Estados Unidos dejó atrás los aranceles temporales para dar paso a una nueva ronda de gravámenes que se sitúan entre el 10 % y el 12,5 %. Esta actualización afecta a 60 países, que en conjunto representan un 99 % del total de sus importaciones de bienes. Esta acción no rebaja la protección comercial, sino que refleja claramente la intención de Washington de mantener firmemente su estrategia arancelaria, según señalan los expertos de Coface.
El 24 de julio marcó el fin de los aranceles provisionales establecidos bajo la Sección 122, pero estos fueron inmediatamente reemplazados por nuevos gravámenes fijados entre el 10 % y el 12,5 %, ahora bajo la Sección 301. Esta normativa afecta a un grupo amplio de 60 países, que abarcan casi la totalidad de las importaciones estadounidenses. Esta transición pone en evidencia la decisión de la Administración de mantener altos niveles de protección comercial, a pesar de los retos legales que se han presentado en meses recientes.
En cuanto al efecto directo, se pronostica un impacto modesto sobre el promedio de los derechos de aduana, dado que estos nuevos aranceles no se suman automáticamente a los ya existentes ni alteran de forma considerable el tipo medio aplicado. Sin embargo, esta acción refleja la flexibilidad del gobierno estadounidense para ajustar sus herramientas y continuar implementando su política comercial.
La Sección 301, utilizada previamente para gravar especialmente a China durante la Administración de Donald Trump, ahora sirve como base para estos nuevos aranceles. A diferencia del mecanismo anterior basado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), cuya validez fue cuestionada por la falta de autorización expresa, la Sección 301 dota a la Casa Blanca de un respaldo legal más sólido y bien definido.
Eso sí, esta fortaleza jurídica no descarta la posibilidad de futuras impugnaciones en tribunales. La justificación que ofrece Washington se fundamenta en que los países afectados carecen de sistemas efectivos para controlar o prohibir la importación de productos derivados del trabajo forzoso. Este argumento podría ser desafiado por las empresas importadoras, especialmente considerando que la medida alcanza a una amplia gama de socios comerciales.
Marcos Carias, economista para Norteamérica de Coface, comenta: "Esta decisión no es simplemente una renovación técnica de los aranceles vigentes. Demuestra, ante todo, la voluntad de Washington de convertir un régimen cuestionado en un marco arancelario más sostenible. Para las empresas, el mensaje es claro: el riesgo de los aranceles estadounidenses sigue siendo elevado, incluso cuando una medida está a punto de expirar".
Aunque estos nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % establecen un marco general para buena parte de las importaciones estadounidenses, no restauran en su totalidad el sistema anterior, que contemplaba recargos adicionales para ciertos países o productos específicos. Precisamente estos gravámenes complementarios son los que Washington podría intentar reinstaurar en el futuro próximo.
Actualmente, está en marcha una investigación bajo la Sección 301 que se enfoca en la sobrecapacidad estructural de 16 economías, incluyendo potencias como China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Vietnam, México y algunos países del Sudeste Asiático. Aunque todavía no se conocen ni los plazos ni la cuantía de los aranceles que podrían resultarse, este expediente permitirá a Estados Unidos implementar medidas más dirigidas contra ciertas economías.
Además, se desarrollan investigaciones sectoriales concretas en áreas como aeroespacial, drones, equipos médicos, robótica, maquinaria industrial, turbinas eólicas, minerales críticos y polisilicio. Aún no está claro qué acciones podrían derivarse de estos análisis, pero evidencian que la política arancelaria estadounidense sigue en constante evolución.
Un claro ejemplo de esta dinámica es la creciente presión sobre Canadá. Estados Unidos ha comunicado la implementación de aranceles del 50 % sobre importaciones canadienses por valor de 20.000 millones de dólares, lo que representa el 5,2 % de las exportaciones de Canadá hacia EE.UU. Esta medida está programada para entrar en vigor el 19 de agosto de 2026.
En primera instancia, se interpreta que esta decisión busca ser una herramienta de negociación dentro del contexto de las conversaciones comerciales entre ambos países. Aunque el impacto macroeconómico sería limitado si se aplican, esta acción confirma que Washington recurre cada vez más a los aranceles como instrumentos tanto económicos como diplomáticos para ejercer presión.
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