España, en estado de sitio

«La soledad de España en las últimas 24 horas es reveladora de su reciente política exterior. Atacada por colonialista y defendida a regañadientes por la Unión Europea»

Juan Ángel Soto (Murcia, 1992), es graduado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universidad de Navarra, así como en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED. Cuenta con un máster en Teoría Política y Jurídica por el University College London (UCL) y es doctorando en Ciencia Política en la St. Mary’s University de Londres.

Es fundador y CEO de Fortius, una firma de consultoría estratégica especializada en think tanks, inteligencia y riesgos geopolíticos que opera en Europa, América y África. Asimismo, ha ocupado distintos cargos ejecutivos en varios centros de pensamiento, siendo director ejecutivo de la Fundación Civismo (2018–2021) y director internacional de la Fundación Disenso (2021–2023).

Es emprendedor social y ha fundado numerosas organizaciones cívicas, como la Fundación Fortius y Principios, de las que es presidente; y ha impulsado iniciativas como el Instituto Español de Análisis Migratorio o Escuela Hispánica. Colabora de forma habitual en medios de comunicación españoles e internacionales. Como académico, es profesor de teoría política en la Universidad de Navarra. Es Visiting Fellow del Danube Institute de Budapest y de la Universidad Ludovika, e imparte clases en diferentes universidades europeas y escuelas de negocios, como la Universidad de las Hespérides.

Más de 50.000 personas entraron en Ceuta el jueves. No por la valla, en su mayoría, sino a nado, bordeando el espigón del Tarajal en oleadas sucesivas que desbordaron a una Guardia Civil que llevaba meses advirtiendo de que el dispositivo era insuficiente. El Ejército terminó desplegado. La Legión, activada. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, habló de «emergencia humanitaria y social absoluta» y pidió que se declarase la emergencia nacional; Interior respondió que esa figura no cubre las crisis migratorias.

En los últimos cinco años he hablado en tres continentes sobre la denominada «weaponised migration» y escrito sobre el tema en revistas científicas y espacios de opinión. En especial, sobre la migración como coerción híbrida en los casos de Bielorrusia, Turquía y Marruecos. Y, sobre este último, con la mirada puesta principalmente en la plaza de Ceuta. Para desgracia de los españoles, estos análisis y predicciones han resultado ciertas y puestas a prueba demasiado pronto.

Sin embargo, lo verdaderamente instructivo de estas 24 horas no ha ocurrido en Ceuta. Ha ocurrido fuera. Y lo que ha quedado a la vista es que España no tiene amigos en este expediente. Ninguno.

Los gobiernos, plataformas y analistas que llevan dos años reprochando a Sánchez su posición sobre Gaza —los que sostienen el realismo revisionista israelí, los que defienden que la conquista u ocupación territorial vuelve a ser un instrumento legítimo cuando la ejerce el actor correcto— no han desaprovechado la ocasión. Su argumento tiene la elegancia perversa de las buenas emboscadas: si España cuestiona ocupaciones ajenas, que empiece por explicar las propias. Ceuta y Melilla, se nos dice, son colonialismo europeo en suelo africano, y la presión marroquí es reivindicación legítima.

No es una improvisación de estos días. En marzo, Michael Rubin, del American Enterprise Institute y el Middle East Forum, publicó un artículo llamando a una «nueva Marcha Verde marroquí contra Ceuta y Melilla», alegando que la presencia española en los enclaves era vestigio colonial injustificable, y recomendando que Washington aplicase a Ceuta y Melilla la misma lógica que aplicó al Sahara Occidental en 2020.

«Ceuta se incorpora a la Monarquía Hispánica en 1580; Melilla, a Castilla en 1497. No son territorios heredados de un reparto colonial»

Conviene apuntar por qué el argumento es insostenible y más propio de un propagandista ignorante o mercenario, que de un analista. Ceuta se incorpora a la Monarquía Hispánica en 1580; Melilla, a la Corona de Castilla en 1497. No son territorios heredados del reparto colonial decimonónico, sino plazas de soberanía anteriores en siglos a la existencia del Estado marroquí contemporáneo. Marruecos las reclama desde 1956 y no ha presentado jamás solicitud formal ante Naciones Unidas para incluirlas entre los territorios pendientes de descolonización, por la sencilla razón de que sabe cómo terminaría el trámite. Pero la calidad del argumento es irrelevante para su función. No se esgrime para convencer a un jurista. Se esgrime para que España pague un precio por Gaza.

Cabía esperar que el mundo musulmán, que ha aplaudido cada gesto del Gobierno español sobre Palestina, ofreciese algún contrapeso. No ha ocurrido. Es más, ha ocurrido lo contrario. Marruecos es musulmán, y en el momento de elegir, la solidaridad confesional ha pesado más que cualquier gratitud diplomática acumulada. España ha descubierto, en 24 horas, que el crédito que creía haber comprado en El Cairo, en Doha o en Ankara no era crédito: era aplauso, que es otra cosa y no se cobra. Y es efímero.

De modo que no seré yo quien se ponga a repartir carnés de israelitas o de ismaelitas. En esta ocasión, ambas estirpes han coincidido, con una unanimidad conmovedora que ya quisieran para otros asuntos, en apuñalar a España por colonialista. Isaac e Ismael, reconciliados por fin sobre el cadáver diplomático de un país que creía tener amigos en los dos campamentos y ha resultado no tenerlos en ninguno. Habrá que anotarlo como aportación española a la paz en Oriente Próximo.

Queda la Unión Europea, obligada a defender la frontera exterior porque Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre del club con África y porque no defenderla sería admitir que la frontera exterior no existe. Lo hará y lo hace ya. Pero lo hace con la mano izquierda mientras con la derecha administra un duro correctivo a nuestro país.

El correctivo tiene nombre: la regularización masiva. Italia lo ha dicho sin circunloquios. Tajani y Meloni han puesto sobre la mesa la suspensión de Schengen con España, y el argumento italiano es el que cabía anticipar: un Estado miembro no puede regularizar a centenares de miles de personas por decisión unilateral y trasladar después las consecuencias de esa decisión a un espacio de libre circulación que comparte con otros veintiséis. En economía se llaman externalidades negativas. Roma lleva años sosteniendo que el efecto llamada es un problema europeo y no nacional, y ahora tiene el caso perfecto para demostrarlo, y lo tiene servido por Madrid.

Súmese la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que prohíbe devolver a quienes llegan a nado a las ciudades autónomas, y de la que el propio Ministerio del Interior admite que las redes están difundiendo una versión distorsionada en Fnideq. El mensaje que llega a la orilla marroquí es sencillo: llegar equivale a quedarse. Se puede discutir el fondo de la regularización —yo mismo he defendido que hay argumentos demográficos serios en parte de ese debate—, pero un Estado que emite esa señal sin controlar la entrada no está siendo generoso. Está siendo utilizado.

Así que España se queda sola: atacada por colonialista desde dos frentes que no se hablan entre sí, defendida a regañadientes por una Unión que aprovecha la defensa para amonestarla, y con el espacio Schengen —es decir, la libre circulación de sus propios ciudadanos— convertido en moneda de cambio. Curiosa manifestación de la solidaridad europea. Finlandia y Suecia hoy bravuconas con España, no pidieron expulsar a Polonia de Schengen cuando Bielorrusia también usó a los inmigrantes como arma híbrida.