Una pareja intentó cruzar a Uruguay con más de 52.000 dólares ocultos y evitó el juicio al cederle el dinero al Estado

Una pareja acusada de intentar cruzar a Uruguay con más de 52.000 dólares sin declarar ocultos en una camioneta evitó llegar a juicio oral tras alcanzar un acuerdo de reparación integral que incluyó el abandono de la totalidad del dinero secuestrado a favor del Estado Nacional y una donación adicional de más de US$10.000 destinada a hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso se originó el 5 de julio de 2025, cuando los imputados se presentaron en el control aduanero de la terminal de ferries de Puerto Madero para embarcar rumbo a Colonia (Uruguay), a bordo de una Ford Ranger.

Durante la inspección previa al embarque, agentes aduaneros detectaron una mochila escondida en la puerta trasera derecha del vehículo que contenía 250 billetes de 100 dólares. Además, encontraron otros 272 billetes de la misma denominación ocultos en un compartimiento ubicado a la izquierda del volante.

De acuerdo con la investigación, el monto total ascendía a US$52.200, una suma que no había sido declarada ante la Aduana. A partir de ese hallazgo se inició una causa por tentativa de contrabando.

Cuando el expediente llegó a la instancia de juicio oral, la defensa de los acusados solicitó la aplicación de la figura de reparación integral del perjuicio, prevista en el artículo 59 del Código Penal.

Este mecanismo permite extinguir la acción penal mediante una reparación considerada suficiente para resarcir el daño causado, siempre que cuente con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la aprobación judicial.

La propuesta presentada incluyó el abandono definitivo de los US$52.200 secuestrados a favor del Estado Nacional y la entrega adicional de US$10.440, equivalente al 20% de la suma incautada.

El dinero adicional ofrecido por la pareja será distribuido en partes iguales entre cuatro hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires: el Hospital Garrahan, el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Hospital de Clínicas José de San Martín. Cada una de las instituciones recibirá US$2.610.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se opuso al acuerdo al sostener que la reparación integral no resulta aplicable a los delitos de contrabando. Sin embargo, la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá, consideró que la figura está plenamente vigente para este tipo de hechos.

Según el criterio fiscal, el ofrecimiento cumplía con el requisito de integralidad al contemplar tanto la entrega total de las divisas incautadas como un aporte adicional destinado a entidades de bien público.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 homologó el acuerdo mediante una resolución firmada por el juez Fernando Machado Pelloni. En su decisión, el magistrado consideró que la propuesta era “razonable, proporcional y adecuada a las particularidades del caso”, ya que comprendía tanto la pérdida definitiva del dinero secuestrado como una contribución económica complementaria destinada a instituciones de bien público.

Respecto de la postura de ARCA, el juez sostuvo que la opinión del organismo damnificado debía ser considerada, aunque aclaró que no resultaba vinculante para la resolución judicial. En ese sentido, destacó que la titularidad de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público Fiscal, cuya conformidad sí resulta determinante para la aplicación de este mecanismo.

Como resultado del acuerdo, el dinero secuestrado quedó a disposición de ARCA-Dirección General de Aduanas (DGA), organismo responsable del control aduanero y del interés público comprometido en este tipo de infracciones.

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