El Gobierno firmó el nuevo contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal arteria fluvial del país por la que circula aproximadamente el 80% del comercio exterior argentino, y dio comienzo formal a una nueva etapa de gestión privada de la hidrovía.
La firma del contrato se produjo luego de la adjudicación de la licitación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, que había resultado ganador del proceso evaluado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Con este paso quedó formalizada la transferencia de la operación de la vía navegable y comenzaron a regir las condiciones establecidas en la oferta adjudicada.
Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado oficial, la puesta en vigencia de la nueva concesión activó automáticamente una reducción del 13,5% en el valor del peaje. Al mismo tiempo, se iniciarán las obras de profundización del canal y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la navegación y la seguridad operativa de la ruta fluvial.
Desde el Gobierno sostuvieron que las inversiones permitirán que los buques puedan completar mayores niveles de carga en los puertos de origen y salir en menos tiempo, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad de los sectores exportadores.
En ese sentido, el comunicado afirmó que la Vía Navegable Troncal inicia “una nueva era de gestión privada con una baja de costos a la producción”.
La hidrovía constituye una infraestructura estratégica para la economía argentina. A través de este corredor se transporta la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país, particularmente las originadas en el complejo portuario del Gran Rosario, uno de los principales polos exportadores de granos, harinas y aceites del mundo.
La firma del contrato también marca el cierre definitivo de la etapa de gestión estatal transitoria de la vía navegable. En el comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la privatización representa “el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía por donde circula el 80% del comercio exterior del país, para dar paso a una nueva era de inversión privada”.
La adjudicación había sido formalizada semanas atrás mediante una resolución de la ANPYN, luego de un proceso licitatorio que el Gobierno calificó como uno de los más complejos del país por su dimensión técnica y económica.
Durante las distintas etapas de evaluación no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes, un aspecto que tanto el Ministerio de Economía como los organismos responsables del proceso destacaron como una señal de conformidad con los dictámenes técnicos emitidos.
Para concretar la firma del contrato, el consorcio Jan de Nul-Servimagnus debió completar una serie de requisitos administrativos. Entre ellos figuró la constitución de una sociedad específica denominada Vía Navegable Argentina S.A., así como el traspaso de activos vinculados a la gestión estatal y la contratación de personal para llevar adelante las tareas de dragado, balizamiento y registro hidrométrico.
Las obras previstas incluyen trabajos de profundización del canal de navegación, una medida que apunta a permitir una mayor carga de los buques en los puertos argentinos. El plan también contempla la incorporación de tecnología destinada a modernizar las operaciones y reforzar las condiciones de seguridad de la navegación.
Aunque la operación quedará en manos privadas, el Estado mantendrá funciones de supervisión y control.
El Gobierno informó que avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, organismo que contará con representación de usuarios privados y de las provincias ribereñas y que tendrá a su cargo el seguimiento de la concesión.
Según la comunicación oficial, el proceso de licitación estuvo acompañado por instancias de consulta y debate con especialistas, productores, representantes de la actividad industrial, operadores portuarios y navieros, universidades y gobiernos provinciales vinculados a la vía navegable.
Además, contó con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que, de acuerdo con el Ministerio de Economía, garantizó el cumplimiento de estándares y mejores prácticas internacionales.