La tormenta perfecta que golpea a la industria textil: Shein, Temu, importaciones y ventas en caída libre

El sueldo de un petrolero en Neuquén es casi seis veces más que el de un trabajador textil en el Gran Buenos Aires. Esa disparidad es uno de los grandes contrastes que hoy muestra esta Argentina que avanza a dos ritmos. El salario promedio de los operarios textiles bonaerenses, sin contar el peso de la inflación, desde noviembre de 2023 registra una caída de 21%.

Las industriales textiles y de indumentaria están entre los sectores más afectados, en un cóctel que incluye la caída del consumo y la apertura de importaciones. Y en el repaso de los distintos indicadores, no asoma ni un brote verde.

Los números reflejan la magnitud del deterioro. Entre enero y mayo, la fabricación local de productos textiles se desplomó 26,5% interanual, según el Índice de Producción Industrial (IPI) del Indec, contra -3,1% del nivel general.

El segmento más golpeado fue el de tejidos y acabado de productos textiles, con un retroceso de 38,6% interanual durante ese período. Mientras que fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado cayó 15,3%, con el rubro calzado liderando las bajas.

La contracción también se trasladó al empleo y a la utilización de las plantas. De acuerdo con el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), el empleo formal en productos textiles se redujo 8,6% en el cuarto trimestre de 2025 frente al mismo período del año anterior, mientras que en cuero y calzado la baja alcanzó el 15,9%.

Los registros del Sistema Integrado Previsional (SIPA) muestran, además, que el sector acumula 16 meses consecutivos de pérdida de empleo formal. En ese contexto, las fábricas trabajan con un nivel de utilización de la capacidad instalada de apenas 42,2%, muy por debajo incluso del promedio de la industria manufacturera, que en mayo fue de sólo 58,4%.

Para Mariángel Ghilardi Sierra, coordinadora sectorial y de negocios de Abeceb, la crisis no puede explicarse únicamente por la apertura de importaciones. Plantea que el sector enfrenta una tormenta perfecta en la que confluye la mayor competencia externa tras la reducción de aranceles y barreras paraarancelarias, junto a un cambio estructural del negocio textil a nivel global, impulsado por el comercio electrónico y nuevos hábitos de consumo. El tercer factor es la debilidad del mercado interno.

Como resultado, 874 establecimientos productivos cerraron desde diciembre de 2023 hasta marzo de este año, según los datos oficiales. Además, sólo este año varias empresas solicitaron el concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos y sostener sus operaciones. Entre ellas figuran la marplatense Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio; la textil Hilado, de la familia Karagozian; las firmas Ted Bodin y Viamo; y Fantome Group, fabricante de las marcas Kevingston y Reebok bajo licencia. Amesud, la principal fabricante de telas del país propiedad del ex titular de la Fundación ProTejer Hong Yeal Kim pidió el concurso a fines de junio.

A esa lista se sumaron cierres y repliegues productivos. En julio, el fabricante de calzado deportivo Grupo Dass anunció el cierre de la última planta que mantenía en la Argentina, ubicada en Eldorado (Misiones), y resolvió abastecer el mercado local con producción importada desde Brasil. Los casos reflejan el complejo escenario que atraviesa la cadena textil e indumentaria, que combina caída de la demanda, deterioro de la rentabilidad y una creciente competencia de los productos importados.

A juicio de Ghilardi Sierra, no todos los segmentos están igualmente expuestos: mientras los productos básicos y masivos son los más afectados, las empresas orientadas a nichos premium, indumentaria técnica o ropa de trabajo cuentan con mayores posibilidades de adaptación. También relativiza el impacto macroeconómico de las compras vía courier, al señalar que, aunque crecieron con fuerza, todavía representan una porción reducida del total de las importaciones.

¿No tiene impacto el fenómeno Shein y Temu? Ghilardi Sierra lo pone en números: señaló que las importaciones a través de servicios postales crecieron cerca de un 300% durante 2025 y superaron los US$800 millones. Sin embargo, remarcó que en términos agregados, aún representan alrededor del 1,2% del total de las importaciones —y menos del 2% en el primer semestre de este año—, por lo que su impacto macroeconómico sigue siendo acotado y se concentra en determinados segmentos del mercado.

Para Celina Pena, gerenta de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en cambio, el problema excede el crecimiento de las compras por courier y pasa por las condiciones en las que ingresan los productos al país. La directiva sostuvo que la reducción de aranceles y la simplificación de las importaciones deberían estar acompañadas por controles que garanticen una competencia en igualdad de condiciones. En ese sentido, advirtió sobre deficiencias históricas en la Aduana, cuestionó los valores a los que se declaran algunas importaciones —que calificó como "ficticios"— y reclamó un mayor control sobre el ingreso de mercadería, además de un plan de competitividad que reduzca el costo de producir en la Argentina.

Aunque la apertura comercial explica parte de la crisis, entre los analistas y representantes del sector existe consenso en que la crisis no puede entenderse sin la fuerte retracción del consumo interno. La pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y el mayor peso que ganaron gastos como los alquileres, los servicios públicos y los alimentos en el presupuesto de los hogares redujeron el margen para la compra de indumentaria, uno de los consumos que primero se posterga cuando cae el ingreso disponible.

"No se vende nada. El mercado interno está muy chico", resumió la directora ejecutiva de la Fundación Pro Tejer, Priscila Makari. Según explicó, en ese contexto las empresas enfrentan un doble desafío: un mercado cada vez más reducido y una mayor participación de los productos importados. El último informe de la entidad señala que esa caída de la demanda obligó a muchas compañías a reducir la producción, postergar inversiones, ajustar plantillas de personal e incluso liquidar stocks para afrontar los costos fijos. Como reflejo de esa estrategia, los precios de la indumentaria aumentaron muy por debajo de la inflación general, lo que profundizó el deterioro de la rentabilidad en toda la cadena.

Makari advirtió que el impacto ya se refleja en la estructura del sector. Según estimaciones de ProTejer, desde 2023 cerraron más de 800 pequeñas y medianas empresas y se perdieron más de 24.000 puestos de trabajo formales en una cadena que emplea a unas 540.000 personas en todo el país. "No vemos indicios de políticas que reviertan esta situación. Las tasas siguen siendo altas y el desempleo continúa creciendo", afirmó.