Organizadores y expertos analizan el proceso, su impacto en la cultura electoral y la actual fase de organización social
A tres años de las primarias de la oposición, celebradas el 22 de octubre de 2023, el proceso autogestionado se mantiene como el hito organizativo de la sociedad civil que reconfiguró el tablero político del país. El evento no solo permitió la elección de una candidatura unitaria de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, sino que estructuró un mecanismo de articulación ciudadana y de preservación de la ruta electoral sin el concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Plataforma Unitaria Democrática presentó formalmente el reglamento del proceso en octubre de 2022 y designó en noviembre de ese mismo año a la Comisión Nacional de Primaria (CNP). El órgano rector estuvo integrado por Jesús María Casal en la presidencia y Mildred Camero en la vicepresidencia, acompañados por Corina Yoris, Carmen Martínez de Grijalva e Ismael Pérez Vigil como miembros principales, junto a diez suplentes, entre los que figuraban Guillermo Tell Aveledo y Roberto Abdul.
Durante los 11 meses de gestión, la CNP transitó por debates sobre el uso del Registro Electoral (RE), intentos de negociación para acceder a la infraestructura oficial del CNE, la renuncia intempestiva de la directiva del órgano electoral en junio de 2023 y la posterior decisión de ejecutar una elección totalmente manual. A pesar de los obstáculos logísticos, la renuncia de comisionados y el retiro de aspirantes durante el trayecto, el proceso albergó las opciones de diez candidaturas y movilizó a 2 millones 443 mil 388 electores dentro del territorio nacional y en 80 ciudades del exterior, distribuidos en 3.010 centros de votación habilitados en viviendas particulares, terrenos privados, sedes gremiales y locales comerciales.
El tránsito hacia un evento autogestionado exigió resolver una serie de dilemas operativos y de diseño institucional. Tras la renuncia de la directiva del CNE en junio de 2023 y la imposibilidad de acceder a los colegios públicos como centros de votación habituales, la CNP debió armar una red logística paralela.
Guillermo Tell Aveledo, politólogo y miembro suplente de la CNP, señala que la tarea principal de la comisión consistió en transmitir seguridad a las redes locales frente a los intentos externos de descarrilar el proceso.
«Fue esencialmente un asunto logístico en su preparación, pero también importante el asunto de la confianza. Dar confianza a los actores locales que estaban trabajando en el terreno, en partidos y sociedad civil, de que el evento iba a ocurrir, de que estaba planificado con un cronograma y que las cosas se estaban distribuyendo correctamente. Había elementos externos que tenían interés en que no ocurrieran las primarias; la discreción en distintos aspectos organizacionales descansaba en la comisión», explica Aveledo.
Aclara que la infraestructura organizativa no surgió de la nada, sino del capital técnico acumulado por partidos políticos y organizaciones civiles como Súmate. «Esto no fue un evento de improvisar en el sentido de que no era un evento inédito. Había una práctica de elecciones internas y primarias en la oposición ya acumulada. Todos los partidos tienen personas expertas en elecciones y en ese despliegue descansó el proceso. La comisión lo que hizo fue resolver los cuellos de botella», argumenta Aveledo.
Por su parte, el presidente de la CNP, Jesús María Casal, enfatiza las dinámicas que permitieron construir la red técnica y el despliegue del voto manual, tanto en el país como en la diáspora.
«Tuvimos que hacer un esfuerzo gigantesco de los venezolanos en el exterior porque hubo procesos de primaria en 60 ciudades en todo el mundo. Esto se debió esencialmente al apoyo de la diáspora, que se organizó e hizo las recaudaciones correspondientes para cualquier gasto logístico. En cada centro se hizo el conteo de votos con participación de todos los partidos políticos. Al ser un proceso manual, no requería grandes complicaciones tecnológicas», precisa Casal.
Respecto al mapa electoral interno, Casal detalla la técnica empleada para fijar los centros de votación: «Al decidir la ubicación de cada centro se tomaba en cuenta la existencia próxima de un centro oficial del CNE de determinadas dimensiones. A veces había que agrupar varios centros oficiales en un centro más grande porque no teníamos la disponibilidad que hubiéramos querido. Eso generó colas largas, sumadas a la alta participación».
Un aspecto central en la gestión técnica radicó en el resguardo de la identidad de los votantes, un elemento de importancia para la ciudadanía debido a experiencias del pasado con listas públicas. Casal explica el sustento legal y operativo para el manejo de los cuadernos de votación y las actas de escrutinio.
«Nos basamos en el Registro Electoral oficial que el CNE pone a disposición de las organizaciones políticas. Respecto a los cuadernos de votación, cumplimos nuestro reglamento, que establecía que, tras transcurrir los lapsos de impugnación sin que se presentaran reclamos, se procediera a su destrucción para proteger a los electores de que se pudiera levantar un censo o lista con consecuencias negativas. No obstante, todas las actas de las mesas estuvieron y están perfectamente conservadas, constituyendo el sustento del resultado anunciado», asevera Casal.
La trastienda política de la primaria estuvo marcada por tensiones cruzadas: por un lado, los ataques e investigaciones desde los poderes públicos; por el otro, las presiones internas de los propios factores de la Plataforma Unitaria y la dimisión de miembros de la comisión, como María Carolina Uzcátegui y Rafael Arráiz Lucca.
Corina Yoris, integrante principal de la CNP, resalta que el mayor aporte de la Plataforma Unitaria fue el respeto al arbitraje independiente del equipo organizador.