Washington también decide a qué opositores acepta en Venezuela

Una nueva ronda de conversaciones se iniciará en agosto entre chavistas y exdiputados de la Asamblea Nacional

Si las cosas en Venezuela siguen como las ordena Washington, el 1 de agosto se iniciaría un proceso de reuniones que deberían desembocar algún día nada menos que en el regreso de la democracia a este malogrado país. Y democracia significaría que el régimen «militar, policial y popular» chavista, que ha gobernado a Venezuela como un cuartel durante casi tres décadas, tendría que aceptar una derrota negociada.

Pero, ¿por qué el chavismo habría de estar dispuesto a abandonar el poder? ¿Por qué ahora que tiene total apoyo de Donald Trump en una estrecha relación abonada con petrodólares, mientras Washington promueve su doctrina de seguridad de Estados Unidos en América? El 1 de agosto se iniciará un proceso de conversaciones, tal vez de negociaciones, entre el Gobierno interino y un grupo de poco conocidos opositores también escogidos a dedo por Estados Unidos.

Por el lado del chavismo, el representante mayor en esos encuentros será Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) y el principal operador político y electoral del régimen desde hace algunos años. Jorge ya tiene un récord de conversaciones que no terminaron en nada, más allá de permitirle al chavismo comprar tiempo para afianzarse en el poder.

Los hermanos Rodríguez, junto con el capitán Diosdado Cabello (ministro del Interior y Justicia, jefe del aparato de seguridad y represión), conforman el triunvirato en el poder visible, dejado por Donald Trump después que el 3 de enero sus hombres se llevaron preso a Nicolás Maduro tras una espectacular incursión militar en territorio venezolano.

Por el lado de la oposición, Washington escogió a una inexistente Asamblea Nacional que fue electa en 2015 y cuyo mandato constitucional terminó en 2020. Pero esa Asamblea ya había muerto antes, liquidada por el chavismo en un fujimorazo a cámara lenta. El régimen entendía que un legislativo con mayoría calificada opositora era un cuchillo en su garganta, pues ese legislativo tenía poderes constitucionales hasta para someter a escrutinio el mandato del presidente de la República.

Maduro y Cabello impusieron que el Tribunal Supremo de Justicia, el bufete judicial del régimen, asumiera los poderes de la Asamblea Nacional a través de una Sala Constitucional que se abroga poderes supremos, por encima de la propia letra de la Constitución, claro, siempre a conveniencia del chavismo.

Después, en 2017, Maduro convocó una supuesta Asamblea Constituyente para acabar con una ola de protestas callejeras que duraron cinco meses pidiendo la salida del poder del heredero de Hugo Chávez. En medio de la feroz represión, fuerzas de seguridad civiles, militares y policiales asesinaron con disparos a la cabeza y al torso a un centenar de jóvenes manifestantes. Esa constituyente fue el golpe de gracia para la Asamblea Nacional opositora, que terminó convertida en un cascarón vacío, hasta que en 2020 el chavismo se eligió su propia Asamblea Nacional, y otra más en 2025, que es la que preside hoy Jorge Rodríguez.

Esa es la historia resumida de esos interlocutores que, agarrados de la mano por el Gobierno tutor de Donald Trump, se disponen a reunirse el 1 de agosto en Caracas con una agenda que, según el Departamento de Estado, tiene el fin de «promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional de Venezuela».

«Este anuncio representa un importante paso adelante en el proceso de reconciliación política. Aplaudimos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías de participación política», dice el Departamento de Estado, cuyo secretario, Marco Rubio, ha sido calificado como virrey de Venezuela por la prensa de EEUU, pues administra los destinos de Venezuela en estrecha alianza con el interinato y con Delcy.

«Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por Venezuela que generen avances tangibles hacia una transición electoral pacífica y democrática, al tiempo que colabora con el pueblo venezolano en la recuperación y reconstrucción de su país», remata el documento.

En medio de la tragedia nacional que trajeron los terremotos del 24 de junio, que han dejado más de 5.000 muertos contados, quién sabe cuántos desaparecidos, miles de heridos y centenares de ellos amputados, supuestamente Venezuela comenzará la reconstrucción de demolida democracia.

El propio Jorge Rodríguez, en medio de las labores para atender a miles de damnificados y distribuir en campamentos la generosa ayuda humanitaria llegada desde dentro y fuera del país para los sobrevivientes, había afirmado que no tenía cabeza para pensar en reformas al Consejo Nacional Electoral, CNE. Este organismo chavista es tildado de «ministerio de las elecciones» por los críticos, pues controla los procesos y resultados de los comicios. Jorge ha sido su verdadera cabeza maestra durante años.

«Es un irrespeto, es una grosería, que políticos se reúnan para decidir quién va al TSJ o al CNE», dijo Rodríguez hace una semana, al afirmar que solo participaría en reuniones para atender a las personas que están sufriendo por los terremotos. Días después se vio obligado a recoger sus palabras y en un comunicado su Asamblea Nacional dijo que las próximas reuniones buscarán fortalecer la democracia.

Pero la Asamblea Nacional remanente de 2015 dijo que se trata de una hoja de ruta y «el inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades». Afirma que esa ruta tendrá como prioridades el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política. El propio Marco Rubio reenvió el mensaje de la Asamblea de 2015 en la red social X.