El Gobierno pide ayuda al sector privado para producir electricidad a cambio de exenciones fiscales

La Habana/El Gobierno cubano ha decidido ofrecer incentivos fiscales al sector privado para que invierta en la generación de electricidad mediante fuentes renovables, en un momento en que el sistema eléctrico nacional (SEN) atraviesa una de las peores crisis de su historia. Dos resoluciones publicadas este viernes en la Gaceta Oficial eliminan aranceles a la importación de equipos destinados a la producción de energía limpia y amplían las posibilidades de que particulares y empresas vendan electricidad al Estado.

Más que un incentivo fiscal, las resoluciones suponen un reconocimiento implícito de que el Estado ya no dispone por sí solo de los recursos necesarios para aumentar la generación eléctrica y necesita atraer inversión privada hacia un sector que durante décadas ha permanecido reservado a la iniciativa pública.

La Resolución 180/2026 exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas que importen sistemas solares fotovoltaicos, así como otros equipos destinados a la generación de energía renovable, entre ellos calentadores solares, pequeños aerogeneradores, biodigestores, bombas fotovoltaicas y cargadores para vehículos eléctricos alimentados con fuentes limpias.

Por su parte, la Resolución 179/2026 modifica una norma aprobada apenas en mayo para ampliar la compraventa de electricidad generada mediante biomasa vegetal y energía eólica que sea entregada al SEN. La regulación anterior estaba centrada casi exclusivamente en la energía solar fotovoltaica y ahora incorpora nuevas tecnologías con el propósito de aumentar la oferta eléctrica.

Las resoluciones incluyen además bonificaciones en los impuestos sobre utilidades e ingresos personales para quienes financien instalaciones de energías renovables en policlínicos, consultorios, hogares maternos, edificios multifamiliares, viviendas de personas electrodependientes y sistemas de bombeo de agua, una inversión que el Ejecutivo presenta como parte de la "responsabilidad social" de empresas y particulares.

El principal obstáculo para extender el uso de estas tecnologías, sin embargo, no parece ser la carga tributaria sino el costo de las inversiones. Un sistema fotovoltaico doméstico cuesta varios miles de dólares, una cifra fuera del alcance de la inmensa mayoría de los cubanos, cuyos salarios y pensiones apenas cubren los gastos básicos.

Tampoco desaparecen otros problemas de fondo. Sin créditos bancarios accesibles, sin un mercado financiero funcional y con una economía marcada por la escasez de divisas, la posibilidad de aprovechar las nuevas exenciones fiscales queda restringida a un número reducido de actores económicos. En la práctica, los principales beneficiarios previsiblemente serán empresas estatales, mipymes consolidadas y personas con acceso a remesas o recursos en moneda fuerte.

Los cambios llegan apenas unos días después de que el país sufriera un nuevo colapso del sistema eléctrico. Agosto comenzó con un apagón parcial seguido por otros dos de carácter nacional que dejaron durante varios días sin servicio a casi toda la Isla. Mientras tanto, los cortes eléctricos diarios siguen afectando a amplias zonas del país durante buena parte de la jornada.

El deterioro del SEN es consecuencia de años de insuficiente inversión en las centrales termoeléctricas, frecuentes averías, déficit de combustible y dificultades financieras para importar petróleo y piezas de repuesto. Aunque las autoridades atribuyen esos problemas al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, Cuba continúa adquiriendo combustibles en el mercado internacional, aunque en condiciones mucho más costosas y complejas.

La apuesta por las energías renovables tampoco es nueva. Desde hace años el Gobierno anuncia programas para aumentar la generación mediante parques solares, biomasa y energía eólica, aunque los resultados han quedado por debajo de los objetivos oficiales y la electricidad producida con estas fuentes continúa representando una proporción limitada del total generado en el país.

Con estas resoluciones, el Gobierno intenta convertir a empresas privadas, cooperativas y particulares en nuevos productores de electricidad para aliviar la presión sobre un sistema colapsado. Sin embargo, mientras la inversión siga requiriendo miles de dólares y no existan mecanismos de financiación accesibles, el plan difícilmente pasará de beneficiar a una minoría con acceso a divisas, sin alterar de forma significativa la crisis energética que vive la Isla.

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