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La decisión del Gobierno de Estados Unidos de rechazar la solicitud de Honduras para conceder un período adicional de transición a unos 55,000 hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) coloca al gobierno de Nasry “Tito” Asfura ante una de sus primeras grandes dificultades en materia diplomática y migratoria.
La negativa de Washington resulta especialmente significativa porque la administración de Asfura ha construido buena parte de su política exterior sobre un acercamiento estrecho con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, la llamada relación de amistad entre ambos mandatarios no se ha traducido, hasta ahora, en un resultado favorable para los miles de hondureños que enfrentan la pérdida de su protección migratoria.
El Gobierno hondureño confirmó que Washington descartó conceder un período adicional de gracia. Asfura, por su parte, afirmó que respeta las decisiones migratorias estadounidenses, pero pidió que se otorgue tiempo a los afectados para organizar sus asuntos familiares, laborales y patrimoniales antes de un eventual retorno a Honduras.
La situación genera cuestionamientos sobre el alcance real de la cercanía política entre Asfura y Trump. Durante la campaña electoral hondureña, Trump manifestó públicamente su respaldo a Asfura y posteriormente ambos presidentes mantuvieron un encuentro en Mar-a-Lago.
Para algunos analistas, esa relación generó expectativas de que Honduras tendría una posición privilegiada ante Washington, especialmente en temas como migración, comercio, aranceles y cooperación.
El analista político Julio Larios fue más directo al evaluar el desempeño del Gobierno hondureño. Según declaraciones recogidas por TN5, consideró que Asfura no ha sabido aprovechar su relación con Trump, pese a las oportunidades de acercamiento que ha tenido con el mandatario estadounidense.
La valoración de Larios pone sobre la mesa una pregunta política: ¿de qué sirve una relación presentada como amistad si no puede producir resultados concretos cuando están en juego los intereses de decenas de miles de hondureños?
Una segunda lectura proviene del analista Ramón Custodio, quien ha advertido que Honduras debió prepararse con anticipación para el fin del TPS, una situación que consideraba previsible. Custodio también ha señalado la necesidad de fortalecer la relación bilateral con Washington para buscar soluciones para los afectados.
El rechazo estadounidense también demuestra los límites de la diplomacia basada en relaciones personales. Aunque Trump y Asfura mantienen un discurso de cercanía política, la administración estadounidense continúa aplicando una agenda migratoria restrictiva.
De acuerdo con análisis publicados en Honduras, la cercanía entre ambos mandatarios no necesariamente significa que Washington esté dispuesto a modificar decisiones que considera estratégicas para su política migratoria.
Los aproximadamente 55,000 hondureños afectados no representan solamente una cifra migratoria. Muchos llevan décadas viviendo en Estados Unidos, han formado familias, adquirido propiedades y desarrollado su vida laboral y comunitaria en ese país. Asfura ha reconocido precisamente esta realidad al pedir tiempo para que puedan prepararse para un eventual retorno.
El caso del TPS abre un debate más amplio sobre la política exterior del Gobierno de Asfura.
Durante meses se habló de una nueva etapa de cooperación entre Tegucigalpa y Washington. El propio mandatario hondureño ha definido la relación con Estados Unidos como una relación de entendimiento y respeto mutuo.
Pero el rechazo a conceder más tiempo a los beneficiarios del TPS evidencia que la cercanía personal entre presidentes no garantiza concesiones políticas.
Para Honduras, el desafío ahora será demostrar que su política exterior puede convertir los vínculos diplomáticos en resultados concretos: protección de sus migrantes, mejores condiciones comerciales, cooperación económica y mecanismos que permitan enfrentar el impacto de un eventual retorno masivo.
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