El tratado de integración minera con Chile debutó con Kast: cómo es el acuerdo que hace 28 años sobrevive a todos los gobiernos

Argentina y Chile retomaron esta semana las reuniones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, el acuerdo binacional que desde hace 28 años regula el desarrollo de proyectos mineros en la frontera compartida y que, en ese tiempo, atravesó 17 cambios de gobierno entre ambos países sin interrupciones.

El encuentro, realizado el martes en Buenos Aires, reunió al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, con el subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, y el subsecretario de Relaciones Exteriores chileno, Patricio Torres. Se trató de la XIX reunión ordinaria del mecanismo y la primera bajo la administración de José Antonio Kast. Participaron también empresas mineras.

Allí se revisó el estado de los protocolos vigentes de los proyectos de cobre de la provincia de San Juan Los Azules, de McEwen Copper, y El Pachón, de Glencore, y de las solicitudes en trámite, según consignó Tiempo de San Juan. El proyecto integrado Vicuña, una joint venture BHP y Lundin Mining, espera la aprobación de un protocolo propio que lo habilite a funcionar como una sola unidad binacional.

La próxima reunión de la Comisión quedó fijada para la última semana de agosto, esta vez será Chile, donde se prevé revisar el otorgamiento de nuevos protocolos, además de temas de infraestructura, transferencia de conocimiento y apoyo logístico entre ambos países.

El Tratado se firmó en 1997, cuando lo rubricaron Carlos Menem y Eduardo Frei. Desde entonces, en Argentina se sucedieron nueve presidencias, de Menem a Milei, y en Chile, atravesó ocho gobiernos, de Frei a Kast, incluidos dos períodos de Bachelet y dos de Piñera.

La clave de su duración está en cómo se armó el mecanismo. Cada país tiene su propia Comisión Administradora, integrada por la cartera de Minería y la de Relaciones Exteriores, con una Secretaría Ejecutiva permanente en cada Estado. Es una estructura burocrática deliberadamente redundante, diseñada para que la relación bilateral no dependa de una sola persona ni de una sola gestión.

Chile y Argentina comparten la tercera frontera terrestre más larga del mundo, que abarca unos 6.691 kilómetros, detrás de la que separa a Canadá de Estados Unidos y a Kazajistán de Rusia. Es, además, el único acuerdo de este tipo en el mundo: ningún otro par de países vecinos armó un instrumento jurídico específico para habilitar la explotación minera binacional en la propia zona de frontera.

El Tratado no persiste por inercia diplomática: persiste porque cada país necesita algo concreto del otro. Del lado argentino de la cordillera, hay yacimientos de cobre de clase mundial que, sin coordinación binacional, tienen severas limitaciones de acceso, energía e infraestructura.

Chile, por su parte, tiene los puertos sobre el Pacífico, la red eléctrica y una industria de proveedores mineros con más de un siglo de trayectoria y escala regional, todo mucho más cerca de esos yacimientos sanjuaninos que cualquier puerto argentino sobre el Atlántico.

Para el subsecretario Torres, se trata de "una oportunidad única en la que podemos sacar grandes ventajas para nuestras economías". "Contamos con una extensa frontera compartida con importantes yacimientos para exportar hacia otros mercados elementos esenciales que el mundo necesita hoy producto del avance en la tecnología”, publicó en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

El Tratado binacional es una condición necesaria, pero no alcanza por sí solo. Mientras le da viabilidad a los yacimientos y actividad a los puertos chilenos, la cadena de proveedores sanjuanina advierte sobre la desventajosa competencia con Chile por esos mismos contratos.

Una entidad provincial que agrupa a empresas que ofrecen bienes y servicios a la minería, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (CAPRIMSA), marcó una fisura en ese relato de integración fluida: sostiene que persiste una diferencia de costos de entre 40% y 50% en servicios clave frente a las empresas chilenas, producto de una carga tributaria y logística estructuralmente distinta.

Redactora de la sección Economía, especializada en minería y energía. sbpont@clarin.com

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