El oficialismo se prepara para la sesión sobre el proyecto de Malvinas y la reforma del Banco Central

Mientras termina de zanjar las diferencias en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con pedidos de modificaciones de parte de fuerzas aliadas en artículos muy sensibles, el oficialismo terminó de delinear el temario de la sesión del próximo miércoles y se prepara para dar batalla en el recinto, donde también se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El repertorio se completa con el tratamiento del Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el Acuerdo de Montevideo y la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los votos para sancionar en general el proyecto que aborda la cuestión Malvinas (y que también trae un conjunto de disposiciones para reorganizar el aparato de defensa y de inteligencia bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional) están garantizados, pero está en riesgo el capítulo 7 del dictamen, que incluye la creación de nuevos tipos penales vinculados a la “injerencia extranjera” y requiere de una mayoría especial de 129 voluntades para su aprobación.

El asunto se conversó con detenimiento en una reunión a puerta cerrada que se desarrolló en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, que tuvo a Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado (esta última de forma virtual) por parte del oficialismo, y a referentes de los bloques del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques menores.

El Gobierno mandó a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, quien reporta a la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy, a tomar nota de los reclamos.

La funcionaria escuchó al misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), a la radical bonaerense Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y a la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quienes pidieron expresamente eliminar o al menos modificar profundamente el capítulo 7.

En cambio, el PRO se comprometió a apoyar el proyecto plenamente, ya sea que se le apliquen modificaciones o se mantenga igual.

Este capítulo prevé multas importantes a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.

Además propone penas de prisión por “facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación”.

También dispone penas de prisión por poner los secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero; y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero.

En general se prohíbe la organización, financiación y ejecución de “campañas de injerencia extranjera” y de “actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes”.

“No constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable”, se aclara.

El principio rector de la iniciativa, resistida por la oposición dura, es aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida “amenaza externa”.

Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un “caballo de Troya” que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.

Si bien el proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, se dejó afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.