El presidente de Estados Unidos Donald Trump se prepara para imponer a China un nuevo arancel de su arsenal de políticas proteccionistas, que penalizaría a la segunda economía más grande del mundo con el pretexto de que inunda el mercado global con productos “a precios irrisorios”, según revelaron funcionarios familiarizados con el asunto.
Dos de las fuentes dijeron que el presidente norteamericano considera fijar el nuevo arancel en un nivel de 7,5 por ciento. Es un castigo que, según funcionarios del gobierno, no pondría en peligro la tregua comercial de un año entre Washington y Beijing ni la reunión prevista en la Casa Blanca entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, que se espera tenga lugar a finales de septiembre. Es previsible la reacción de la República Popular que acaba de repudiar las sanciones unilaterales contra Irán, advierten los analistas.
La medida, de concretarse, parece ser un esfuerzo calculado de la Casa Blanca para sortear una decisión de la Corte Suprema de principios de este año que anuló el plan de Trump de implementar un esquema arancelario generalizado y elevado, no visto desde la década de 1930. El Tribunal falló que es el Congreso el único poder autorizado a fijar impuestos.
Tras esa decisión, la administración Trump anunció en marzo el inicio de investigaciones formales sobre el exceso de capacidad industrial que triplica alas de Estados unidos y las regulaciones sobre “trabajo forzoso” en China y otros países como un ariete adicional para sostener la política proteccionista que marca con intensidad el segundo mandato del líder republicano.
No está claro si la administración estadounidense también está cerca de tomar una decisión en sus investigaciones sobre las demás economías que anunció que estaba investigando por prácticas comerciales desleales, incluyendo la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India.
La Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las deliberaciones arancelarias, que Bloomberg News ya había anticipado el lunes.
La embajada china en Washington insistió a su vez ante una consulta en que los asuntos económicos y comerciales deben resolverse mediante conversaciones bilaterales en lugar de acciones arancelarias unilaterales, y rechazó la idea de que tenga un problema de exceso de capacidad.
La investigación sobre el exceso de capacidad industrial de China se inició en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles a los países que discriminan a las empresas o el comercio estadounidenses. El nuevo arancel se sumaría a los ya existentes sobre China.
Fuentes cercanas a las deliberaciones destacaron que Trump aún podría cambiar de opinión sobre el nuevo arancel contra la República Popular. Este se sumaría a los gravámenes del 10% al 12,5% anunciados el mes pasado para 60 economías de todo el mundo, a las que la administración Trump acusó de no aplicar eficazmente la prohibición de productos fabricados con trabajo forzoso.
Como los aranceles son impuestos internos, los pagan los consumidores al comprar productos terminados importados y los fabricantes que importan insumos y recargan los nuevos costos en el precio final. EE.UU. tiene un problema inflacionario que genera preocupaciones políticas.
Muchos países, incluida China, protestaron contra esta medida, que entró en vigor justo cuando expiraba el plazo de los aranceles temporales que Trump había impuesto después de que la Corte anulara en febrero los aranceles “recíprocos” que había aplicado a casi todos los socios comerciales de EE.UU .
En el caos de China, el alza de la calidad de sus productos y el auge de las exportaciones elevó el superávit comercial del Imperio del Centro a un récord de casi 1,2 billones de dólares el año pasado.
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