EE.UU. pone un freno en la agenda bilateral y la Rosada activa el plan B para el estratégico Corredor Andes-Atlántico

Mientras que el nuevo contexto internacional, tras las elecciones de Estados Unidos, puso un freno a los avances de la relación bilateral con la Argentina, en el Gobierno se entusiasman con avanzar antes de que termine el año en una reforma clave que se enmarca dentro del Corredor Andes-Atlántico.

La señal más clara llegó esta semana con la noticia de que el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien tenía previsto llegar a Buenos Aires la próxima semana para reunirse con el presidente Javier Milei, finalmente suspendió su viaje.

El funcionario de Donald Trump no vendrá a la Argentina, según pudo confirmar El Cronista, y la noticia trascendió luego de que los republicanos perdieran el control del Congreso frente a los demócratas en las elecciones de medio término.

La visita formaba parte de una gira regional que incluía a Colombia y a Chile, y su agenda contemplaba seguridad, comercio y la exención de visas que reclama el Gobierno. Su preparación había sido uno de los objetivos del viaje de los subsecretarios Christopher Landau y Juan Pablo Segura, que estuvieron en el país entre el 19 y el 26 de octubre y fueron los principales interlocutores en el lanzamiento del Corredor.

Según trascendió, la decisión responde a “restricciones de índole interna” tras una elección en la que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, con avances incluso en estados de tradición republicana como Texas, Kansas y Carolina del Sur.

El vicepresidente atribuyó públicamente la derrota electoral a la guerra con Irán -“La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió al día siguiente de los comicios- y el jueves Trump lo apartó de las negociaciones con Teherán, que Vance encabezaba desde principios de año.

“No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron hace mucho tiempo”, escribió el presidente en sus redes, y le pidió a su vice que dedique su atención “completa y total” a la corrupción y el crimen en ciudades y estados gobernados por demócratas. En Presidencia, en tanto, indicaron que “no había precisiones” sobre el viaje, que nunca había sido anunciado de manera oficial.

Si bien desde Washington y Buenos Aires aseguraron que las elecciones no cambian un ápice la relación estratégica entre ambos países, el cambio de mayorías en el Capitolio también abre interrogantes sobre los instrumentos financieros del corredor.

La iniciativa, que Landau y el canciller Pablo Quirno lanzaron el 23 de septiembre en Nueva York, prevé un marco de hasta u$s 7.000 millones hacia 2027. Ese marco no constituye un fondo propio ni implica recursos ya comprometidos: descansa en préstamos directos, garantías y seguros de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) y del Banco de Exportación e Importación (EXIM), agencias del Ejecutivo estadounidense cuyas operaciones quedan bajo la supervisión del Congreso.

El Congreso estadounidense no aprueba cada crédito de esos organismos: define su vigencia, sus topes de financiamiento y su presupuesto, y recibe una notificación previa de las operaciones de más de u$s 100 millones antes de que las apruebe el directorio.

Los dos organismos están en situaciones distintas: la DFC no tiene sobresaltos en el corto plazo ya que fue reautorizada en diciembre de 2025 hasta 2031, con un tope de inversión de u$s 205.000 millones. El punto a seguir es el EXIM, cuya carta orgánica vence el 31 de diciembre de 2026. Su renovación queda en manos del Congreso actual, ya que la nueva composición asume en enero.

El proyecto más avanzado del corredor es Argentina LNG, la planta de exportación de gas que impulsa YPF junto con Eni y XRG. Para esa obra, justamente el EXIM presentó una propuesta de hasta u$s 6.000 millones que, a mediados de octubre, todavía requería el aval del directorio del banco.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, había asegurado el embajador de EE.UU., Peter Lamelas, para alivianar las especulaciones en torno a cómo impactaba la relación tras los comicios legislativos.

Del lado local, la apuesta oficial pasa por la ley de cabotaje. El Senado ya dictaminó el proyecto de ley que habilita a buques de bandera extranjera a operar entre puertos argentinos, una reforma que figuró en la agenda de la comitiva estadounidense que en octubre se reunió con Cancillería, Transporte, Desregulación y Energía.

El paso que faltaba se dio el jueves pasado, con la presentación de un dictamen de minoría firmado por el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich y el santiagueño José Neder, del espacio del exgobernador Gerardo Zamora.