La entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) —iniciada el 1° de mayo de 2026 tras negociaciones abiertas en 1999— ya genera los primeros desencuentros operativos en el sector privado.
Lo que prometía ser la apertura de un mercado estratégico de más de US$120.000 millones anuales enciende alarmas en las entidades agropecuarias regionales, que cuestionan la mecánica elegida para administrar los cupos de exportación.
A través de un comunicado oficial emitido desde la ciudad de Porto Alegre y firmado por su presidente, Jorge A. Rodríguez, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) hizo pública su preocupación sobre la falta de un entendimiento intrabloque relativo a la distribución de los cupos de exportación otorgados por Bruselas.
En el marco de la letra del tratado, la Unión Europea estableció un conjunto de contingentes arancelarios específicos para 22 productos agropecuarios considerados sensibles, permitiendo el ingreso gradual de volumen con preferencia tributaria.
En sentido inverso, el Mercosur concedió contingentes para 11 productos de origen europeo.
Sin embargo, la ausencia de una asignación previa, cuantificada y coordinada entre los países miembros para administrar la oferta sudamericana está transformando esa ventaja arancelaria en un escenario de elevada volatilidad operativa.
El punto central de la advertencia institucional gira en torno a la aplicación del principio conocido como “first in, first out” (FIFO), es decir, la adjudicación de las cuotas por estricto orden de llegada de las solicitudes mediante el Sistema de Administración y Distribución de Cuotas Otorgadas al MERCOSUR por Terceros Países (SACME).
Para las entidades representativas del campo regional, este mecanismo automático transforma el acceso a los cupos preferenciales en una carrera acelerada por presentar trámites de embarque, desarticulando cualquier posibilidad de estructurar una planificación comercial sólida y de largo plazo.
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Esta modalidad genera consecuencias directas sobre la posición negociadora de los exportadores.
La falta de certeza sobre qué volumen exacto podrá colocar cada empresa a lo largo de la ventana de vigencia del contingente genera un entorno de imprevisibilidad operativa.
Al saber que el beneficio arancelario se agota a medida que ingresan las carpetas, los compradores comunitarios adquieren una posición de fuerza, presionando sobre los precios de venta de la mercadería y neutralizando, en la práctica, el beneficio fiscal acordado en el tratado internacional.
Paralelamente, la FARM señaló que esta inconsistencia administrativa no solo afecta a las operaciones comerciales vigentes en la actualidad, sino que sienta un precedente negativo para la arquitectura institucional del bloque.
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La incapacidad de alcanzar una solución negociada puertas adentro respecto de la administración de volumen debilita la cohesión del Mercosur frente a otros frentes de negociación internacional que el bloque mantiene abiertos con terceras naciones.
