Vendieron a Venezuela con los venezolanos adentro

Para controlar la riqueza petrolera venezolana, la Administración Trump necesita controlar las condiciones políticas, y eso exige estabilidad, no cambio. Chris Wright y Delcy Rodriguez en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 2 de septiembre de 2026.

El mayor acuerdo petrolero del siglo entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, a través del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, es un hito crucial en la historia de Venezuela. Y lo es por las peores razones: la dimensión de lo negociado, la opacidad del proceso, la falta de legitimidad democrática de quienes lo negociaron y los poderes extraordinarios que otorga a Washington sobre Venezuela.

Pese a que muy probablemente generará una inyección de inversiones multimillonarias, es un mal acuerdo. Tanto que, por primera vez en más de dos décadas, la oposición y el chavismo disidente han coincidido en repudiarlo. Porque, con lo poco que ya ha transpirado, se puede llegar a una conclusión inquietante: entregar a Estados Unidos 35% del 55% del petróleo venezolano y otro 20% con grandes descuentos, sin costo para los contribuyentes estadounidenses, y por el lapso de un siglo, es un despropósito y una hipoteca que pesará sobre muchas generaciones.

Más que un acuerdo petrolero, se trata de un pacto fáustico. El chavismo gobernante obtiene lo que más necesita: supervivencia política. Washington gana lo que más desea: acceso privilegiado a una de las mayores reservas de petróleo del mundo y un poder de supervisión sin precedentes sobre la economía venezolana. El beneficio inmediato puede ser la recuperación de un país devastado. El costo histórico, sin embargo, es mucho más difícil de calcular: una cesión de soberanía de dimensiones extraordinarias.

Esa parece ser la lógica íntima del acuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó esta semana que Estados Unidos debe controlar los ingresos petroleros venezolanos para evitar que gobernantes y élites vuelvan a robarse la renta. La ironía se cuenta sola: esos gobernantes y esas élites son los mismos que llevan casi tres décadas en el poder. Pero Rubio no busca romper esa continuidad, sino administrarla. Porque para controlar la riqueza petrolera venezolana, la Administración Trump necesita controlar las condiciones políticas, y eso exige estabilidad, no cambio.

Es un acuerdo espurio de cabo a rabo y debe ser denunciado por lo que es: la contracara de la tutela que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela y que permite controlar sus riquezas desde la extracción de Nicolás Maduro.

Pero hay más. Es la cabeza de playa de la entrada al país de un conjunto de empresas, petroleras, financieras y de comunicaciones ligadas a Trump, una red de aliados y socios que han formado parte de su administración y han donado a sus campañas. Es el caso de las empresas Sable y Primavera, como reveló The Financial Times.

Esa tutela solo ha sido posible porque la troika chavista ha garantizado su funcionamiento en el terreno. La cara oculta del acuerdo petrolero es otro acuerdo, de naturaleza política, que permite al chavismo permanecer en el poder con la aprobación de la Casa Blanca. En otras palabras: el Rodrigato entrega el país a cambio del poder.

Alejandro Betancourt ocupa un lugar singular en esta historia. El más prominente de los llamados bolichicos no es un simple intermediario: es el puente entre la corrupción del viejo chavismo, la supervivencia de un orden post-Maduro y los intereses de Washington. Según Marc Caputo en Axios, fue Betancourt quien conectó a Delcy Rodríguez con Marco Rubio la madrugada del tres de enero, mientras tropas estadounidenses asaltaban Fuerte Tiuna. Otras fuentes venezolanas aseguran que su relación con el entorno de Trump es mucho más antigua. Si las conversaciones en Catar de fines de 2025 ya habían revelado que Delcy figuraba como sustituta de Maduro en una salida negociada, ahora sabemos también quién ayudó a cerrar el círculo —y quién se asegura de que ese círculo no se abra con unas elecciones.

Trump lo ratificó cuando, consultado sobre elecciones presidenciales en Venezuela, respondió que el país no está preparado. La frase es cínica y reveladora: la inmensa mayoría de los venezolanos apoya elecciones a corto plazo, pero éstas introducirían justo la incertidumbre que la nueva arquitectura del poder en Venezuela fue diseñada para evitar.

Ahí está la paradoja del acuerdo: puede atraer las inversiones que la economía venezolana necesita para salir de la ruina mientras consolida un sistema que priva a los venezolanos de decidir su propio destino y profundiza la dependencia de Washington bajo el chavismo.

Trump ha mostrado desdén por la democracia venezolana. Lo que le importa son los negocios y las ventajas que pueda extraer de ellos. Si los venezolanos ya están felices bailando en la calle, como ha repetido, ¿para qué necesitan elecciones y democracia Los pactos fáusticos siempre ofrecen algo deseado —por eso seducen. Los venezolanos podrían obtener una mejora económica a corto plazo. Pero el precio oculto es existencial porque se ha logrado a través de alianzas con fuerzas antidemocráticas y se pagará con soberanía, instituciones y capacidad de autodeterminación.

La cúpula gobernante venezolana ya lo firmó. Abandonó la defensa de la soberanía nacional y la lucha antiimperialista que durante años sirvieron de justificación a su proyecto político. A cambio, recibió un bono de supervivencia.

Después de varios días de silencio, María Corina Machado rechazó la opacidad de una negociación realizada en las sombras por un gobierno sin legitimidad democrática, pero evitó cuestionar el papel de la Administración Trump como contraparte del acuerdo. Esa cautela es comprensible. También es un error: denunciar solo a uno de sus firmantes equivale a aceptar al otro.

Por eso, Machado corre el riesgo de quedar atrapada dentro de la lógica del pacto fáustico. Si el chavismo ha intercambiado soberanía por permanencia en el poder, ella no puede limitarse a esperar que Washington corrija el problema el día que le venga en gana, puesto que a Trump solo le interesa la estabilidad de una arquitectura de poder que le permite avanzar sus intereses.