobiliarios, uno de los sectores que más cuestionó las iniciativas previas del ministro.

Otro de los ejes retoma parte de las discusiones que el Gobierno ya había iniciado mediante decretos.

El proyecto habilita expresamente la comercialización digital de medicamentos con envío a domicilio, autoriza la intermediación de plataformas tecnológicas para gestionar ventas y amplía la venta de medicamentos de venta libre a otros establecimientos comerciales, siempre bajo las condiciones que determine el Ministerio de Salud.

También flexibiliza horarios de atención, digitaliza los registros obligatorios y permite que las farmacias adopten cualquier forma societaria.

Para el oficialismo, el objetivo es aumentar la competencia y reducir costos para los consumidores.