La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha lanzado un llamamiento urgente a la Junta de Extremadura para que solicite la mediación del ministro de Agricultura, Luis Planas, ante la Comisión Europea. La organización agraria busca la supresión del Régimen de Perfeccionamiento Activo (TPA) en el sector del aceite de oliva, un mecanismo aduanero que permite la importación masiva de producto de terceros países sin aranceles para su posterior reexportación.
El gerente de la entidad, Santi Prieto, ha alertado sobre las graves consecuencias de esta operativa comercial para el sector primario. Según ha manifestado, "hacemos un llamamiento urgente a la Junta de Extremadura para que medie ante el ministerio y se suprima el régimen de perfeccionamiento activo en el sector del aceite de oliva, porque este mecanismo aduanero está provocando un impacto devastador en la rentabilidad y la supervivencia del agricultor extremeño".
Este mecanismo aduanero está provocando un impacto devastador en la rentabilidad y la supervivencia del agricultor extremeño"
Desde el colectivo han advertido de que la Unión Europea mantiene un acuerdo comercial con Túnez que contempla un contingente de 57.700 toneladas libre de gravámenes, pero la TPA multiplica estas cifras en el mercado. En este sentido, Prieto ha remarcado que "Europa tiene un acuerdo comercial con Túnez que establece un contingente de 57700 toneladas, libre de aranceles, y con este régimen están entrando el doble de toneladas, solo procedente de este país".
Esta dinámica comercial genera un efecto perjudicial directo en las explotaciones tradicionales y presiona el mercado nacional. El representante agrario ha denunciado que, "al sustituir el producto nacional por importaciones de bajo coste, las grandes envasadoras reducen la demanda de aceite local ejerciendo una presión a la baja asfixiante sobre los precios en origen".
Al sustituir el producto nacional por importaciones de bajo coste, las grandes envasadoras reducen la demanda de aceite local ejerciendo una presión a la baja asfixiante sobre los precios en origen"
Esta caída en origen se produce en un escenario marcado por el encarecimiento de los costes de producción, como los insumos, la energía y la mano de obra. A este contexto se suma una brecha competitiva frente a los olivareros españoles, quienes cumplen rigurosas normativas medioambientales, sanitarias y laborales comunitarias que no se aplican al aceite importado, lo que consideran una competencia desleal consentida.
Ante esta situación, y en sintonía con las reclamaciones de comunidades como la Junta de Andalucía, la entidad ha instado a promover medidas contundentes para frenar el impacto en el campo. Prieto ha señalado que "reclamamos la implantación de cláusulas espejo para que cualquier aceite que cruce las fronteras comunitarias cumpla exactamente con los mismos estándares sociolaborales, medioambientales y fitosanitarios que se imponen a los productores españoles, y el endurecimiento de la normativa para que el consumidor identifique con total claridad el país de origen real del producto".
La propuesta incluye un control aduanero riguroso con mayores inspecciones en puertos y aduanas para evitar filtraciones hacia el mercado interior europeo, además de prohibir marcas que camuflen la procedencia. Desde CLYGAL han concluido que proteger el aceite de oliva resulta imprescindible para salvaguardar la soberanía alimentaria y el sustento de miles de familias en la economía rural.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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