Sobre aranceles y subsidios en el comercio internacional

En la presentación en el Latam Forum, el presidente Milei mencionó el modelo Heckscher-Ohlin de 1933 para explicar su posición sobre aranceles y subsidios en el comercio internacional. El modelo expone la racionalidad y los beneficios del intercambio favoreciendo la especialización de cada país a partir de sus ventajas comparativas entre las cuales están los recursos naturales y la disponibilidad de mano de obra.

Si bien los beneficios del comercio internacional son ampliamente aceptados, la teoría económica incluyó desde muy temprano advertencias sobre sus consecuencias en la actividad productiva y el nivel de empleo.

Con la experiencia de lo sucedido después de la depresión de 1929, cuando se adoptaron duras medidas proteccionistas, 23 países que representaban el 80% del comercio mundial, fundaron en 1947 al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) estableciendo reglas y modalidades para el intercambio con el propósito de favorecer el aumento del comercio a través de rondas de negociaciones. La Ronda Uruguay, iniciada en 1985, amplió el consenso dando origen a la OMC en 1995; este proceso tuvo lugar en un contexto favorecido por las posibilidades de expansión de la economía mundial después de la caída de la Unión Soviética y la apertura de la República Popular China.

El principal obstáculo de la larga negociación de 10 años fue la incorporación de la agricultura a un régimen de reglas multilaterales. Este sector siempre fue considerado sensible tanto en los países desarrollados donde se implementaron generosas políticas de subsidios como en los subdesarrollados por sus implicancias para la población campesina. La fuerte oposición de los EE.UU. y la UE a la eliminación de los subsidios solo permitió alcanzar un acuerdo parcial con el compromiso después abortado de reabrir la negociación cinco años después.

Las políticas de subsidios a la agricultura no pueden soslayarse como un accidente por motivos de seguridad alimenticia o geopolíticas. Las consecuencias sobre los países productores han sido devastadoras por sus efectos sobre los precios de los productos de exportación. Las barreras tarifarias y las exportaciones de los excedentes de producción produjeron a través de décadas pérdidas de ingresos que cercenaron las posibilidades de crecimiento.

La Política Agropecuaria Común (PAC), que surgió con la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, consistió en fijar precios de intervención y elevar aranceles de importación que indujeron un aumento artificial de la producción. Estas medidas, sumadas a las concesiones otorgadas a los EE.UU., provocaron graves pérdidas a la agricultura argentina no solo porque restringieron el acceso a ese mercado sino porque la CE y los EE.UU. volcaron sus excedentes en el mercado internacional.

Los países exportadores de productos agrícolas conocidos como Grupo Cairns dieron una excepcional batalla en la OMC para lograr el reconocimiento de la agricultura como un sector equivalente en el comercio internacional más allá de sus especificidades o excusas para mantener el proteccionismo. Recién en la Conferencia Ministerial de Nairobi en 2015, la OMC aprobó la prohibición de los subsidios a las exportaciones agrícolas.

Las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el MERCOSUR mostraron la resistencia europea para abrir el mercado agrícola no por razones se seguridad si no por motivos políticos a pesar de que el sector solo emplea el 3,9% de la fuerza laboral y representa el 1,3% del PBI. Los agricultores europeos acostumbrados durante 65 años a generosos subsidios utilizaron todo tipo de amenazas para oponerse a la competencia.

La OECD estimó el apoyo público anual a la agricultura en 842.000 millones de dólares en concepto de transferencias a los productores, inversiones y políticas de precios durante el período 2022/24, un 20% superior al promedio del quinquenio anterior a la pandemia.

El estudio publicado en ocasión del 30° Aniversario del Acuerdo de Agricultura de la OMC señala que China destinó en 2024 267.000 millones de dólares para apoyar a los productores equivalente al 13,5% del ingreso agrícola nacional, convirtiéndolo en el otorgante mayor de subsidios agrícolas del planeta. En la página 139 indica que la Argentina es el único país con un apoyo negativo al sector agrícola del 11,9%.

Las políticas de subsidios en la agricultura o en la industria han terminado por distorsionar el comercio internacional generando peligrosos desequilibrios que han puesto en duda la subsistencia del sistema multilateral con medidas unilaterales. En ese sentido, resulta importante rechazar los subsidios y persistir en la posición tradicional de reclamar transparencia y la eliminación de todas las políticas que encubren objetivos de dominación sectorial.

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