Ernesto “N” dirigía la red de huachicol más grande introducida desde EU: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la desarticulación de la más grande red de contrabando de combustible dirigida por el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, la cual provenía de Estados Unidos y que causó un daño al erario por más de cuatro mil millones de pesos.

La estructura de contrabando de hidrocarburos dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que, posteriormente, los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales.

Estos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos.

En voz de la fiscal, Ernestina Godoy, detalló que la reconstrucción de este entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Este trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible y la estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización.

A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones.

La investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto “N”, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.

Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados.

El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos de América, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.

De acuerdo a la investigación, la red declaraba sólo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal.

En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes.

Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país.

Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro-tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.

Las investigaciones revelaron, además, un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos, ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados, se determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.

Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales. Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, IVA. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.

La investigación también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustible y las cantidades que realmente ingresaron al país. En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de diez veces lo autorizado. Respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media el volumen permitido.