En la última década, el ingreso per cápita se redujo de manera significativa (tiene que ver con una productividad paralizada) y la economía perdió capacidad de generar empleo de calidad. No es una fatalidad. Es el resultado de decisiones políticas que destruyen las condiciones para invertir.
La discusión si primero hay que estabilizar o crecer es innecesaria. Sin inversión sostenida no hay estabilidad duradera ni desarrollo posible. Y sin una política capaz de superar nuestras crónicas diferencias, tampoco.
Argentina no enfrenta solo un problema macroeconómico; tiene, fundamentalmente, un problema productivo. Ambos son el resultado de una gestión política equivocada que se especializó en administrar síntomas sin corregir las causas. La urgencia por ganar la próxima elección relegó siempre las soluciones de fondo. Incluso nuestro sistema electoral, que impone comicios cada dos años, es parte del problema.
El resultado es una estructura productiva que no genera la riqueza necesaria. Esto origina una fragilidad macroeconómica que, a su vez, asfixia la producción de bienes y servicios a través de la inflación. Es un círculo vicioso: la debilidad productiva alimenta las crisis macroeconómicas, y viceversa.
Somos un país rico en recursos, pero pobre en resultados. Nos falta capacidad política para transformar ese potencial en riqueza real. El Estado y el mercado son complementarios; ambos son instrumentos organizativos de la sociedad. Cada uno tiene un rol determinante. Crear bienes públicos de calidad y estimular la iniciativa privada, crear riqueza, innovación y empleo de calidad, habla de una convergencia virtuosa. Esta convergencia es la única base sólida para el desarrollo duradero.
La inversión no surge de la nada. Depende de reglas estables, instituciones confiables y una dirección duradera. Allí es donde el país fracasa de manera sistemática. Décadas de inestabilidad, cambios imprevistos de normativas y de rumbo que erosionaron la confianza necesaria para sumar capitales al sistema productivo.
Las consecuencias son previsibles: menos inversión, o capitales concentrados solo en sectores que generan divisas, pero crean poco empleo. Además, la capacidad de ahorro interno es casi nula y la productividad general sigue siendo baja.
Por eso, la discusión de fondo no es cómo ordenar las cuentas hoy, sino cómo construir un programa atractivo para el capital de largo plazo. Necesitamos, para multiplicar la producción y el empleo, una moderna organización que cree valor con el uso inteligente de datos, tecnología y capital humano. Sin estas variables no hay transformación. Una evolución de esta magnitud requiere, de manera indefectible, el sostén de una política de Estado.
La raíz del problema es política. Radica en la incapacidad de organizarnos en torno a un proyecto de país que coloque a la persona en el centro. La educación, el trabajo y el salario creciente son las únicas fuentes reales de ascenso y movilidad social.
Los populismos mostraron sus límites al intentar distribuir sin crear riqueza, dejando al país atrapado en un diseño de baja productividad y encerrado en el mercado interno, con exportaciones basadas solo en materias primas sin procesar y saldos. también, un sistema impositivo que desalienta la producción y estimula la evasión La principal excepción ha sido el sector agropecuario que, a pesar de su constante estigmatización, lidera en términos de productividad.
Los proyectos puramente extractivos ya no alcanzan. Hoy, la competitividad global no se basa en salarios bajos, sino en la adopción de soluciones tecnológicas. Argentina tiene ventajas claras en energía, minería y economía del conocimiento; el desafío es integrarlas a cadenas de valor complejas. El resultado actual de la balanza comercial es un matiz clave, aunque este incremento no garantiza automáticamente desarrollo económico. Si no se traduce en inversión, empleo o valor agregado, el problema subsiste. El asunto ya no es qué recursos tenemos, sino qué hacemos con ellos.
Esta modernización expone la desconexión actual entre las aulas, las fábricas y los talleres de alta tecnología. Sin un modelo productivo definido, el rumbo educativo carece de brújula, anulando cualquier debate razonable sobre su financiamiento. El desarrollo productivo y el formativo son dos caras de la misma moneda: ambos deben operar como los motores del progreso colectivo.
Debemos tomar una decisión política que es impostergable: “organizar una coalición pro-desarrollo”. Argentina debe poner proa a una transición ineludible hacia una matriz productiva de “alto valor agregado exportable”. En ese cambio de matriz productiva, más una sólida arquitectura institucional que la sostenga y una decisión política que lo garantice, se juega el futuro de ésta y de las próximas generaciones.
Un ejemplo es suficiente para entender el drama de postergar la decisión: cada año, unos 250 mil jóvenes dejan el sistema formativo e intentan ingresar al mercado del laboral. Al no encontrar empleo, miles de ellos son empujados a la informalidad y a la pobreza estructural, otros, los que tiene posibilidad, se van del país. Esto significa que con los recursos disponibles estamos produciendo por debajo de nuestro potencial. Para la política es una claudicación inaceptable.
Crear estos puestos de trabajo demandara una inversión de al menos el 25% del PBI y un persistente camino -que podemos acortar si somos inteligentes- para construir prestigio y confiabilidad que nos permita conseguir que esa inversión sea suficiente en calidad y cantidad. El proceso también requiere reglas de juego estables, una justicia independiente y la decisión de promover una inserción internacional inteligente para sacar provecho de nuestras ventajas competitivas. Debemos ser proveedores confiables de las cadenas de valor en el nuevo escenario mundial.
