El Gobierno lanzará un sistema para que emprendedores argentinos exporten como hoy se compra por Temu y Shein

A dos años y medio del inicio del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que hacia fin de año su cartera habrá avanzado sobre aproximadamente la mitad del universo normativo que identificó al inicio de la gestión y defendió las reformas como una agenda orientada principalmente a favorecer a las pequeñas y medianas empresas.

Durante una entrevista en el streaming “Economía de Quincho”, el funcionario sostuvo que la simplificación regulatoria tiene un impacto directo sobre los emprendedores y las firmas de menor tamaño, ya que son quienes enfrentan mayores dificultades para absorber los costos administrativos que imponen los trámites estatales.

“Todo el esfuerzo de desregulación es eminentemente pro pyme”, afirmó. Según explicó, cada regulación constituye una barrera de entrada que las grandes compañías pueden afrontar con relativa facilidad gracias a sus estructuras legales y administrativas, mientras que para una empresa naciente o un emprendedor puede transformarse en un obstáculo casi infranqueable.

En esa línea, remarcó que la agenda oficial busca facilitar la creación de nuevos negocios y fortalecer un ecosistema competitivo. “Cuando un emprendedor arranca es chico por definición”, señaló, al destacar que la aparición de nuevos actores resulta fundamental para desafiar estructuras productivas consolidadas y estimular el crecimiento económico.

Sturzenegger también vinculó la desregulación con una estrategia de transparencia institucional. “Cada trámite es una oportunidad para la corrupción”, sostuvo, al defender la eliminación de procedimientos que, a su juicio, generan costos innecesarios para ciudadanos y empresas.

Respecto del avance del programa, el ministro aseguró que el Gobierno ya recorrió una parte significativa del camino iniciado con las facultades delegadas y las reformas posteriores. “Para fin de año vamos a estar en un 50%”, afirmó al referirse al conjunto de regulaciones que su cartera identificó como susceptibles de revisión o eliminación.

El funcionario planteó además la necesidad de modificar la lógica con la que operan muchas administraciones públicas.

Según explicó, el esquema tradicional parte de una presunción de desconfianza hacia quien busca iniciar una actividad económica. Frente a ello, propuso un modelo en el que el emprendedor pueda comenzar a operar de inmediato, sujeto luego a eventuales controles para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y funcionamiento.

A su entender, ese tipo de mecanismos reduce costos y tiempos para quienes desean invertir o abrir un negocio.

Sturzenegger también cuestionó la proliferación de organismos descentralizados que, según sostuvo, fueron creados durante las últimas décadas y desarrollaron mecanismos propios de financiamiento mediante tasas, aranceles y cobros administrativos.

Afirmó que muchas de esas estructuras terminaron generando una “inflación de trámites” cuyo verdadero objetivo era recaudatorio. Por ese motivo defendió la política de centralización administrativa impulsada por el Gobierno, al considerar que permite reducir costos para la sociedad y evitar la multiplicación de organismos con capacidad de cobro autónoma.

En otro tramo de la conversación, el ministro cuestionó la acumulación de normas que, según su visión, restringen derechos que ya se encuentran garantizados por la Constitución.

Para ilustrarlo, utilizó el ejemplo hipotético de una actividad productiva que, pese a estar permitida constitucionalmente, queda condicionada a la inscripción previa en registros, autorizaciones o sistemas de control creados posteriormente por leyes específicas.

Según planteó, numerosas regulaciones terminan construyendo estructuras burocráticas que limitan libertades económicas originalmente reconocidas por la Carta Magna.

El funcionario sostuvo que la situación resulta particularmente llamativa si se tiene en cuenta el desarrollo de la navegación comercial en países vecinos. Mencionó especialmente el caso de Paraguay, cuya flota fluvial supera ampliamente a la argentina pese a tratarse de un país sin salida directa al mar.