Paro de camioneros en San Antonio no tiene fecha de término y gremio nacional pide al Gobierno y a las empresas “negociar de verdad”

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó que el Gobierno de Javier Milei permitiera el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, pese a que el presidente firmó el DNU… La entrada Gil Domínguez acusa a Milei de incumplir su propio DNU migratorio por el ingreso de Flávio Bolsonaro se publicó primero en Diario Textual.

Tal como lo anunció el fin de semana el presidente Abelardo de la Espriella, el Gobierno presentará esta tarde el proyecto de Ley de Rescate, con el que busca reducir el gasto público de 2027 en cerca de $40 billones, equivalentes al 2,2% del PIB, en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país. El vicepresidente José Manuel Restrepo y varios ministros del gabinete acompañarán la radicación de la iniciativa, luego de las declaraciones que ofrecerá el mandatario desde Catam. Aunque el texto aún no se conoce, algunos funcionarios han adelantado posibles medidas que incluiría el proyecto. Siga leyendo: Deuda del Gobierno suma $24,9 billones más en solo dos meses, y pedir prestado le cuesta más El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, afirmó que la iniciativa revisará el tratamiento tributario de las plataformas internacionales de comercio electrónico, como Shein, Temu y Amazon, con el propósito de equilibrar las condiciones de competencia frente a los comerciantes nacionales. El debate incluye propuestas para aplicar IVA a las compras realizadas a través de estas plataformas y la petición de Fenalco de eliminar el arancel del 40% a las importaciones de textiles. Ambas posiciones reflejan las diferencias sobre cómo regular el comercio electrónico y proteger a los negocios locales. Puede leer: Otra semana sin plan de ajuste fiscal: la preocupación crece entre analistas económicos Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró en Cartagena que la Ley de Rescate contemplaría un régimen especial de garantías para brindar estabilidad jurídica a los inversionistas. El mecanismo buscaría unificar los beneficios tributarios y ofrecer protección frente a futuros cambios en las reglas fiscales. Para Julio César Romero, economista Jefe de Corficolombiana, el plan que se espera contemplaría reducir el tamaño del Estado, una tarea que pasa por flexibilizar gastos que hoy están amarrados por la ley o la Constitución. “Como son las transferencias a entes territoriales, como son los gastos en salud y pensiones, que son partidas que difícilmente se pueden recortar”, precisó. Por eso insiste en que se trata de “gastar mejor, no solamente es gastar menos”. Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto, propone revisar funciones y procesos de las entidades para que no se repitan, lo que terminaría en un ajuste de nómina y de contratos de prestación de servicios. También pide mirar con lupa la contratación: “La mayor parte de la contratación nuestra, por no ser bien planificada, le genera más costos al país”. Romero agrega eliminar “nóminas paralelas, burocracia innecesaria, pago a los agentes de corrupción”. El otro frente son los impuestos, y ahí los expertos ven un límite. “Colombia, a pesar de que ha hecho reformas tributarias, no ha logrado aumentar el recaudo”, advirtió Romero. Los ingresos tributarios llevan seis años estancados en 16% del PIB, al punto de que, como lo dijo el ministro de Hacienda, se podría hablar de fatiga fiscal. “Subir las tarifas de renta no está aumentando el recaudo”. Amorocho pide una “reforma tributaria inteligente” que no consista en subirle tarifas a la gente. Su receta coincide con la del FMI, reducir privilegios tributarios y exenciones en renta e IVA, mejorar la lucha contra la evasión y el contrabando, y crear un gravamen para las plataformas tecnológicas. A eso suma el reperfilamiento de la deuda para cambiar deuda cara por deuda barata, pagar menos intereses y abrirle la puerta a la inversión extranjera. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, pone cifras al debate al calcular que mejor focalización de subsidios y eliminación de ineficiencias traería ahorros cercanos a $21 billones anuales. A su vez, la lucha contra la evasión daría hasta $32 billones en recaudo. Por su lado, la revisión de exclusiones y beneficios del IVA tendrían un potencial de $32 billones y una ampliación gradual de la base de renta de personas naturales pondría cerca de $17 billones. Además, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, recuerda que países comparables como Perú y Chile tienen déficits de alrededor de 3%. “No hay ley fiscal que no reduzca (...) crecimiento económico en el corto plazo y que no implique sacrificios en el corto plazo. Eso como sociedad tenemos que entenderlo”. El gasto público es uno de los motores de la economía, pero Salazar se pregunta cuánto puede durar. Si la brecha crece y los intereses se encarecen, advierte, un país puede dejar de pagar sus deudas, “el momento en el que un Estado se quiebra”. Para Romero, el examen real será lo que el Gobierno ponga en el Congreso. “Lo tienen que lograr no solamente que las cuentas cuadren en la propuesta, sino convencer al Congreso, convencer a las fuerzas políticas, y esa es la tarea más dura, más exigente”. Asimismo, José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, explica que la iniciativa podría incluir mecanismos de estabilidad jurídica para incentivar la inversión privada, ante las dificultades para reducir la carga tributaria. También plantea la necesidad de revisar las normas que obligan al Estado a destinar recursos a determinados gastos, con el fin de ampliar el margen de maniobra del Gobierno para ajustar el presupuesto. El presidente de Anif recuerdo que el Gobierno ha planteado un ajuste equivalente a 2,2 puntos del PIB, cuyo componente principal debería ser la reducción del gasto público. Aunque no descarta medidas por el lado de los ingresos, consideró poco probable una reforma tributaria de gran alcance, dada la falta de respaldo político para aumentar de manera significativa los impuestos. “La estabilidad fiscal del país está en juego. Si Colombia no hace ningún tipo de ajuste, el año entrante podría tener un déficit superior a nueve puntos del PIB, que va a ser muy difícil o imposible financiar”, advierte López. Por eso, entre las alternativas, menciona la revisión de algunas deducciones tributarias para el sector privado y una mejor focalización de los subsidios, de modo que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Cubides agrega una condición en el debate, se trata de metas verificables de reducción del déficit durante varios años, para que el esfuerzo sea sostenible y no ahogue la capacidad de crecimiento del país. Así las cosas, mientras el reloj corre, Salazar insiste en que “el ajuste fiscal es algo doloroso, pero necesario (...) para que a mediano plazo la inversión privada y los demás sectores de la economía puedan crecer y no sea solo el gobierno el que soporte”. Siga leyendo: Ley de Rescate Fiscal “está prácticamente lista” y será radicada: proyecto tiene 90 días para llegar al Congreso Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.