La paradoja financiera y política acecha a Milei: cuáles serían las consecuencias de una derrota de Trump para la Argentina

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre en las elecciones de medio término. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y los legisladores electos asumirán el 3 de enero de 2027.

La contienda llega en un escenario muy distinto al de hace un año, con una guerra abierta, tasas que no ceden y un esquema comercial en reconstrucción. Según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), lo que salga de las urnas tendrá efectos que cruzan la frontera y llegan hasta la Casa Rosada.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero de 2026 y se prolongó mucho más de lo previsto. Desde entonces, el Brent promedió los u$s 94 por barril, y el petróleo se mantiene por encima de los u$s 100.

El impacto llegó al bolsillo de los votantes. El galón de nafta alcanzó los u$s 4,27 el 26 de octubre de 2026, con una suba acumulada de 52,7% en el año. El diésel casi duplicó su precio y ya supera los u$s 6 por galón. Además, la guerra lleva un costo de u$s 43.500 millones y la Casa Blanca tiene trabado en el Congreso un pedido adicional por u$s 87.600 millones.

En el plano legislativo, la Cámara de Representantes votó tres veces para poner fin al conflicto. En el Senado, la última resolución de poderes de guerra fue rechazada por 49 votos a 50, con cuatro republicanos acompañando a la oposición.

El informe plantea dos lecturas posibles. Si los republicanos pierden, Donald Trump podría profundizar el conflicto para compensar el golpe electoral con una “victoria” militar. Si les va bien, podría interpretarse como una validación de su estrategia. CEPA agrega que, por su condición de exportador neto de energía y por la creciente dependencia de Europa y China de ese abastecimiento, Estados Unidos tiene incentivos para prolongar la guerra más allá del resultado.

Para la Argentina, el conflicto es un arma de doble filo. El petróleo caro generó términos de intercambio récord, que explican buena parte de los u$s 14.000 millones comprados por el BCRA y una balanza energética que aportaría más de u$s 5000 millones hasta fin de año. Pero ese mismo escenario sostiene las tasas globales en niveles que mantienen cerrado el acceso al financiamiento externo.

En septiembre de 2026, la Reserva Federal, conducida por Kevin Warsh, subió su tasa de referencia 0,25 puntos porcentuales, hasta 3,75%, por unanimidad y con la proyección de una nueva suba.

La medida no tranquilizó al mercado: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a 5,3%, el nivel más alto desde 2002. Hoy ronda el 5,0%, después de que empresas vinculadas a la inteligencia artificial informaran ingresos menores a los esperados.

Según el informe, un Congreso opositor podría limitar nuevas bajas de impuestos e impulsar gestos de consolidación fiscal, aunque la oposición todavía no fue clara en sus propuestas. También menciona que una victoria demócrata que revierta la política antiinmigratoria podría sumar trabajadores al mercado laboral.

La tasa de desempleo bajó a 4,2%, pero CEPA aclara que no refleja un mercado más fuerte, sino una caída en la participación laboral. Con el tiempo, más trabajadores podrían elevar el desempleo y empujar a la Fed hacia tasas más laxas.

Sobre la IA, el informe advierte que mayores controles podrían bajar la demanda de financiamiento y, con ella, las tasas. Pero eso vendría acompañado de una fuerte caída de los mercados accionarios globales. Para la Argentina, ese cóctel no sería un viento de cola: lo más probable, indica CEPA, es una suba del Riesgo País.

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema resolvió por 6 votos a 3 que la ley de emergencias económicas (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles. El esquema actual se apoya en otros instrumentos:

El arancel promedio efectivo sobre las importaciones es de 11,1%, con una proyección de 11,8% a fin de año.

Un Congreso de mayoría demócrata podría proponer límites, por ejemplo, que los nuevos aranceles caduquen a los 60 días salvo aprobación legislativa. Pero cualquier ley requiere la firma presidencial o dos tercios de cada cámara para superar un veto, por lo que lo más probable es que las secciones 232, 301 y 338 sigan vigentes, con mayor control político. Lo que queda descartado es cualquier nueva delegación de facultades arancelarias.